Barja: “Es lamentable que los trabajadores tengan que recurrir a la Justicia por una decisión política”

Barja aseguró que le genera "vergüenza" que los trabajadores deban acudir al Poder Judicial para defender sus derechos cuando, según remarcó, cuentan con un gobierno que debería protegerlos. "Es lamentable que los sindicatos y los trabajadores tengan que hacer una demanda judicial. Agotamos todas las instancias: las movilizaciones, las discusiones y la unidad de distintos gremios. Esto es un problema político", afirmó.

El dirigente insistió en que el conflicto no responde a cuestiones administrativas sino a la falta de decisiones por parte de las autoridades provinciales. "No hacer nada también es una decisión política", sostuvo, al tiempo que apuntó directamente contra la conducción de la Dirección Provincial de Puertos.

En ese sentido, cuestionó el accionar del presidente del organismo y consideró que su postura favorece la continuidad de la intervención judicial. "Creo, y me hago cargo de lo que digo, que el presidente del puerto está jugando para la intervención. Si yo estuviera al frente del puerto habría puesto límites desde el primer momento", expresó.

Barja también manifestó que ya había planteado personalmente esta preocupación al gobernador Gustavo Melella y afirmó que el mandatario debe conocer la gravedad de la situación. "El gobernador dice que quiere defender el puerto, pero mantiene al mismo presidente que no hace nada. Eso también es una decisión política", señaló.

Respecto de la intervención judicial, explicó que una cosa es el proceso que lleva adelante la Justicia y otra muy distinta son las decisiones que pueden adoptar las autoridades políticas para ordenar el funcionamiento del puerto. "La Justicia determinará lo que corresponda, pero las decisiones políticas las tiene que tomar el Gobierno. No pueden escudarse en la intervención para no actuar", sostuvo.

Finalmente, volvió a lamentar que los trabajadores deban afrontar los costos de un proceso judicial para reclamar una solución que, a su entender, depende exclusivamente de la voluntad política. "Es muy triste que más de 70 compañeros tengan que pagar un abogado para reclamar algo que podría resolverse con una decisión del Gobierno. Las decisiones políticas hay que tomarlas", concluyó.