Araujo denunció un presunto fraude millonario en el PAMI fueguino y pidió una investigación parlamentaria

El diputado nacional Jorge Araujo denunció la existencia de un presunto esquema de irregularidades millonarias en el PAMI de Tierra del Fuego y confirmó que impulsó la creación de una subcomisión investigadora en la Cámara de Diputados para esclarecer los hechos. En diálogo con FM del Pueblo, el legislador sostuvo que desde marzo de 2025 se vienen registrando maniobras que incluirían la facturación de prestaciones médicas que nunca fueron realizadas, la emisión de órdenes médicas apócrifas y el direccionamiento de contrataciones hacia empresas determinadas.

Araujo explicó que las denuncias fueron presentadas tanto ante el PAMI provincial como ante la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) del organismo en Buenos Aires, donde, según indicó, ya existe un expediente en trámite. Sin embargo, afirmó que hasta el momento no han recibido información sobre el avance de la investigación.

"Las irregularidades que nosotros tenemos en nuestro poder son muy amplias. Hay profesionales que emiten órdenes médicas por estudios que nunca se realizan y, sin embargo, se facturan y se cobran. También creemos que hubo funcionarios que no cumplieron con su obligación de controlar estas maniobras", sostuvo.

El diputado indicó que una de las primeras situaciones detectadas ocurrió en la clínica Medici de Río Grande, donde aparecieron órdenes para estudios de gastroenterología emitidas por médicos de otras especialidades. Según explicó, se trataba de prácticas de biofeedback anorectal que, aseguró, nunca pudieron realizarse porque el equipamiento necesario no existía en el establecimiento.

"Las órdenes estaban cargadas en el sistema, se facturaron y fueron pagadas, pero el aparato nunca estuvo en esa clínica y, aparentemente, tampoco existe en Río Grande", afirmó.

Araujo también reveló casos que calificó como "sumamente graves", entre ellos pedidos de estudios de fertilidad para mujeres de aproximadamente 80 años que habían sido histerectomizadas.

"Tenemos órdenes de fertilidad realizadas a personas que no tienen útero. Parece un chiste, pero es gravísimo. Incluso puede ocurrir que las órdenes no hayan sido emitidas por los propios profesionales, sino por alguien que utilizó sus claves de acceso. Todo eso debe investigarse", manifestó.

Asimismo, señaló que existen numerosos casos de afiliados que desconocían por completo las prestaciones que figuraban como realizadas en sus historias clínicas. En algunos expedientes, aseguró, aparecen entre seis y siete estudios facturados cuando, en realidad, el paciente solo recibió uno o ninguno.

"Tenemos situaciones donde las fechas de los estudios coinciden con que el afiliado estaba de vacaciones fuera del país. Sin embargo, esas prácticas fueron igualmente facturadas", ejemplificó.

Entre las presuntas irregularidades también mencionó el direccionamiento de contrataciones vinculadas a ambulancias, emergencias médicas, prótesis y visitas domiciliarias.

"Siempre aparecen las mismas empresas beneficiadas. Otras participan de las licitaciones, pero nunca resultan adjudicatarias o los procesos se dejan sin efecto para volver a contratar a los mismos prestadores", denunció.

Respecto de las responsabilidades políticas, Araujo vinculó las denuncias con la gestión anterior del PAMI fueguino y afirmó que la investigación también deberá determinar el rol que tuvieron quienes estaban al frente del organismo.

En cuanto al perjuicio económico, sostuvo que la documentación reunida hasta el momento permitiría estimar un daño de alrededor de 1.500 millones de pesos, aunque aseguró que distintas fuentes le indican que el monto ya superaría los 2.000 millones, debido a que las maniobras "continuarían ocurriendo en la actualidad".

Finalmente, el diputado reclamó una investigación integral sobre el manejo del organismo.

"Queremos que se investiguen las cuentas, los teléfonos, los movimientos bancarios y el patrimonio de todos los funcionarios que pudieron haber participado o que no cumplieron con su obligación de controlar. Me moviliza una cuestión moral. Estamos hablando de fondos destinados a nuestros adultos mayores, que muchas veces no reciben medicamentos o prestaciones esenciales, mientras otros se benefician con esos recursos", concluyó.