“Nos sentimos humillados”: fuerte reclamo de familiares de policías territoriales

El conflicto que mantienen los policías retirados que prestaron servicios durante la etapa territorial de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo de tensión tras las declaraciones de Marisa Fontana, esposa de un ex integrante de la fuerza y referente del grupo de familiares que viene impulsando distintos reclamos públicos.

En una entrevista radial, Fontana expresó su profunda indignación por la situación que atraviesan cientos de familias luego de la aplicación de medidas que redujeron significativamente los ingresos de los retirados territoriales, afectando —según aseguró— derechos adquiridos tras décadas de aportes al sistema previsional provincial.

La referente cuestionó especialmente las recientes expresiones de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini, quien justificó los elevados salarios que perciben los magistrados en función de la carrera judicial desarrollada durante años.

“Nosotros no cuestionamos que tengan un buen sueldo. Lo que pedimos es que sus fallos estén a la altura de esa responsabilidad y que hagan justicia”, sostuvo Fontana.

La mujer consideró que existe una contradicción entre los argumentos utilizados para defender los ingresos de los jueces y las decisiones adoptadas respecto de los retirados territoriales. “Nuestros esposos también dedicaron toda una vida al servicio público, estudiaron, se capacitaron y trabajaron exclusivamente para la fuerza. Incluso retirados, mantienen el estado policial y pueden ser convocados por el Estado cuando sea necesario”, afirmó.

Más de 540 familias afectadas

Según explicó, son alrededor de 540 las familias perjudicadas por la resolución que dejó sin efecto un beneficio que percibían los retirados territoriales. La situación, aseguró, provocó graves consecuencias económicas y sociales.

“Muchos compañeros tuvieron que pedirles a sus hijos que regresaran a la provincia porque ya no podían sostener sus estudios fuera de Tierra del Fuego. Otros enfrentaron ejecuciones bancarias, tuvieron que vender bienes y algunos atravesaron situaciones extremas por la falta de recursos”, relató.

Fontana aseguró además que existen familias que debieron organizar colectas solidarias para afrontar gastos básicos y acompañar a compañeros que atravesaban momentos críticos.

“Después de tantos años de sacrificio, de pasar cumpleaños, navidades y momentos difíciles sin nuestros esposos porque estaban cumpliendo con su deber, hoy tenemos que salir a reclamar en la calle para que nos reconozcan algo que consideramos legítimo”, expresó.

Críticas al fallo judicial

La referente también cuestionó el fallo firmado por los jueces María del Carmen Battaini, Javier Darío Muchnik Sagastume y Gonzalo Cristiano, quienes rechazaron la vía elegida por los retirados para reclamar la restitución de los haberes.

Por el contrario, destacó la postura de los jueces Ernesto Löffler y Eduardo Raúl Móney, quienes, según indicó, reconocieron la existencia de derechos adquiridos por parte de los retirados territoriales.

“Hay jueces dentro del mismo tribunal que entendieron que estos aportes corresponden y que deben ser restituidos. Por eso sentimos que la decisión de la mayoría fue profundamente injusta”, afirmó.

Sospechas sobre la actuación de la Caja

Durante la entrevista, Fontana también apuntó contra las autoridades de la Caja de Previsión Social y cuestionó el accionar de sus directores.

Aseguró que el organismo mantuvo una actitud de silencio frente a los reclamos y recordó que la Legislatura provincial convocó en varias oportunidades a los responsables de la Caja para que explicaran la situación.

En ese sentido, sostuvo que los familiares observan con preocupación la falta de respuestas concretas y se preguntan si detrás de la decisión existe un acuerdo político para desconocer los aportes realizados por los policías territoriales durante más de 35 años de servicio.

“Nosotros no tenemos pruebas de eso, pero sí muchas preguntas sin respuesta. Nadie nos explica por qué se tomó esta decisión ni por qué se ignoran los aportes que hicieron nuestros esposos durante toda una vida”, señaló.

Esperanzas en la Legislatura

A diferencia de las críticas dirigidas a la Justicia y al Ejecutivo provincial, Fontana destacó el acompañamiento brindado por varios legisladores provinciales que recibieron a los familiares y promovieron reuniones para analizar el conflicto.

En particular valoró las gestiones realizadas en el ámbito legislativo que derivaron en la sanción de medidas destinadas a limitar gastos dentro de la Caja y brindar cierto alivio a los retirados afectados.

Asimismo, recordó que la reciente Ley Provincial 1628 estableció una protección transitoria para quienes poseen créditos bancarios y atraviesan dificultades económicas como consecuencia de la reducción de sus haberes.

Sin embargo, remarcó que la solución de fondo aún no llegó y que las familias continúan esperando una respuesta definitiva.

Nueva manifestación en Río Grande

Mientras continúan las gestiones institucionales, los familiares mantienen las manifestaciones pacíficas para visibilizar el reclamo.

En ese marco, Fontana convocó a la comunidad a acompañar una nueva concentración frente a la Comisaría Primera de Río Grande, insistiendo en que el objetivo es lograr que las autoridades provinciales escuchen el reclamo de quienes consideran que fueron perjudicados tras décadas de servicio al Estado.

“Seguiremos reclamando de manera pacífica, con respeto, pero también con firmeza. Lo único que pedimos es justicia y que se reconozca el esfuerzo de quienes dedicaron su vida a la seguridad de Tierra del Fuego”, concluyó.