¿Juez y parte? La paradoja ética detrás de las designaciones en la Cámara Federal

08:45 | La salud de una república se mide, antes que nada, por la independencia de sus jueces. Cuando esa frontera se vuelve borrosa, el sistema entero entra en una zona de penumbra. El reciente envío al Senado de los pliegos de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para completar la Sala I de la Cámara Federal porteña no es un movimiento técnico más; es una decisión política que choca de frente con la ética pública.

La Cámara Federal es el filtro clave, el tribunal que revisa cada decisión importante que toman los jueces de Comodoro Py en los casos de corrupción. Pero el dato que transforma este nombramiento en un interrogante ético insoslayable es sumamente concreto: la Sala I es, precisamente, la que debe intervenir en la causa $LIBRA, donde se investiga al presidente Javier Milei y a su hermana Karina.
Aquí es donde la lógica republicana se quiebra y da paso a preguntas incómodas pero necesarias:
¿Qué clase de justicia se puede esperar de un tribunal cuyos miembros son elegidos directamente por la persona a la que deben investigar?
¿Cómo se sostiene la apariencia de imparcialidad —un principio básico del derecho— cuando el investigado tiene la lapicera para definir el futuro profesional de quienes lo van a juzgar?
A esto se le suma el perfil de los candidatos. Por un lado, Pablo Bertuzzi, quien concursa para el cargo que ya venía ocupando de forma interina. Por el otro, Pablo Yadarola, un nombre fuertemente asociado a la trama del polémico viaje a Lago Escondido junto a funcionarios y empresarios; una causa por la que fue sobreseído justamente al pasar a los tribunales de Comodoro Py, los mismos que ahora aspira a supervisar.
Este escenario no hace más que alimentar la desconfianza social en las instituciones. No se trata de prejuzgar la idoneidad técnica de los postulantes, sino de señalar un conflicto de intereses de manual. Cuando el poder político diseña a su medida el tribunal que debe controlarlo, la sospecha de una "justicia de devolución de favores" se vuelve casi imposible de disipar.
Si el Gobierno busca verdaderamente un cambio institucional y el fin de los privilegios, debería ser el primero en garantizar una distancia prudencial de los magistrados que tienen sus expedientes en sus escritorios. De lo contrario, el mensaje que se le envía a la sociedad es tan viejo como dañino: que la justicia sigue siendo un tablero de ajedrez donde el poder de turno acomoda las piezas para garantizar su propia tranquilidad.

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