Ratifican a la jueza Cataldo en la causa por la golpiza a internos en la Unidad de Detención

La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones rechazó la recusación presentada contra la jueza Cataldo, quien continuará al frente de la investigación por los presuntos vejámenes y la brutal golpiza ocurrida en la Unidad de Detención de Ushuaia.

La resolución fue adoptada este jueves por los camaristas Federico Vilella y Julián de Martino, quienes desestimaron el planteo formulado por los abogados Francisco Ibarra y Maximiliano Palladino, representantes de dos de los diez internos imputados en la causa.

La defensa cuestionó que la magistrada hubiera mantenido una entrevista con los tres internos que denunciaron haber sido víctimas de la agresión, argumentando que ese encuentro se realizó sin la participación de las partes defensoras y sin posibilidad de ejercer control sobre esa instancia.

Las entrevistas se desarrollaron en la Dirección Pericial del Poder Judicial en Ushuaia, donde los tres detenidos manifestaron que no se encontraban en condiciones de prestar declaración testimonial debido a su estado.

Sin embargo, la Cámara entendió que esa actuación no constituye una causal válida de recusación. En su resolución, los jueces sostuvieron que la entrevista tuvo como único objetivo evaluar si los damnificados estaban en condiciones de declarar y que ello no implica un prejuzgamiento ni un anticipo de criterio por parte de la jueza.

Además, remarcaron que las actuaciones quedaron debidamente documentadas en actas y que en ellas no surge ninguna manifestación de la magistrada que pueda comprometer su imparcialidad o adelantar una valoración sobre los hechos investigados.

Con este fallo, la jueza Cataldo continuará dirigiendo la investigación judicial.

Ahora, el próximo paso será que la propia magistrada resuelva la recusación presentada por la defensa de los siete agentes penitenciarios imputados contra el fiscal mayor Martín Bramati, quien interviene en la causa.

La investigación busca determinar las responsabilidades por la violenta golpiza sufrida por los internos Burgoa Albarracín, su hijo Maximiliano Burgoa y Pedro Jesús Flores, ocurrida el pasado 9 de mayo, cuando fueron ingresados al pabellón B de la Unidad de Detención. La causa también procura establecer si existió una presunta inacción o incumplimiento de deberes por parte de las autoridades penitenciarias durante el episodio.