La Justicia Federal ordenó informar qué pasó con los fondos del Puerto de Ushuaia

La Justicia Federal de Ushuaia hizo lugar al planteo judicial iniciado a partir de un pedido de acceso a la información pública y ordenó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y a la Administración General de Puertos (AGP) brindar información y documentación relacionada con los fondos generados por el Puerto de Ushuaia.

La resolución fue dictada por el juez federal Federico Calvete, quien declaró admisible el amparo y emplazó a ambos organismos a presentar, en un plazo de diez días hábiles, el informe circunstanciado previsto en la Ley de Amparo.

El proceso se originó a partir de pedidos de información formulados por el Diario del Fin del Mundo, ante lo que se consideró una respuesta insuficiente, incompleta o ambigua por parte de los organismos nacionales.

Uno de los principales puntos de la presentación está relacionado con el destino de los recursos generados por el Puerto de Ushuaia desde el inicio de la intervención federal. El objetivo es conocer cuánto dinero fue recaudado, dónde fue depositado, qué transferencias se realizaron y cuál fue el destino de esos fondos.

Información bancaria y transferencias

La orden judicial incluye expresamente la entrega de información bancaria y comprobantes de transferencias, además de datos sobre ingresos, erogaciones, gastos operativos y contrataciones.

El pedido también contempla información vinculada con el personal, empresas autorizadas, movimientos de embarcaciones, incidentes, accesos al muelle, planes, certificaciones y habilitaciones relacionadas con la administración y operatoria de la terminal portuaria.

En particular, se busca reconstruir el circuito de los fondos recaudados desde el 22 de enero y derivados hacia cuentas de la Administración General de Puertos, organismo que atraviesa un proceso de disolución.

La propia resolución judicial requiere que ANPyN y AGP expliquen los antecedentes y fundamentos por los cuales la información solicitada anteriormente no fue entregada o, en determinados casos, habría sido proporcionada de manera incompleta o ambigua.

También deberán entregar los expedientes

La decisión de Calvete no se limita a exigir un informe.

El magistrado ordenó que los organismos presenten copias completas de los expedientes administrativos relacionados con los pedidos de acceso a la información y de toda otra documentación que, aun encontrándose fuera de esos expedientes, tenga relación con el objeto de la causa.

Además, deberán acompañar las pruebas de las que pretendan valerse durante el proceso.

La medida adquiere especial importancia debido a los cuestionamientos existentes sobre contrataciones y designaciones realizadas desde el comienzo de la intervención federal del Puerto de Ushuaia.

El dictamen de la Fiscalía

Antes de la resolución del juez Calvete, el fiscal federal interino Fernando P. Rota analizó qué organismos debían responder por los pedidos de información.

En su Dictamen N.º 194/2026, el fiscal consideró que ANPyN posee legitimación pasiva directa y principal, debido a que fue el organismo destinatario del pedido de acceso a la información, el que produjo la respuesta administrativa cuestionada y el que dictó la Resolución N.º 4/2026 vinculada con los hechos.

Rota también recordó que el artículo 10 de la Ley 27.275 establece que un organismo obligado a entregar información pública no puede excusarse argumentando que la gestión, administración o custodia de la documentación fue encomendada a un tercero.

Por lo tanto, aun cuando determinada documentación se encuentre materialmente en poder de otro organismo, esa circunstancia no elimina la responsabilidad institucional de ANPyN de responder al pedido.

En cuanto a AGP, la Fiscalía consideró que también debía formar parte del proceso debido al proceso de reorganización administrativa e integración funcional existente entre ambos organismos.

Tres días después, Calvete resolvió tener por promovida la acción contra ANPyN y por ampliada contra AGP, siguiendo el criterio expresado por el fiscal.

El circuito de los recursos, bajo análisis judicial

La resolución no determina que haya existido una irregularidad en el manejo de los fondos del Puerto de Ushuaia ni implica un pronunciamiento sobre la legalidad de las contrataciones realizadas durante la intervención.

Lo que establece es que el reclamo por acceso a la información resulta admisible y que los organismos involucrados deberán explicar y documentar aquello que hasta el momento no habría sido proporcionado de manera completa.

De esta manera, la discusión deja el ámbito exclusivamente administrativo y pasa a desarrollarse dentro de un expediente judicial.

ANPyN y AGP deberán ahora responder ante el Juzgado Federal de Ushuaia y aportar documentación sobre los ingresos, gastos, contrataciones, cuentas bancarias y transferencias vinculadas con los recursos generados por la terminal portuaria.

El objetivo central será poder reconstruir documentalmente el circuito seguido por esos fondos desde el inicio de la intervención federal y conocer, con respaldo documental oficial, cuál fue su destino.