La designación de Guerrero quedó confirmada y comienza el debate por una nueva reglamentación

Con el regreso de la actividad judicial tras la finalización de la feria de invierno, el Consejo de la Magistratura retomó también uno de los temas que mayor repercusión institucional generó durante las últimas semanas: la controversia entre ese organismo y el Superior Tribunal de Justicia por la designación de la doctora Guerrero como jueza del fuero de Familia de Ushuaia.

En ese contexto, el representante de los abogados ante el Consejo de la Magistratura, Marcelo Castelli, confirmó que la situación quedó definitivamente resuelta luego de una instancia de diálogo entre ambas instituciones y aseguró que la magistrada asumirá formalmente sus funciones una vez completados los trámites administrativos correspondientes.

"Afortunadamente hemos logrado, mediante el diálogo, resolver el conflicto y lograr que la decisión del Consejo en cuanto a la designación de la doctora Guerrero sea efectiva", afirmó durante una entrevista concedida a FM del Pueblo.

Según explicó, el Superior Tribunal de Justicia ya emitió la acordada correspondiente y únicamente resta la firma del último instrumento administrativo para concretar la designación.

"La acordada ya está dictada y no hay ningún inconveniente con la doctora Guerrero. Esa situación quedó completamente zanjada", remarcó.

El conflicto abrió el debate sobre el funcionamiento del Consejo

Más allá de la resolución del caso puntual, Castelli reconoció que el episodio dejó en evidencia la necesidad de revisar el mecanismo mediante el cual se seleccionan los magistrados en la provincia.

Durante la reunión mantenida entre los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura surgió el compromiso de avanzar en una actualización del reglamento que regula los concursos para cubrir cargos judiciales.

El abogado señaló que el objetivo principal será dotar al procedimiento de mayor transparencia, previsibilidad y objetividad.

"Entiendo que el sistema de selección hay que mejorarlo. Ahora tenemos que analizar los distintos proyectos, discutir los puntos en común y aquellos donde existan diferencias para obtener el mejor reglamento posible", sostuvo.

Varios proyectos comenzarán a discutirse

Castelli explicó que actualmente existen distintas propuestas que servirán como base para elaborar una nueva normativa.

Por un lado, recordó que el Consejo ya venía analizando un proyecto elaborado por el representante de los abogados del Distrito Judicial Sur, doctor Pagano Zavalía.

A ese documento se sumó recientemente otra iniciativa remitida por el propio Superior Tribunal de Justicia.

Además, indicó que tomó conocimiento de que legisladores provinciales también trabajan sobre una tercera propuesta, por lo que el debate incorporará distintas miradas institucionales.

"Teníamos un proyecto en estudio presentado por el doctor Pagano Zavalía y ahora recibimos otro elaborado por el Superior Tribunal. También tengo entendido que la legisladora Hueto está trabajando junto con el legislador Echman en otra propuesta", explicó.

El representante de los abogados consideró positivo que existan distintas iniciativas porque permitirá construir un texto consensuado que fortalezca el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Un sistema con mayor objetividad

Uno de los principales cambios que buscan impulsar apunta a reducir los márgenes de discrecionalidad en las decisiones del Consejo.

Castelli explicó que tanto el proyecto impulsado por Pagano Zavalía como el presentado por el Superior Tribunal avanzan en la incorporación de un sistema de puntuación mucho más preciso para evaluar a cada postulante.

La intención es que cada etapa del concurso —antecedentes académicos, trayectoria profesional, exámenes y entrevistas personales— tenga una valoración claramente establecida, permitiendo que la elección del candidato mejor calificado sea producto de un procedimiento verificable.

"Los proyectos buscan que exista una puntuación para las distintas etapas del proceso y que las decisiones de los consejeros estén mucho más objetivadas y mejor fundamentadas", señaló.

Un esquema de 220 puntos

En ese sentido, Castelli brindó detalles del proyecto presentado por el representante de los abogados del Distrito Judicial Sur.

Explicó que la iniciativa establece un sistema de evaluación de 220 puntos, distribuidos entre todas las etapas del concurso.

Cada candidato iría acumulando puntaje a medida que avance el proceso, permitiendo elaborar un orden de mérito basado en criterios previamente definidos.

Según indicó, uno de los aspectos que todavía deberá debatirse será el peso específico que tendrá cada etapa y cuánto margen conservarán los integrantes del Consejo para valorar aspectos cualitativos durante las entrevistas personales.

"Seguramente la discusión pasará por definir qué puntuación corresponde asignar a cada etapa y qué margen de apreciación tendrán los consejeros al momento de tomar una decisión", manifestó.

La discusión sobre las facultades del Superior Tribunal

Durante la entrevista también fue consultado acerca del conflicto que se produjo cuando el Superior Tribunal objetó la designación realizada por el Consejo de la Magistratura.

Para Castelli, la Constitución Provincial es clara al establecer que la función de seleccionar y proponer a los magistrados corresponde exclusivamente al Consejo.

Desde esa interpretación, sostuvo que la intervención del Superior Tribunal debe limitarse a un control de legalidad y de cumplimiento de los requisitos constitucionales, sin transformarse en una segunda instancia de evaluación del candidato seleccionado.

"Nosotros entendemos que el Consejo de la Magistratura es el órgano creado constitucionalmente para seleccionar a los magistrados. Cuando la Constitución habla de la designación, entendemos que se trata de un control de legalidad, para verificar que no exista algún incumplimiento de requisitos o alguna irregularidad, pero no de un doble control sobre la decisión del Consejo", explicó.

Agregó que permitir una nueva evaluación por parte del Superior Tribunal implicaría desnaturalizar las funciones específicas para las cuales fue creado el Consejo de la Magistratura.

"Si existiera un doble control sobre la selección, perdería sentido la propia creación del Consejo como órgano constitucional encargado de elegir a los magistrados", sostuvo.

Una discusión institucional que continuará

Si bien el conflicto por la designación de la doctora Guerrero quedó resuelto, Castelli reconoció que el debate institucional recién comienza.

La intención de todos los sectores será construir una reglamentación moderna que otorgue mayor transparencia al procedimiento, fortalezca la confianza pública y reduzca la posibilidad de futuros cuestionamientos.

El abogado consideró que existe voluntad política e institucional para avanzar en ese objetivo y destacó que el diálogo permitió encauzar una situación que había generado preocupación dentro del ámbito judicial.

Aclaración sobre su representación

Antes de finalizar la entrevista, Castelli realizó una precisión respecto de su rol dentro del Consejo de la Magistratura.

Aclaró que no integra el organismo en representación institucional del Colegio Público de Abogados, sino que ocupa ese lugar porque fue elegido mediante el voto de los abogados y funcionarios judiciales de la jurisdicción.

"Quería hacer esa aclaración porque el Consejo de la Magistratura no depende del Colegio de Abogados. Nosotros somos elegidos por todos los abogados de la jurisdicción y también nos votan los funcionarios del Poder Judicial", concluyó.