Denuncian extracción de áridos dentro del territorio de la comunidad Rafaela Ishton: “Es un saqueo a espaldas de un pueblo organizado”

La comunidad Rafaela Ishton denunció una serie de presuntas irregularidades vinculadas a la extracción de áridos dentro de su territorio y aseguró que la actividad se realizó sin el consentimiento de la comunidad, sin los procesos internos correspondientes y sin los controles ambientales que exige la normativa vigente.

Antonela Guevara, abogada e integrante de la comunidad indígena, habló en diálogo con FM del Pueblo y explicó que el conflicto comenzó a ser advertido durante el mes de febrero, cuando integrantes de la comunidad detectaron movimientos vinculados a la extracción de materiales.

“Nosotros decidimos que esto se pudiera resolver puertas adentro, tratando de comprender realmente qué era lo que estaba pasando y por qué había actividad de áridos dentro del territorio indígena”, explicó.

Según relató, la intención inicial fue evitar una exposición pública del conflicto y buscar una solución interna. “No queríamos cometer los errores del pasado. Era importante que la comunidad pudiera resolver sus cuestiones puertas adentro y salir ordenados hacia afuera”, señaló.

Guevara destacó que la comunidad atravesaba un proceso de trabajo y acompañamiento con las familias, por lo que intentaron preservar ese camino. “Venimos haciendo un trabajo increíble de acompañamiento, entregando herramientas para que las familias puedan trabajar. Es un trabajo de gestión que llevó muchísimo tiempo y lo hicimos con mucho compromiso”, expresó.

Sin embargo, aseguró que ante la falta de respuestas y la imposibilidad de avanzar en un diálogo interno, la situación derivó en un conflicto mayor.

“Se armó una asamblea para intentar expulsarnos”

La dirigente indígena sostuvo que, luego de intentar obtener explicaciones, se produjeron hechos que consideró irregulares dentro de la organización comunitaria.

“Cuando me llega la denuncia de un integrante de la comisión directiva, inmediatamente le dije que si tenía pruebas había que hacer la consulta correspondiente y pedir explicaciones. Pero esos encuentros de diálogo no se dieron”, relató.

En ese contexto, afirmó que se convocó a una asamblea que, según su interpretación, tuvo como objetivo desplazar a integrantes de la comunidad que cuestionaban la actividad.

“Nos encontramos de un día para el otro con una asamblea armada y direccionada para intentar expulsar de manera ilegal, arbitraria y con todas las irregularidades que uno puede encontrar”, manifestó.

Además cuestionó la difusión pública de nombres de personas señaladas dentro del conflicto. “Después salen a publicar nombres y apellidos de personas diciendo que fueron expulsadas por 150 personas, cuando esa cantidad de gente no estuvo en la asamblea”, indicó.

También negó que se hayan realizado nuevas elecciones comunitarias bajo las condiciones anunciadas públicamente. “Se comunicó que hubo nuevas elecciones con voto secreto, y esa situación tampoco se dio”, afirmó.

Señalan a empresas privadas y hablan de “saqueo”

Guevara apuntó contra la intervención de privados y sostuvo que existiría un aprovechamiento de la situación económica de algunas familias.

“Esto sucede porque existe intervención de terceros, de privados que compran voluntades con dos pesos con cincuenta, aprovechando la situación de vulnerabilidad económica que tienen las familias”, expresó.

Según indicó, la extracción habría involucrado a una empresa privada relacionada con una obra pública y a actores vinculados a la actividad de canteras en la provincia.

“El responsable es un integrante de la comunidad que en ese momento ejercía la presidencia, y los responsables solidarios o privados serán determinados por la Justicia”, señaló.

La abogada mencionó a la empresa Vialadro, vinculada a trabajos en el aeropuerto de Río Grande, y sostuvo que habría contratado servicios de terceros para obtener el material.

“Se hizo un negocio a espaldas de toda una comunidad, porque nosotros tenemos un plan intercomunitario, un ordenamiento territorial y económico. Sabemos qué actividades se pueden hacer y cuáles no”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la comunidad no había autorizado la explotación de recursos no renovables dentro de su territorio.

“La ley es clara y prohíbe la intervención de terceros privados dentro del territorio sin los procedimientos correspondientes”, sostuvo.

Más de 20 mil toneladas extraídas

Uno de los puntos centrales de la denuncia tiene que ver con la cantidad de material retirado.

“Las fotos que tenemos del pesaje hablan de más de 20 mil toneladas de árido crudo que salió de la comunidad”, afirmó Guevara.

Aunque señaló desconocer los valores económicos de mercado, calificó la situación como un perjuicio para la comunidad.

“Considero que esto es un saqueo a nuestra comunidad, un saqueo a espaldas de un pueblo que está organizado”, manifestó.

Además cuestionó que mientras algunos integrantes debían cumplir con procedimientos administrativos y permisos para desarrollar actividades productivas, otros habrían actuado sin autorización.

“Mientras algunas personas presentaban notas firmadas por la comisión directiva, habilitaciones y cumplían con la burocracia del Estado, otros hacían negocios porque creían que tenían privilegios”, afirmó.

Reclamos por falta de controles ambientales

Guevara también cuestionó el rol del Estado y pidió explicaciones a los organismos responsables del control ambiental.

“La autoridad de aplicación en materia ambiental la tiene la Provincia a través del Ministerio de Ambiente y también hay responsabilidades municipales. Ellos tendrán que explicar qué acciones tomaron”, señaló.

Según expresó, la actividad extractiva dentro de la zona debería haber contado con estudios, autorizaciones y un plan de manejo.

“Se necesita un plan de manejo, habilitaciones y una consulta previa, libre e informada para las familias de la comunidad. Nada de eso se dio”, aseguró.

También hizo referencia al crecimiento de la actividad minera y de canteras en Tolhuin.

“Las canteras que fueron retirándose de otros sectores terminaron desplazándose hacia Tolhuin. Esa zona tiene que estar vigilada y custodiada por los organismos competentes”, indicó.

Preparan denuncias judiciales

La integrante de Rafaela Ishton confirmó que la comunidad prepara presentaciones ante distintos organismos judiciales y administrativos.

“Estamos armando un escrito importante a la Justicia en materia ambiental y solicitando acompañamiento a organismos internacionales”, adelantó.

Además explicó que evalúan distintas vías de acción. “Hay instancias federales, provinciales, administrativas y también medidas cautelares de protección de personas”, detalló.

Guevara también cuestionó la exposición pública de integrantes de la comunidad y señaló que algunas personas fueron afectadas por las acusaciones difundidas.

“No puede un medio de comunicación, sin escuchar a la otra parte, publicar nombres y apellidos. Hay personas que están muy afectadas”, expresó.

Finalmente, sostuvo que el objetivo no es generar una disputa interna sino que se investigue lo ocurrido.

“Defender el ambiente es una causa común para todos. Cualquier ciudadano puede denunciar un daño ambiental porque es un derecho de incidencia colectiva”, remarcó.

“Lo único que estamos pidiendo son explicaciones y que alguien pague por el daño causado”, concluyó.