Esposas y viudas de ex policías territoriales denunciaron a la Caja de Previsión por presunta violencia económica

La denuncia alcanza al presidente de la Caja, Héctor Ernesto Bordón; al vicepresidente, Guillermo David Morgan; y a los directores Carlos Rafael Debaz, Claudio Ramón Pérez y Miguel Ángel Moriñigo.

La vocera del grupo, Marisa Fontana, explicó que el reclamo se fundamenta en la interrupción del pago de los haberes compensatorios y en la deuda de tres aguinaldos que, según afirmó, permanecen impagos.

“Dejamos firme una denuncia por violencia económica, psicológica y emocional de parte de los cinco directores de la Caja de Previsión. La denuncia es por estos trece meses sin cobrar el sueldo y los tres aguinaldos que nos adeudan”, expresó.

Reclamos al directorio

Además de la falta de pago de los haberes, las denunciantes manifestaron su malestar por la decisión de los integrantes del directorio de promover acciones judiciales para mantener el cobro de los gastos de representación luego de la sanción de las Leyes Provinciales N.º 1627 y 1628.

En ese sentido, Fontana cuestionó que mientras las familias de los ex policías territoriales llevan más de un año sin cobrar, los directores reclamen judicialmente beneficios económicos.

“Nos indignó mucho porque si ellos en dos años pudieron adquirir derechos, ¿dónde están los derechos adquiridos de treinta años de servicio de nuestros maridos?”, sostuvo.

Asimismo, indicó que cuatro de los directores perciben la totalidad de sus haberes jubilatorios y que otro continúa desempeñándose como custodio del gobernador, situación que, según expresó, profundiza el malestar del sector.

Consecuencias para las familias

En la denuncia presentada ante la Policía, las mujeres sostienen que la suspensión de los pagos afectó seriamente la economía de los hogares, dificultando el acceso a alimentos, medicamentos, servicios básicos y otros gastos esenciales.

También señalaron que la incertidumbre económica provocó consecuencias psicológicas y emocionales en las familias, especialmente teniendo en cuenta que gran parte de los afectados son jubilados, pensionados, viudas y adultos mayores, varios de ellos con enfermedades de alta complejidad.

El escrito solicita que las actuaciones sean remitidas al Ministerio Público Fiscal para que evalúe si los hechos denunciados pueden constituir delitos de acción pública y que, de corresponder, intervengan organismos encargados de la protección de adultos mayores y de asistencia a víctimas.

Hasta el cierre de esta edición, la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego no había emitido una respuesta oficial respecto de la denuncia presentada por las esposas y viudas de los ex policías territoriales.