Montes de Oca apuntó contra el Municipio de Ushuaia durante el debate por los desalojos y abrió una polémica política

Durante su intervención, la legisladora destacó las herramientas jurídicas con las que cuenta Tierra del Fuego para abordar los conflictos vinculados a la ocupación de inmuebles y remarcó que la provincia posee mecanismos que, según explicó, permiten resolver este tipo de situaciones de manera más rápida y ordenada.

Montes de Oca señaló que Tierra del Fuego ya cuenta con un proceso sumarísimo en materia de desalojos, una vía que se caracteriza por la reducción de los plazos judiciales y que busca otorgar respuestas más ágiles frente a los conflictos entre particulares.

En ese sentido, hizo especial referencia a la Ley Provincial Nº 804, que establece una instancia de mediación judicial previa obligatoria. La senadora explicó que antes de iniciar una demanda formal, las partes deben atravesar una etapa de diálogo y negociación con el objetivo de alcanzar un acuerdo que evite un proceso judicial más extenso.

Según detalló, cuando en esa instancia se logra un acuerdo de desocupación, el mismo puede ser homologado por la Justicia y adquiere fuerza de sentencia, permitiendo una resolución efectiva del conflicto.

Además, la legisladora mencionó otras herramientas procesales existentes en la provincia, como la posibilidad de solicitar la entrega anticipada de una propiedad cuando se acredita la verosimilitud del derecho y se presenta una garantía económica para responder ante posibles perjuicios si la demanda finalmente no prospera.

También explicó que el sistema contempla instancias de reconocimiento e identificación judicial de los ocupantes, con el objetivo de determinar quiénes habitan efectivamente el inmueble antes de avanzar con las etapas posteriores del proceso.

Sin embargo, el tramo de su exposición que generó mayores cuestionamientos fue la referencia al Municipio de Ushuaia y a su pertenencia política. Desde sectores críticos interpretaron que la senadora trasladó la discusión desde un aspecto estrictamente jurídico hacia una disputa de carácter político.

Los cuestionamientos apuntaron a que la problemática de los desalojos, la falta de acceso a la vivienda y los conflictos habitacionales requieren un análisis integral que involucre políticas públicas, planificación urbana y respuestas de los distintos niveles del Estado, más allá de las diferencias partidarias.

En tanto, desde otros sectores defendieron la postura de Montes de Oca y consideraron necesario fortalecer las herramientas legales para garantizar el cumplimiento del derecho de propiedad y evitar que los procesos judiciales se extiendan durante años.

La referencia a Ushuaia volvió a poner en el centro del debate la situación habitacional de la capital fueguina, donde la demanda de viviendas, el crecimiento urbano y los conflictos por ocupaciones forman parte de una problemática que atraviesa a distintos sectores de la comunidad.

El intercambio dejó expuesta una nueva disputa política en Tierra del Fuego, con posiciones enfrentadas sobre el rol de los municipios, la Justicia y el Estado frente a los conflictos derivados del acceso a la tierra y la vivienda.