Araujo pide informes sobre todas las áreas petroleras transferidas por YPF a Tierra del Fuego

La iniciativa busca conocer en detalle cuál era la situación productiva, económica y ambiental de las áreas al momento de la transferencia, incluyendo información sobre reservas de petróleo y gas, producción histórica, inversiones previstas, estado de los pozos e instalaciones, y la existencia de eventuales pasivos ambientales.
El proyecto surge luego de que trascendiera públicamente que Terra Ignis habría decidido devolver algunas de las áreas recibidas por considerarlas improductivas. Sin embargo, el legislador aclaró que la preocupación excede ese hecho puntual y alcanza a la totalidad de los activos transferidos por YPF a la Provincia de Tierra del Fuego.
“Lo que corresponde determinar es qué recibió efectivamente la Provincia. Queremos saber cuál era el estado real de todas las áreas transferidas, qué potencial productivo conservaban, qué inversiones requerían y cuáles son las obligaciones ambientales asociadas a esos activos”, sostuvo Araujo Hernández.
YPF transfirió estas áreas en el marco del denominado “Proyecto Andes”, mediante el cual la compañía decidió concentrar sus inversiones en los desarrollos no convencionales de Vaca Muerta y desprenderse de distintos activos convencionales considerados maduros.
El diputado explicó que el hecho de que un área petrolera sea considerada madura no significa necesariamente que haya agotado su potencial económico. Existen numerosos yacimientos que continúan produciendo durante años mediante nuevas inversiones, incorporación de tecnología o programas de recuperación secundaria y terciaria. Por ese motivo, resulta indispensable contar con información técnica objetiva que permita
conocer el verdadero valor de los activos transferidos.
Uno de los principales puntos de atención del proyecto está vinculado con la situación ambiental de las áreas. La explotación hidrocarburífera genera obligaciones permanentes de monitoreo, mantenimiento, cierre de instalaciones, abandono de pozos y remediación ambiental. Por ello, el pedido de informes busca determinar si existen pasivos ambientales identificados y cuál podría ser el costo económico asociado a su eventual saneamiento. 
“Si las áreas conservan reservas, producción y potencial de desarrollo, la Provincia podría contar con activos estratégicos para generar actividad económica y empleo. Pero si parte de esos activos presentan elevados costos de mantenimiento, abandono o remediación, es fundamental que esa situación sea conocida con absoluta transparencia”, señaló.

En ese sentido, Araujo Hernández destacó que el objetivo del proyecto no es cuestionar decisiones empresariales ni formular acusaciones anticipadas, sino garantizar que exista información pública y verificable sobre una operación que involucra recursos naturales estratégicos y patrimonio de todos los fueguinos.
“Lo que buscamos es que el Gobierno nacional informe cuáles eran las reservas existentes, qué nivel de producción tenían las áreas transferidas, qué inversiones estaban previstas y qué obligaciones ambientales podrían derivarse de su explotación o eventual cierre. La transparencia es indispensable para saber si la Provincia recibió activos con valor económico remanente o si podría enfrentar en el futuro costos significativos
vinculados al abandono y remediación de áreas petroleras maduras”, concluyó el legislador.