Villegas pidió renuncias, habló de “hechos gravísimos” y exigió una reforma urgente del sistema penitenciario

El legislador fueguino Pablo Villegas profundizó sus cuestionamientos al sistema penitenciario provincial tras los graves hechos registrados en la Unidad de Detención N°1 de Río Grande, donde se investigan episodios de extrema violencia intramuros que dejaron internos lesionados y derivaron en una fuerte conmoción institucional y política.

Villegas calificó la situación como “gravísima”, “alarmante” y de una magnitud que, a su criterio, expone un deterioro progresivo en los mecanismos de control, prevención y seguridad dentro del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego.

En ese marco, el legislador fue categórico al plantear que existen responsabilidades institucionales y políticas que deben ser asumidas sin dilaciones, y pidió explícitamente la renuncia de autoridades del área penitenciaria, al considerar que la continuidad de la actual conducción resulta incompatible con la gravedad de los hechos investigados.

Sostuvo que no puede naturalizarse la reiteración de episodios violentos dentro de la unidad carcelaria y advirtió que el sistema “ha perdido capacidad de control efectivo”, lo que —según su análisis— pone en riesgo tanto a las personas privadas de libertad como al personal penitenciario.

Villegas afirmó además que el Estado tiene una obligación indelegable de garantizar la integridad física de quienes se encuentran bajo custodia, y remarcó que cuando se producen hechos de esta naturaleza se configura una falla institucional de gran magnitud que exige decisiones urgentes y contundentes.

En ese sentido, insistió en que la situación no puede resolverse con medidas parciales o administrativas, sino que requiere una revisión profunda de la cadena de mando, del esquema de funcionamiento interno y de las responsabilidades políticas en el área de seguridad.

El legislador también reclamó que el tema sea tratado de manera inmediata en el ámbito legislativo, particularmente en la Comisión de Seguridad, donde pidió la presencia de las autoridades del Ejecutivo para brindar explicaciones sobre los hechos, los cambios recientes en la conducción penitenciaria y las acciones adoptadas ante la escalada de violencia intramuros.

Asimismo, advirtió que los hechos generan un clima de preocupación y temor tanto en las víctimas como en sus familias, lo que agrava aún más la situación institucional y refuerza la necesidad de respuestas concretas por parte del Estado.

En su análisis, Villegas sostuvo que la crisis penitenciaria no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso acumulativo de decisiones que debilitaron la capacidad de control del sistema, y advirtió que, de no mediar cambios profundos, la situación podría agravarse.

Por último, reiteró su pedido de medidas “firmes, inmediatas y estructurales”, incluyendo la salida de funcionarios responsables, la revisión integral del Servicio Penitenciario y la implementación de mecanismos de control más estrictos, con el objetivo de restablecer el orden institucional y evitar la reiteración de hechos de violencia dentro de las unidades de detención.