La iniciativa solicita conocer si el Gobierno nacional
realizó protestas diplomáticas ante el Reino Unido, presentó reclamos ante organismos
internacionales o inició acciones contra las empresas involucradas en la explotación de
hidrocarburos sin autorización argentina.
“La explotación de recursos naturales en una zona cuya soberanía continúa en disputa no
puede ser considerada una simple operación comercial. Estamos hablando de recursos
estratégicos que pertenecen al pueblo argentino”, señaló Araujo.
El proyecto también consulta si existieron gestiones ante el Estado de Israel por la
participación de Navitas Petroleum y si se coordinaron acciones entre la Cancillería, la
Secretaría de Energía, el Ministerio de Defensa, la Prefectura Naval Argentina y otros
organismos competentes.
Un nuevo escenario en el Atlántico Sur
Araujo advirtió que Sea Lion se encuentra en una instancia decisiva, con inversiones
comprometidas, infraestructura planificada y perspectivas concretas de producción
comercial.
“El avance de este proyecto puede generar consecuencias económicas, ambientales y
geopolíticas de difícil reversión, además de fortalecer la administración británica ilegítima
sobre las islas”, afirmó.
El legislador remarcó que la defensa de Malvinas comprende también la protección de los
recursos naturales, los espacios marítimos y el ambiente del Atlántico Sur.
Pedido de respuestas al Gobierno
Finalmente, Araujo destacó que corresponde al Congreso controlar las acciones del Poder
Ejecutivo y conocer qué estrategia está llevando adelante el país frente al avance del
proyecto.
“El Gobierno debe explicar qué hizo, qué está haciendo y qué medidas piensa adoptar.
Defender Malvinas también significa impedir el aprovechamiento extranjero de nuestros
recursos naturales”, concluyó.