por Redacción Del Pueblo
En diálogo con FM Del Pueblo, Giménez relató que descubrió la situación de manera casual, cuando comenzó a sufrir restricciones para acceder a servicios financieros. La situación alcanzó un punto crítico durante un viaje al exterior, cuando intentó utilizar sus tarjetas de crédito y comprobó que habían sido bloqueadas.
“Estaba en el exterior con amigos, quise utilizar las tarjetas y estaban todas inhabilitadas. Fue una situación desesperante porque me encontraba lejos del país y sin posibilidad de acceder a mis fondos. Si no fuera por las personas que me acompañaban, me hubiera quedado prácticamente varado”, recordó.
Según explicó, el problema se originó a partir de una deuda de aproximadamente 30 mil pesos que figuraba a su nombre en el Banco Santander. Lo llamativo del caso es que el letrado asegura que jamás fue cliente de esa entidad.
“Nunca tuve una cuenta, una tarjeta ni ninguna relación comercial con ese banco. Sin embargo me informaron como deudor moroso e irrecuperable ante el Banco Central y los registros crediticios”, sostuvo.
La situación provocó que fuera incluido en la categoría más grave de la Central de Deudores del Banco Central, conocida como situación 5. Esa calificación implica severas restricciones para operar dentro del sistema financiero.
“Cuando una persona aparece en situación 5 prácticamente se convierte en un muerto civil. No puede acceder a créditos, tiene dificultades para operar con tarjetas y se encuentra excluido de gran parte del sistema bancario”, explicó.
Ante la falta de respuestas por parte de la entidad bancaria, Giménez inició una acción de hábeas data en la Justicia Federal para exigir la rectificación de la información.
“La jueza ordenó al banco corregir los datos, pero ni siquiera cumplían con las resoluciones judiciales. Tuvieron que imponerles multas millonarias hasta que finalmente modificaron mi situación”, indicó.
Durante el proceso, el banco tampoco pudo presentar documentación que acreditara la supuesta relación contractual con el abogado.
“Cuando la Justicia les pidió el legajo donde supuestamente constaba que yo era cliente, dijeron que no lo tenían. Era insólito porque pretendían que yo demostrara que nunca había sido cliente de ellos”, manifestó.
Una vez corregida la información, avanzó con una demanda por daños y perjuicios. En primera instancia obtuvo una indemnización que consideró insuficiente, pero posteriormente la Cámara de Apelaciones elevó considerablemente el monto.
Según indicó, la condena actualizada con intereses rondaría los 50 millones de pesos.
Giménez advirtió que este tipo de situaciones podrían afectar a muchas personas sin que lo sepan, ya que en numerosos casos los afectados sólo descubren el problema cuando intentan solicitar un crédito o realizar alguna operación financiera.
“Yo me enteré porque intenté cambiar de banco y me rechazaron. Mucha gente puede estar en una situación parecida y no darse cuenta hasta que necesita financiamiento o utilizar una tarjeta”, alertó.
Por ello recomendó a los ciudadanos consultar periódicamente su situación crediticia en la Central de Deudores del Banco Central para verificar que no existan registros incorrectos.
Asimismo aconsejó recurrir inicialmente a Defensa del Consumidor ante cualquier irregularidad bancaria y, de persistir el problema, avanzar judicialmente mediante una acción de hábeas data y posteriores reclamos por daños.
“Los bancos tienen una posición dominante y muchas veces actúan con total desaprensión frente a los usuarios. Es importante que la gente conozca sus derechos y reclame cuando corresponde”, concluyó.