"Vinieron por la caja del puerto", denunciaron trabajadores de Ushuaia

Los trabajadores desplazados del Puerto de Ushuaia volvieron a cargar contra la intervención nacional y denunciaron un presunto sobreprecio en una nueva licitación para el servicio de limpieza y mantenimiento de las instalaciones portuarias. En diálogo con FM del Pueblo, Valeria Barrilla y Gastón Castillo, voceros de un grupo de 140 empleados que permanecen fuera de sus puestos desde el pasado 21 de enero, sostuvieron que la nueva contratación representa un incremento cercano al 1.400% respecto del contrato vigente antes de la intervención.

Según explicaron, la Dirección Provincial de Puertos había adjudicado a comienzos de enero un contrato por 79 millones de pesos para cubrir el servicio de limpieza durante doce meses, equivalente a poco más de 6,5 millones de pesos mensuales. En cambio, la actual administración nacional lanzó una licitación por 565 millones de pesos para apenas seis meses, lo que implica un gasto mensual cercano a los 94 millones de pesos.

"Nosotros no podíamos creer lo que vimos cuando apareció el llamado a licitación. Es un monto completamente desproporcionado para el mismo servicio", afirmó Castillo.

Los trabajadores reconocieron que la nueva contratación incorpora tareas de pintura, aunque remarcaron que esas labores históricamente eran realizadas por el propio personal del puerto.

"El mantenimiento y la pintura de las instalaciones siempre estuvieron a cargo de nuestros compañeros de Servicios Generales. Lo único que se tercerizaba era la limpieza. No existe ninguna explicación para semejante diferencia económica", sostuvo Castillo.

"Nos dejaron afuera sin ninguna notificación"

Barrilla recordó que los trabajadores provinciales nunca fueron despedidos formalmente ni recibieron una comunicación oficial sobre su situación laboral.

"Simplemente un día no nos dejaron ingresar al puerto. No hubo notificaciones, ni resoluciones individuales, ni explicaciones. Nos encontramos con una barrera y fuerzas de seguridad que nos impedían entrar a nuestros lugares de trabajo."

La trabajadora aseguró que desde el inicio de la intervención más de 140 empleados provinciales quedaron desplazados de sus funciones, mientras que solamente permanecieron dentro de las instalaciones unas 18 personas vinculadas al sindicato UPSF, además de personal contratado posteriormente.

"No redujeron personal. Nos reemplazaron a nosotros. Siguen contratando gente porque el puerto necesita trabajadores para funcionar las 24 horas. Necesitan maquinistas, personal de mantenimiento, limpieza y seguridad."

Los voceros sostuvieron que el puerto no puede operar únicamente con la dotación reducida que, según la intervención, administra actualmente las instalaciones.

Acusan discriminación gremial

Durante la entrevista también denunciaron que la permanencia de algunos trabajadores respondió a criterios gremiales.

"Nos dejaron afuera porque somos empleados provinciales bajo convenio colectivo y porque pertenecemos a otros sindicatos. Los únicos que quedaron fueron trabajadores alineados con UPSF", señalaron.

Indicaron que entre los gremios afectados se encuentran ATE, UPCN, APDFA y otras organizaciones sindicales que representaban al personal de la Dirección Provincial de Puertos.

"Vinieron a quedarse con el puerto"

Los trabajadores reiteraron que, desde el comienzo del conflicto, sostienen que la intervención persigue un objetivo político y económico.

"Lo dijimos desde el primer día: vinieron por la caja del puerto. Dijeron que venían a ordenar la administración, pero siguen contratando servicios, incorporando personal externo y ahora aparecen licitaciones con cifras que no tienen ninguna lógica."

Barrilla incluso comparó la situación con una "usurpación" de las instalaciones provinciales.

"Hoy el puerto es administrado por Nación y ni siquiera las autoridades provinciales pueden ingresar libremente. El puerto es patrimonio de todos los fueguinos y hoy está completamente intervenido."

También cuestionan futuras obras

Además del servicio de limpieza, los trabajadores manifestaron preocupación por otra licitación destinada al recambio de defensas y trabajos sobre el muelle.

Afirmaron que desconocen si existen estudios de impacto ambiental para ejecutar esas tareas y reclamaron mayor transparencia sobre las futuras obras de infraestructura portuaria.

Esperan una definición judicial

Finalmente, Barrilla recordó que continúan abiertas distintas presentaciones judiciales vinculadas a la intervención y señaló que esperan que la Justicia Federal de Ushuaia resuelva el conflicto.

Según explicó, tras un dictamen de la Procuración General de la Nación, consideran que las causas promovidas por la Dirección Provincial de Puertos deben ser resueltas por la Justicia Federal local y no derivadas directamente a la Corte Suprema.

"Esperamos que la Justicia haga justicia. Hace casi seis meses que estamos afuera de nuestro lugar de trabajo. El puerto no pertenece a un gobierno ni a un grupo de personas; pertenece a todos los fueguinos y vamos a seguir defendiéndolo", concluyó.