La investigación por la brutal agresión sufrida por tres internos en la Unidad de Detención de Río Grande continúa atravesando una serie de planteos judiciales que podrían impactar en el desarrollo del expediente. En las últimas horas, la defensa de dos de los diez reclusos imputados presentó un pedido de recusación contra la jueza Cecilia Cataldo, quien además tiene pendiente resolver un planteo similar formulado contra el Fiscal Mayor Martín Bramati.
La causa investiga los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo en el pabellón B de la Unidad de Detención, donde tres internos fueron atacados violentamente. La investigación alcanza tanto a los presuntos autores materiales de la agresión como a siete agentes penitenciarios, imputados por una supuesta connivencia con los hechos.
Días atrás, el defensor oficial Marcelo Scola, representante de los agentes penitenciarios investigados, solicitó la recusación del Fiscal Mayor Martín Bramati, al cuestionar su actuación durante la instrucción. Ese planteo aún no fue respondido por el representante del Ministerio Público Fiscal y permanece pendiente de resolución por parte de la jueza Cataldo.
Mientras tanto, durante la última semana continuó la recepción de testimonios en el expediente y estaba previsto que declararan las tres víctimas del ataque. Sin embargo, antes de esa audiencia los internos mantuvieron una reunión reservada con la magistrada y un gabinete interdisciplinario del Poder Judicial.
Como resultado de ese encuentro, los profesionales recomendaron que las víctimas no prestaran declaración en esta etapa del proceso debido al temor que manifestaban y al riesgo de una posible revictimización, por lo que finalmente las testimoniales fueron suspendidas.
Aunque el expediente continúa bajo secreto de sumario, las defensas tienen acceso a las actuaciones y a las pruebas que se incorporan a la investigación. No obstante, el encuentro previo entre las víctimas, la jueza y el equipo interdisciplinario se desarrolló sin la participación de las partes.
Esa circunstancia motivó un nuevo planteo judicial. El abogado Francisco Ibarra, defensor de dos de los internos imputados, sostuvo que al no haber podido participar de esa audiencia reservada se vio afectado el derecho de defensa y el control de la prueba, razón por la cual solicitó la recusación de la jueza Cecilia Cataldo.
Si bien en esa reunión no se produjo prueba formal ni se recibieron declaraciones testimoniales, la defensa entiende que la intervención de la magistrada en esa instancia compromete las garantías procesales de sus representados.
Ahora será la propia jueza quien deberá pronunciarse sobre el pedido de apartamiento presentado en su contra, además de resolver la recusación del Fiscal Mayor Martín Bramati. Ambos planteos se conocerían durante los próximos días, en una causa que continúa sumando controversias procesales y que se presenta cada vez más compleja desde el punto de vista judicial.