Retirados de la Policía irán a la Corte Suprema por la deuda salarial

El referente de los policías retirados, el suboficial mayor retirado Alfredo Gatti, expresó su malestar por la situación que atraviesa el colectivo y sostuvo que las leyes provinciales N° 1627 y N° 1628, aprobadas por la Legislatura para obligar al Ejecutivo a normalizar los pagos, permanecen sin aplicación pese al tiempo transcurrido desde su promulgación.

"Ya pasaron más de 45 días desde que fueron promulgadas las leyes y el Gobierno sigue sin cumplirlas. Nosotros llevamos 14 meses sin cobrar lo que corresponde y seguimos esperando una solución", afirmó.

Gatti sostuvo que el incumplimiento representa un serio precedente institucional y cuestionó que el propio Estado ignore una norma sancionada por el Poder Legislativo.

"La Legislatura tuvo que hacer una ley para que se cumpla otra ley anterior y, aun así, el Ejecutivo sigue sin respetarla. Así es muy difícil hablar de un verdadero Estado de Derecho", manifestó.

El dirigente explicó que el primer reclamo fue presentado ante la Caja de Previsión, organismo que atribuyó la falta de pago al desfinanciamiento y a la escasez de recursos para afrontar las obligaciones con los retirados.

"Nos dijeron que no podían pagar por falta de liquidez y por el desfinanciamiento de la Caja. Esa fue la explicación que recibimos desde un principio", indicó.

Tras esa respuesta administrativa, el conflicto avanzó hacia la Justicia. Según relató Gatti, en primera instancia obtuvieron un fallo favorable, aunque posteriormente la Cámara entendió que se trataba de una cuestión política que debía resolverse en ese ámbito.

Como consecuencia de ese escenario, la Legislatura provincial sancionó las leyes que ordenan al Ejecutivo regularizar la deuda y comenzar a pagar los haberes adeudados. Sin embargo, los retirados aseguran que la situación no cambió.

"Conseguimos que la Legislatura aprobara estas leyes, pero ya pasó casi dos meses y seguimos exactamente igual. No hubo ningún avance concreto", lamentó.

Frente al nuevo incumplimiento, confirmó que comenzaron a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía de Estado para exigir que se haga cumplir la normativa vigente.

Al mismo tiempo, informó que los abogados del sector preparan una serie de demandas contencioso-administrativas que serán presentadas durante las próximas semanas.

No obstante, reconoció que los tiempos judiciales generan una enorme preocupación entre los integrantes del colectivo.

"Un juicio contencioso administrativo puede demorar muchos años y nosotros ese tiempo no lo tenemos. Hay compañeros con más de 80 años, otros con enfermedades graves o patologías crónicas. Para muchos de ellos esta demora es prácticamente una condena", expresó.

Gatti confirmó además que algunos expedientes llegarán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de haber agotado las instancias provinciales.

"Ya pasamos por el Superior Tribunal de Justicia y ahora algunos casos irán a la Corte Suprema. Pero sabemos que esos procesos también llevan mucho tiempo y no tenemos garantías de cuándo serán tratados", señaló.

El referente también describió el fuerte impacto económico que atraviesan las familias de los policías retirados. Según explicó, actualmente muchos perciben apenas el 50 por ciento de los ingresos que deberían cobrar.

"Estamos viviendo con la mitad del sueldo. Cada familia hace lo imposible para salir adelante, reinventándose todos los días, pero después de 14 meses la situación ya no da para más", afirmó.

A esa problemática económica se suma, según denunció, la crisis en la cobertura médica. Gatti aseguró que durante casi dos años sufrieron serias dificultades con la obra social, especialmente para acceder a medicamentos destinados a tratamientos crónicos y enfermedades complejas.

"Tuvimos prácticamente la obra social paralizada durante mucho tiempo. Recién ahora se está reactivando, pero todavía existen enormes dificultades para conseguir medicamentos y prestaciones médicas, especialmente para los compañeros que tienen enfermedades graves", explicó.

Finalmente, cuestionó el funcionamiento de las instituciones provinciales y sostuvo que la falta de cumplimiento de las leyes agrava la incertidumbre del sector.

"Cuando el Estado no cumple las leyes que sanciona la propia Legislatura y la Justicia no brinda respuestas rápidas, uno se pregunta qué más puede hacer para reclamar sus derechos. Nosotros seguimos confiando en las instituciones, pero necesitamos respuestas urgentes porque hay muchos compañeros que no pueden seguir esperando", concluyó.