"Retiraron el proyecto porque no tenían los votos, no porque hayan cambiado de postura", advirtió Lapadula

El legislador provincial Matías Lapadula aseguró que la defensa de la soberanía y del territorio fueguino debe convertirse en una política permanente y no depender de las mayorías circunstanciales que puedan existir en el Congreso Nacional. Por ello, consideró que la provincia debe avanzar con legislación propia para garantizar la protección de sus recursos estratégicos.

En diálogo con FM del Pueblo, el referente de Provincia Grande remarcó que la decisión del Gobierno nacional de retirar del proyecto de ley el capítulo que habilitaba cambios en la Ley de Tierras no debe interpretarse como una rectificación de fondo.

"Es importante que nos manifestemos y respaldemos la decisión histórica de la Argentina de proteger el territorio como un activo estratégico. Estas normas no existen por capricho, sino porque buscan evitar la extranjerización de las tierras y garantizar que sean los argentinos quienes decidan sobre sus recursos y su desarrollo", expresó.

Sin embargo, advirtió que el debate continúa abierto.

"Retiraron ese capítulo únicamente porque no consiguieron los votos. No significa que hayan comprendido la importancia de la soberanía. Si en otro momento consiguen los votos, van a volver a insistir con esta iniciativa, como ocurrió con otras leyes que perjudicaron al país y particularmente a Tierra del Fuego", afirmó.

Un proyecto para blindar las tierras fueguinas

Lapadula recordó que presentó un proyecto en la Legislatura provincial con el objetivo de otorgar herramientas propias a Tierra del Fuego para proteger su territorio, independientemente de las decisiones que adopte el Gobierno nacional.

"Las mayorías políticas cambian. Hoy un proyecto puede no avanzar y mañana sí. Por eso la provincia tiene que contar con mecanismos propios para proteger sus activos estratégicos", sostuvo.

En ese sentido, explicó que la Constitución Nacional y la Constitución Provincial reconocen que los recursos naturales pertenecen a las provincias y que corresponde a cada jurisdicción decidir sobre ellos.

"Tierra del Fuego es una provincia estratégica. Somos una provincia bicontinental, puerta de entrada a la Antártida y además tenemos gran parte de nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera. No podemos quedarnos dormidos; tenemos que actuar y proteger nuestros recursos", remarcó.

Asimismo, cuestionó la escasa participación de otros sectores políticos durante el tratamiento del proyecto nacional.

"Más allá de que hoy todos marchamos por la misma causa, los únicos que presentamos proyectos concretos y alzamos la voz fuimos desde Provincia Grande. No escuché declaraciones firmes del Gobierno provincial ni de otros espacios políticos sobre este tema", señaló.

Diferencias entre desarrollo urbano y negocios inmobiliarios

Durante la entrevista también respondió a quienes sostienen que la venta de tierras nacionales permitiría impulsar el desarrollo urbano de Tierra del Fuego.

Al respecto, diferenció las obras realizadas mediante convenios entre el Estado y organismos nacionales de las políticas de venta de inmuebles impulsadas por el Gobierno nacional.

"El desarrollo urbano no se consolida haciendo negocios inmobiliarios. Hay una enorme diferencia entre planificar una ciudad mediante acuerdos que permitan abrir calles, ampliar avenidas o realizar infraestructura, y subastar tierras públicas para que privados hagan emprendimientos hoteleros o negocios inmobiliarios", afirmó.

Como ejemplo mencionó la apertura de la calle Ara San Juan y la ampliación de la avenida San Martín, obras que, según explicó, fueron posibles mediante convenios con organismos nacionales sin necesidad de vender tierras del Estado.

"Desprenderse de bienes públicos únicamente para hacer caja o favorecer negocios privados no es planificación urbana. Si el Estado vende un terreno para construir un hospital, podemos discutirlo. Pero vender por vender no tiene ningún sentido", sostuvo.

Críticas a la política nacional

Lapadula también cuestionó el rumbo del Gobierno nacional y sostuvo que existe una mirada que, a su entender, prioriza intereses ajenos por encima de los argentinos.

"El presidente debe defender exclusivamente los intereses de la Argentina y no dejarse influenciar por ninguna potencia extranjera", manifestó.

En relación con la cuestión Malvinas, expresó su preocupación por la presencia de empresas extranjeras que participan en la explotación de recursos en las islas.

"A mí no me preocupa un país en particular; me preocupa que empresas de capitales extranjeros estén explotando ilegalmente nuestros recursos en Malvinas. Lo que debemos defender son los intereses argentinos", indicó.

Asimismo, criticó lo que calificó como contradicciones del Gobierno nacional.

"Nos piden que confiemos en el país y que invirtamos acá, mientras quienes toman esas decisiones tienen gran parte de su patrimonio en el exterior. Eso demuestra que ni ellos mismos confían en lo que dicen", afirmó.

Duras críticas a la intervención del Puerto de Ushuaia

Otro de los ejes de la entrevista fue la situación del Puerto de Ushuaia, cuya intervención por parte del Gobierno nacional volvió a cuestionar.

Lapadula calificó la medida como "arbitraria e ilegal" y aseguró que, transcurridos más de seis meses, nunca se demostraron las razones que justificaban una decisión de esa magnitud.

"El puerto sigue funcionando prácticamente igual que antes. Si la situación era tan grave como afirmaban, deberían haberse producido cambios importantes, pero eso no ocurrió", sostuvo.

Además, reclamó transparencia respecto de la administración de los recursos generados por la terminal portuaria.

"Necesitamos saber qué están haciendo con el dinero que pertenece a todos los fueguinos. Hay muchas preguntas y muy pocas respuestas. Queremos saber dónde están esos recursos y cuál es el destino que les están dando", manifestó.

Finalmente, insistió en que la provincia debe recuperar el control operativo del puerto y reclamó explicaciones por parte del Gobierno nacional.

"Los que decidieron intervenir el puerto son quienes hoy tienen la obligación de rendir cuentas. Deben explicar qué hicieron, cómo administran esos recursos y por qué la provincia perdió una herramienta estratégica. Es una responsabilidad que no pueden eludir", concluyó.