DIPUTADOS
30/06/2026 - Edición Nº502
Provinciales
Tierra del Fuego
El Gobierno busca reactivar la reforma constitucional y lleva el conflicto al Superior Tribunal de Justicia
08:58 | El Poder Ejecutivo presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley que derogó la convocatoria a la reforma parcial de la Constitución fueguina. La causa ya tramita ante el Superior Tribunal de Justicia, que deberá definir si la decisión de la Legislatura se ajusta al orden constitucional.
La disputa política e institucional por la reforma parcial de la Constitución de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo. Luego de que la Legislatura provincial aprobara la derogación de la ley que habilitaba el proceso de reforma constitucional, el Poder Ejecutivo decidió trasladar el conflicto al ámbito judicial con la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia.
La demanda apunta directamente contra la Ley Provincial Nº 1626, sancionada por la Legislatura para dejar sin efecto la Ley Nº 1529, norma que había sido impulsada por el Gobierno provincial para convocar a una reforma parcial de la Carta Magna fueguina.
Según la información conocida, la presentación judicial quedó registrada bajo el expediente Nº 4862/2026, caratulado "Poder Ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego c/ Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego s/ Acción de Inconstitucionalidad – Conflicto de Poderes".
La acción habría sido promovida el pasado 19 de junio y, pocos días después, el 25 de junio, el Superior Tribunal de Justicia dictó una primera resolución procesal mediante la cual dejó el expediente en condiciones de resolver el pedido de medida cautelar presentado por el Ejecutivo.
El objetivo del Gobierno
A través de esta acción judicial, el Gobierno provincial busca que el máximo tribunal declare la inconstitucionalidad de la Ley Nº 1626 y restituya la vigencia de la Ley Nº 1529, que había sido promulgada por el propio Poder Ejecutivo y publicada en el Boletín Oficial antes de que la Legislatura decidiera su derogación.
En términos prácticos, una resolución favorable permitiría reactivar el proceso destinado a la reforma parcial de la Constitución provincial, iniciativa que quedó interrumpida tras la decisión del Poder Legislativo.
El planteo también abre un debate de fondo sobre los alcances de las facultades de cada uno de los poderes del Estado y sobre la posibilidad de que una ley ya promulgada y en vigencia pueda ser dejada sin efecto en las circunstancias en que ocurrió este caso.
Un conflicto institucional
La judicialización del proceso representa un nuevo episodio en la tensión política entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura, una disputa que se profundizó durante el tratamiento de la reforma constitucional y que ahora tendrá como árbitro al Superior Tribunal de Justicia.
En este escenario, los jueces deberán analizar si la derogación de la Ley Nº 1529 se ajustó al marco constitucional vigente o si, por el contrario, corresponde hacer lugar al planteo del Ejecutivo y restablecer la norma que habilitaba la convocatoria a la reforma.
La definición del máximo tribunal no solo tendrá consecuencias jurídicas, sino también un fuerte impacto político, ya que podría determinar la continuidad o el cierre definitivo del proceso de reforma constitucional impulsado por la administración provincial.
Mientras tanto, la causa permanece en trámite y se aguarda una resolución sobre la medida cautelar solicitada por el Gobierno, decisión que podría marcar el rumbo inmediato del conflicto entre ambos poderes del Estado.
