Sin el capítulo sobre extranjerización de tierras, el Senado debate una reforma que mantiene cambios clave sobre la propiedad privada

El Gobierno nacional modificó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y decidió retirar el capítulo que proponía flexibilizar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una iniciativa que había generado fuertes cuestionamientos por parte de gobernadores, legisladores dialoguistas y distintos sectores políticos.

La marcha atrás busca destrabar el tratamiento de la iniciativa en el Senado, donde el oficialismo necesita construir consensos para alcanzar la aprobación del proyecto. No obstante, la eliminación de ese apartado no implica que la propuesta haya perdido relevancia, ya que mantiene una serie de reformas que modificarían aspectos centrales del régimen de propiedad privada en la Argentina.

Desalojos con procesos más rápidos

Uno de los principales cambios apunta a agilizar los juicios de desalojo mediante la aplicación del procedimiento sumarísimo, el mecanismo judicial más breve previsto por el Código Procesal Civil y Comercial.

La reforma alcanzaría tanto a inquilinos con deudas de alquiler como a ocupantes que deban restituir un inmueble. En el caso de las viviendas alquiladas, el propietario deberá intimar previamente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días para cancelar la deuda antes de iniciar la demanda judicial.

Además, el proyecto simplifica el trámite para recuperar la posesión del inmueble al reemplazar la exigencia de una caución real por una declaración jurada presentada por el demandante.

Aunque el desalojo continuará requiriendo una resolución judicial, el objetivo del oficialismo es reducir los tiempos de los procesos. En contrapartida, sectores de la oposición y organizaciones vinculadas al derecho a la vivienda sostienen que la iniciativa podría limitar las posibilidades de defensa de los inquilinos.

Más restricciones para las expropiaciones

La propuesta también introduce modificaciones a la Ley de Expropiaciones con el objetivo de establecer mayores requisitos para que el Estado pueda avanzar sobre bienes privados.

Entre los cambios previstos, se exige que toda declaración de utilidad pública detalle con precisión el fin perseguido y demuestre que la expropiación resulta necesaria, proporcional e idónea para alcanzar ese objetivo.

Asimismo, el proyecto contempla que la indemnización no solo incluya el valor del inmueble y los daños directos ocasionados, sino también el lucro cesante, es decir, las ganancias que el propietario deje de percibir como consecuencia de la medida.

Otro aspecto relevante es que el Estado recién podrá adquirir definitivamente el bien una vez abonada la totalidad de la compensación económica correspondiente.

En paralelo, se limita la denominada ocupación temporánea de inmuebles, que solo podrá utilizarse en situaciones excepcionales y por un plazo máximo de 90 días.

Cambios en la Ley de Manejo del Fuego

La iniciativa también modifica parcialmente la Ley Nacional de Manejo del Fuego.

Actualmente, la legislación impide durante 30 años cambiar el destino productivo o desarrollar emprendimientos inmobiliarios sobre tierras agropecuarias afectadas por incendios, mientras que en el caso de bosques nativos y otras áreas protegidas las restricciones pueden extenderse hasta 60 años.

El proyecto mantiene las protecciones sobre los bosques nativos, pero elimina la prohibición de 30 años para determinadas tierras rurales productivas, habilitando que puedan venderse o cambiar de uso en un plazo menor.

El Gobierno sostiene que las restricciones vigentes perjudican a propietarios cuyos campos fueron afectados por incendios accidentales. Sin embargo, organizaciones ambientalistas advierten que la flexibilización podría incentivar incendios intencionales con fines inmobiliarios o productivos.

Modernización de los registros inmobiliarios

El texto también incorpora un capítulo destinado a modernizar los registros de la propiedad inmueble en todo el país.

La propuesta impulsa la digitalización de los trámites, la reducción de los tiempos administrativos y una mayor integración entre los registros provinciales y nacionales, con el objetivo de agilizar las operaciones vinculadas a inmuebles y brindar mayor seguridad jurídica.

Un proyecto que sigue generando debate

Aunque el oficialismo resignó el capítulo sobre la extranjerización de tierras para facilitar el tratamiento parlamentario, el proyecto continúa incluyendo reformas de fuerte impacto sobre el régimen de propiedad privada.

Los cambios en los procesos de desalojo, las nuevas condiciones para las expropiaciones, la flexibilización parcial de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización de los registros inmobiliarios serán algunos de los principales ejes del debate que afrontará el Senado en una sesión que se anticipa intensa y con resultado abierto.