El Senado aprobó la Ley de Propiedad Privada tras eliminar dos capítulos clave para conseguir los votos

La iniciativa fue sancionada por 37 votos a favor y 33 en contra, con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y legisladores de distintos bloques provinciales.

Para reunir los apoyos necesarios, el Gobierno retiró primero el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales, vinculado a la extranjerización de tierras. Posteriormente, durante el debate en el recinto, también eliminó la reforma a la Ley de Manejo del Fuego ante la falta de consenso entre sectores dialoguistas.

La norma aprobada establece un procedimiento sumarísimo para agilizar los desalojos de ocupaciones ilegales y limita las posibilidades de expropiación, con el objetivo de fortalecer las garantías sobre la propiedad privada y reducir los tiempos de los procesos judiciales.

En cambio, quedaron fuera del texto los cambios que el Ejecutivo pretendía introducir en la Ley de Manejo del Fuego. La legislación vigente impide modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios, y durante 30 años el de tierras destinadas a actividades agropecuarias. El Gobierno buscaba flexibilizar esas restricciones al considerar que afectan los derechos de los propietarios.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, sostuvo que la iniciativa busca "simplificar y acelerar los procesos" para garantizar el derecho de propiedad y evitar que los propietarios resulten perjudicados por las demoras judiciales.

Desde la oposición, el jefe del bloque justicialista, José Mayans, calificó el proyecto como "inconstitucional" y cuestionó especialmente las modificaciones previstas en la Ley de Expropiaciones, al considerar que favorecen futuras privatizaciones y limitan la capacidad de intervención del Estado.

Por su parte, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó que la nueva ley "viene a reparar a cientos de miles de argentinos" que, según expresó, fueron perjudicados por usurpaciones y expropiaciones en años anteriores.

También expresaron críticas los senadores Daniel Bensusán y Ana Marks, quienes cuestionaron tanto el trámite parlamentario como el nuevo régimen de desalojos, mientras que desde el oficialismo Gonzalo Guzmán Coraita y Nadia Márquez defendieron la iniciativa al sostener que brinda mayor seguridad jurídica, desalienta las usurpaciones y favorece las inversiones.

En tanto, el senador radical Maximiliano Abad, aunque acompañó la sanción de la norma, señaló que la llegada de inversiones dependerá principalmente de la estabilidad económica, la fortaleza institucional y la previsibilidad de las reglas de juego.