La Defensoría Pública Federal comenzó a intervenir formalmente en la problemática generada por los cortes del servicio de gas natural que afectan a más de 150 familias de Tolhuin y analiza avanzar con una acción judicial colectiva para lograr el restablecimiento del suministro.
La decisión fue adoptada luego de una reunión mantenida con el intendente Daniel Harrington y funcionarios del Municipio, quienes expusieron la delicada situación que atraviesan numerosos vecinos desde fines de mayo, cuando comenzaron las interrupciones del servicio.
El defensor público coadyuvante, Agustín Ciolfi, explicó que el organismo tomó intervención debido a la cantidad de usuarios afectados y a la gravedad de los casos detectados.
"Nos convocaron desde el Municipio de Tolhuin porque están atravesando una situación bastante compleja. Desde fines de mayo hasta ahora hay aproximadamente 150 familias a las que se les cortó el suministro de gas natural", señaló.
El funcionario indicó que entre los afectados existen adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes oncológicos, menores de edad y familias de bajos recursos, por lo que consideró que la situación trasciende una cuestión comercial y compromete derechos fundamentales.
Ciolfi recordó que el acceso al gas natural constituye un servicio público esencial, especialmente en una provincia con las condiciones climáticas de Tierra del Fuego, y citó el precedente de la Corte Suprema en el fallo CEPIS de 2016.
"Cuando hablamos de servicios públicos existe un principio de asequibilidad que establece que las tarifas deben guardar relación con la capacidad de pago de los usuarios. No se puede desvincular la realidad económica y social de las familias del acceso a un servicio esencial", sostuvo.
En ese sentido, explicó que la Defensoría realizó recorridas junto al área de Desarrollo Social del Municipio para conocer la realidad de las familias afectadas.
Durante esas visitas constataron situaciones de extrema vulnerabilidad, entre ellas menores con problemas respiratorios que permanecían sin calefacción, pacientes que atraviesan tratamientos oncológicos y adultos mayores sin acceso al servicio de gas.
Además, advirtieron dificultades en los mecanismos de comunicación implementados por la empresa prestataria.
"También detectamos una importante falta de información a los usuarios, una atención presencial muy limitada y notificaciones que muchas veces llegan únicamente por correo electrónico, cuando hay personas que ni siquiera utilizan ese medio", afirmó.
Como primera medida, la Defensoría Pública Federal remitió oficios tanto a Camuzzi Gas del Sur como al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para requerir información sobre los motivos de los cortes, los procedimientos de notificación utilizados, los planes de financiación disponibles y las acciones implementadas para atender la situación de los usuarios.
Paralelamente, comenzó el análisis de las distintas herramientas legales disponibles para obtener una solución urgente.
"Estamos recabando información para evaluar las distintas estrategias, tanto judiciales como extrajudiciales. Queremos reunirnos con Camuzzi, con el ENARGAS y con las autoridades correspondientes para buscar una solución urgente, pero también estamos analizando la viabilidad de una acción de amparo con una medida cautelar que permita restablecer el servicio mientras se resuelve la cuestión de fondo", explicó Ciolfi.
El defensor aclaró que antes de avanzar con una presentación judicial resulta indispensable reunir toda la documentación que permita acreditar la situación particular de cada familia afectada y cumplir con los requisitos exigidos por la Justicia.
"No podemos promover una acción únicamente con información periodística o con manifestaciones de terceros. Necesitamos contar con datos precisos, requerir información a la empresa y acreditar cada situación. Una vez cumplida esa etapa analizaremos, junto al doctor José Bongiovanni, la presentación de una acción colectiva", indicó.
Asimismo, adelantó que la investigación no solo apuntará a la empresa distribuidora, sino también al organismo encargado de controlar la prestación del servicio.
"También queremos que el organismo de control explique cuál fue su actuación. Si corresponde avanzar judicialmente, esa acción podría comprender no solo a la empresa prestataria sino también al ente encargado de controlar que este tipo de situaciones no se produzcan", manifestó.
Con la información que aporten Camuzzi y el ENARGAS en los próximos días, la Defensoría definirá si presenta una acción de amparo colectivo acompañada de una medida cautelar para solicitar el restablecimiento inmediato del servicio de gas y determinar las eventuales responsabilidades por una situación que afecta a más de 150 familias de Tolhuin en plena temporada invernal.