por Redacción Del Pueblo
La Defensoría Pública Federal de Tierra del Fuego avanza en las actuaciones por los más de 150 cortes de gas registrados en Tolhuin y no descarta impulsar una acción judicial colectiva para lograr el restablecimiento del servicio a las familias afectadas.
En diálogo con FM del Pueblo, el secretario de la Defensoría Pública Federal, Matías Agustín Ciolfi, explicó que la intervención comenzó luego de un pedido del intendente Daniel Harrington, quien convocó al organismo para analizar alternativas legales frente a la situación que atraviesan decenas de vecinos.
"Camuzzi Gas del Sur es una empresa regulada por normativa federal, por eso la competencia corresponde a la Justicia Federal y es allí donde intervenimos nosotros", explicó.
Ciolfi recordó además que la Defensoría Pública Federal es un órgano independiente de los poderes del Estado Nacional y que una de sus funciones es la promoción y protección de los derechos humanos.
El funcionario sostuvo que, en una provincia como Tierra del Fuego, el acceso al gas natural no puede considerarse únicamente un servicio público, sino un derecho estrechamente vinculado a la salud.
"Si una persona no tiene gas, no puede calefaccionarse y comienzan los problemas de salud. Esto afecta especialmente a los sectores más vulnerables y por eso entendemos que estamos frente a un derecho humano fundamental."
Tras una reunión con autoridades municipales, equipos de Desarrollo Social y recorridas por distintos domicilios de Tolhuin, la Defensoría detectó numerosos casos de vulnerabilidad.
Entre ellos, Ciolfi mencionó familias con niños que sufrieron problemas respiratorios debido a la falta de calefacción y pacientes oncológicos cuya situación sanitaria se agravó tras la interrupción del servicio.
"Hay casos que requieren una respuesta urgente", afirmó.
Durante la entrevista, Ciolfi cuestionó la modalidad utilizada por Camuzzi para comunicar las deudas y ejecutar los cortes del suministro.
Explicó que las primeras notificaciones llegan por correo electrónico, un mecanismo que muchas personas mayores o familias sin acceso permanente a internet no utilizan, mientras que el aviso de corte concede apenas 48 horas para regularizar la deuda.
"Muchas familias ni siquiera llegan a enterarse de la intimación y cuando reciben el aviso presencial ya tienen muy poco tiempo para resolver el problema", señaló.
También cuestionó los planes de refinanciación ofrecidos por la empresa.
"En algunos casos los colocan en una espiral de endeudamiento de la que después resulta muy difícil salir."
Para el secretario de la Defensoría, la empresa debería analizar cada situación de manera particular y contemplar la realidad socioeconómica de los usuarios, garantizando un trato digno y equitativo.
Como parte de la intervención, la Defensoría envió oficios tanto a Camuzzi Gas del Sur como al ENARGAS, solicitando información detallada sobre los cortes, el listado de usuarios afectados y las medidas adoptadas por la empresa.
"Estamos esperando la respuesta formal. Si la empresa no responde o mantiene su posición, evaluaremos otras herramientas legales para garantizar el derecho de los usuarios", indicó Ciolfi.
Asimismo, señaló que existen versiones de que Camuzzi ya estaría articulando acciones con municipios para atender algunos casos de mayor vulnerabilidad, aunque aclaró que esa información todavía no fue confirmada oficialmente.
Mientras continúa el relevamiento de los casos más críticos, la Defensoría analiza presentar una acción de amparo acompañada por una medida cautelar que permita restablecer el servicio de gas mientras se resuelve el conflicto judicial.
"Estamos recabando información y documentando las distintas situaciones para, eventualmente, plantear una acción judicial que permita la reconexión del suministro", explicó.
Ciolfi recordó que cualquier usuario afectado por un corte de gas puede acudir a la Justicia Federal para solicitar el restablecimiento del servicio.
Quienes no cuenten con recursos para contratar un abogado pueden presentarse en la Defensoría Pública Federal, ubicada en Rojas 995 de Río Grande o en Avenida Maipú 727 de Ushuaia. En Tolhuin, los vecinos también pueden canalizar el contacto a través del área de Desarrollo Social del Municipio.
Finalmente, aclaró que cada caso será analizado de forma individual y que será necesario acreditar la situación de vulnerabilidad socioeconómica para solicitar una medida cautelar que ordene la restitución del suministro hasta que se resuelva el amparo.