"Paco" Giménez cruzó a Castillo y aseguró que los yacimientos fueguinos están “abandonados y funcionando en piloto automático”

En diálogo con FM Del Pueblo, Giménez sostuvo que el tiempo terminará demostrando cuál de las dos posiciones se ajusta a la realidad y aseguró que actualmente los campos petroleros de Tierra del Fuego atraviesan una situación crítica.

“Hoy el yacimiento está absolutamente abandonado y funcionando en piloto automático. No lo digo solamente yo, hay especialistas y periodistas que conocen profundamente la actividad petrolera que están describiendo exactamente la misma situación”, afirmó.

El letrado, que representa a varias empresas contratistas afectadas por la salida de YPF y el desembarco de nuevas operadoras, cuestionó duramente la postura del Gobierno provincial y recordó que semanas atrás también se había asegurado oficialmente que todos los trabajadores habían sido reincorporados, algo que —según afirmó— nunca ocurrió.

“Hace un mes se decía que los 260 trabajadores estaban trabajando y habían sido reincorporados. El tiempo demostró que eso no era cierto. Hoy la realidad es otra y está a la vista”, señaló.

“Hay 200 trabajadores menos en los yacimientos”

Giménez sostuvo que la reducción de personal en los campos petroleros es una evidencia del deterioro operativo que atraviesa la actividad.

“YPF llegó a tener más de 200 trabajadores operando en los distintos yacimientos de la provincia. Hoy hay alrededor de 40 personas. Estamos hablando de más de 200 trabajadores menos que realizaban tareas fundamentales para el funcionamiento de los campos”, indicó.

Según explicó, tras la rescisión de contratos comunicada el 1 de mayo por las nuevas operadoras, unas diez empresas fueguinas quedaron fuera de la actividad, afectando directamente a cerca de 260 trabajadores.

“Estamos hablando de empresas que hacían mantenimiento, seguridad, transporte de personal, servicios sanitarios, comedores, prevención contra incendios y una enorme cantidad de tareas esenciales para la operación diaria”, detalló.

Críticas a la ministra

El abogado también cuestionó que la ministra Castillo atribuya las denuncias a intereses empresariales.

“Por supuesto que yo defiendo los intereses de mis clientes, porque para eso soy abogado. Lo que me llama la atención es que quienes deberían defender los intereses de los fueguinos parecen más preocupados por desacreditar las denuncias que por averiguar qué está pasando realmente en los yacimientos”, disparó.

En ese sentido, consideró que el Gobierno debería exigir explicaciones a las nuevas operadoras por la falta de pago a empresas locales que aún esperan la certificación de trabajos realizados.

“Las pymes fueguinas no pueden pagar salarios ni aguinaldos porque todavía no les certifican ni les pagan trabajos ya realizados. Esa debería ser una preocupación central para la provincia”, sostuvo.

“Se fueron porque los echaron”

Giménez también rechazó las afirmaciones oficiales sobre el retiro de equipos y maquinarias de los yacimientos antes de la finalización de los contratos.

“Las empresas no abandonaron los yacimientos porque quisieron. Se retiraron porque fueron desvinculadas. Cuando termina un contrato es lógico que una empresa retire sus equipos, sus herramientas y sus bienes. Estamos hablando de capital de empresarios fueguinos que invirtieron durante décadas en la actividad”, afirmó.

Además, aseguró que las imágenes que circularon mostrando caravanas de vehículos retirándose de los campos corresponden al último día efectivo de trabajo de las contratistas.

“Se intentó instalar que las empresas abandonaron el yacimiento irresponsablemente, pero la realidad es que se fueron porque las echaron y porque ya no tenían contrato para continuar prestando servicios”, manifestó.

“Las consecuencias las van a pagar los fueguinos”

Finalmente, Giménez advirtió que la crisis podría derivar en una ola de demandas laborales e indemnizaciones millonarias.

“Hoy hay alrededor de 200 familias fueguinas afectadas. Muchos trabajadores no cobrarán aguinaldo y deberán iniciar acciones judiciales para reclamar sus derechos. Lamentablemente, las consecuencias económicas de esta situación terminarán impactando sobre toda la provincia”, concluyó.