Andrea Freites: "Hay una decisión clara de desmantelar la Ley 19.640"

En diálogo con FM del Pueblo, la legisladora recordó que durante la primera semana de julio mantuvo una reunión con el secretario de Industria y Comercio de la Nación, Pablo Lavigne, luego de presentar un pedido de informes en la Cámara de Diputados para conocer el futuro de las resoluciones antidumping que protegen la fabricación nacional de equipos de aire acondicionado.

Freites explicó que el encuentro estuvo centrado en las resoluciones 529/2021 y 529/2022, que establecen derechos antidumping sobre equipos importados y cuyos vencimientos están previstos para septiembre de este año y julio de 2027.

Según indicó, durante esa reunión se le informó que el Gobierno analizaba compensar el impacto que tendría el vencimiento de esas medidas mediante la aplicación de nuevas normas de eficiencia energética, lo que permitiría otorgar un margen de entre un año y medio y dos años para adaptar el sector.

Sin embargo, señaló que posteriormente las cámaras industriales recibieron otra comunicación. "Manifestaron que esas resoluciones no serán renovadas y que además existen alrededor de 200 medidas de protección comercial que el Gobierno nacional también analiza dejar caer", sostuvo.

Para la diputada, estas decisiones evidencian una estrategia destinada a debilitar el régimen de promoción industrial establecido por la Ley 19.640.

"No existe un proyecto de ley que elimine directamente el régimen, pero las distintas medidas que se vienen adoptando muestran una clara intención de desmantelarlo", afirmó.

La legisladora también cuestionó que durante distintos gobiernos se anunciara reiteradamente una ampliación de la matriz productiva fueguina sin que esas iniciativas llegaran a concretarse.

"Hoy nos encontramos con un Gobierno nacional decidido a avanzar sobre la industria sin contemplar las particularidades de Tierra del Fuego, una provincia estratégica desde el punto de vista geopolítico y de la soberanía", expresó.

Cambios en la producción

Freites explicó que AFARTE y la Unión Industrial Fueguina presentaron recientemente un proyecto para modificar el proceso productivo de los aires acondicionados, iniciativa que actualmente se encuentra bajo análisis del Gobierno provincial.

Según indicó, el Ministerio de Producción trabaja junto a las cámaras empresarias para evaluar alternativas, aunque advirtió que las decisiones nacionales avanzan con rapidez.

"La situación es muy compleja y estamos corriendo contra reloj", afirmó.

Asimismo, señaló que los cambios tecnológicos en la producción eran esperables, pero consideró que la decisión de no renovar las medidas de protección acelera el impacto sobre el empleo.

Riesgo para 900 trabajadores

Freites indicó que, de acuerdo con la información brindada por el secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, la modificación del esquema productivo afectaría de manera directa a unos 900 trabajadores del sector.

"La pérdida de un solo puesto de trabajo ya es grave para la provincia; imaginar 900 empleos directos menos es una situación realmente preocupante, especialmente por el efecto que tendría sobre toda la economía local", manifestó.

La diputada agregó que la crisis no responde únicamente a la apertura de las importaciones, sino también a la fuerte caída del consumo interno, que afecta a toda la industria nacional.

En ese sentido, cuestionó además el argumento utilizado por el Gobierno nacional respecto del costo de los productos fabricados en Tierra del Fuego.

"Se culpó a la industria fueguina por el precio de los celulares. Hoy muchos equipos son importados y siguen costando prácticamente el doble que en Chile o Paraguay. Evidentemente, el problema no era la producción local", sostuvo.

Ley de Tierras

Durante la entrevista, Freites también se refirió al debate que se desarrollará en el Senado sobre la reforma de la Ley de Tierras y aseguró que la votación será muy ajustada.

"Estamos palo a palo. Hay varios senadores que todavía no definieron su voto y eso genera mucha incertidumbre", señaló.

La legisladora convocó a la ciudadanía a movilizarse y sostuvo que espera que "sea el pueblo el que se exprese en defensa de la soberanía".

Finalmente, advirtió que una eventual aprobación de la iniciativa implicaría "una entrega del territorio argentino" y consideró que revertir una medida de ese tipo sería extremadamente difícil en el futuro.