La investigación se había iniciado hace cinco meses, tras una denuncia anónima recibida por la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande, a cargo del fiscal Marcelo Alejandro Rapoport. Las tareas de inteligencia criminal, vigilancias y análisis de información permitieron detectar maniobras vinculadas a la presunta comercialización de estupefacientes. Con los elementos probatorios reunidos, la Fiscalía impulsó las medidas judiciales que habilitaron los allanamientos.
En los procedimientos se decomisaron estupefacientes, armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, balanzas digitales, un vehículo, una chapa identificatoria y un escudo institucional perteneciente a la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, además de otros elementos de interés para la causa. Todo quedó a disposición del Juzgado interviniente. Se constató además que algunos de los investigados poseen antecedentes por infracciones a la Ley de Estupefacientes y delitos contra la propiedad.
En la pesquisa también trabajó personal de ARCA Aduana y de la Dirección de Narcotráfico y Delitos Conexos, reforzando la articulación interinstitucional en la lucha contra el crimen organizado.