Designación en PAMI Río Grande genera cuestionamientos por presuntos criterios políticos

La designación de Ivana González como nueva titular de PAMI Río Grande comenzó a generar repercusiones en distintos ámbitos políticos y sociales, donde surgieron cuestionamientos sobre los criterios utilizados para su nombramiento.

Entre las críticas que comenzaron a circular, se señala la cercanía de la nueva funcionaria con La Libertad Avanza y su participación en actividades de militancia política, además de los vínculos que comparte junto a su esposo con la Iglesia HVJ. A partir de ello, algunos sectores plantean interrogantes respecto de si la designación respondió exclusivamente a criterios de idoneidad y experiencia o si también influyeron afinidades políticas.

Desde PAMI, en tanto, informaron que la nueva responsable tendrá como objetivo fortalecer la atención a los afiliados, destacando valores como el compromiso, la responsabilidad y la cercanía con los jubilados. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron detalles públicos sobre los antecedentes profesionales considerados para su designación ni sobre el proceso mediante el cual fue seleccionada.

Los cuestionamientos también ponen el foco en las promesas realizadas por La Libertad Avanza durante la campaña electoral, cuando el espacio aseguraba que pondría fin a los nombramientos por afinidad política y a las prácticas asociadas con lo que denominó "la casta".

Quienes critican la designación sostienen que este tipo de decisiones generan una contradicción entre el discurso de renovación y las acciones de gobierno, al considerar que los cargos públicos deberían asignarse mediante procesos transparentes y con base en la capacidad técnica de los candidatos.

Mientras tanto, los afiliados de PAMI continúan reclamando respuestas a problemas cotidianos vinculados con la atención médica, la demora en la entrega de medicamentos y la obtención de turnos, demandas que siguen ocupando un lugar central entre las preocupaciones de los jubilados.

La designación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los mecanismos de acceso a los cargos públicos y la necesidad de garantizar criterios de transparencia e idoneidad, independientemente del espacio político que ocupe el gobierno de turno.