El Dr. Carlos Mariño confirmó que presentó una denuncia formal ante la Justicia Federal por una serie de presuntas irregularidades vinculadas con prestaciones médicas y facturación al PAMI. La presentación fue realizada el pasado jueves por vía electrónica, con el patrocinio del abogado Guillermo Aramburu.
En diálogo con FM del Pueblo, el profesional sostuvo que la denuncia fue acompañada por documentación oficial, inspecciones y distintos elementos que, según afirmó, permitirían avanzar en la investigación de los hechos denunciados.
“Los hechos denunciados no son hechos al aire, fueron con pruebas fehacientes, documentación oficial. Todo lo hicimos prolijamente, con inspecciones, con todo”, manifestó Mariño.
El médico aseguró que ahora se encuentra a la espera de las primeras medidas que pueda disponer la Justicia y anticipó que buscará impulsar nuevas inspecciones en diferentes centros médicos y especialidades.
Uno de los puntos centrales expuestos por Mariño está relacionado con la facturación de estudios médicos que, según afirmó, no habrían sido realizados en su totalidad.
En particular, hizo referencia a un servicio de neumología donde se habrían registrado hasta 11 estudios por paciente, aunque solamente uno habría sido efectivamente realizado.
De acuerdo con el cálculo realizado por el profesional a partir del nomenclador vigente, los estudios presuntamente facturados y no realizados representarían entre $800.000 y $850.000 por paciente.
Mariño sostuvo que esta situación se habría extendido durante aproximadamente tres años, con un promedio de 15 pacientes semanales.
“Yo saqué la cuenta con el nomenclador. A fecha de hoy son aproximadamente 800, 850 mil pesos por paciente”, señaló.
El médico consideró que la magnitud económica podría ser todavía mayor una vez que se realicen auditorías sobre otros servicios.
Mariño adelantó que solicitará que se profundicen las auditorías sobre diferentes áreas de atención médica.
Entre los servicios que mencionó aparecen oftalmología, laboratorio, neumología, urología y traumatología. También pidió revisar contrataciones relacionadas con ambulancias, internación domiciliaria y prótesis dentales.
En cuanto a las prácticas quirúrgicas, planteó la necesidad de comparar los partes médicos con la facturación efectuada al organismo.
Según explicó, podrían existir casos en los que se hayan incorporado más códigos de prácticas de los que realmente fueron realizados.
“Te opero una cosita, pero facturo como que te operé seis”, ejemplificó.
Para Mariño, este tipo de situaciones puede ser comprobado mediante peritajes médicos, contables y la revisión de las historias clínicas.
Otro de los elementos que el profesional incorporó a sus cuestionamientos está relacionado con órdenes electrónicas que, según afirmó, habrían sido generadas utilizando el usuario y la clave de otro médico.
Mariño relató que se comunicó personalmente con un reconocido médico y dirigente político de Río Grande luego de detectar órdenes emitidas con sus credenciales.
Según el relato del denunciante, el profesional le aseguró que no había generado esas órdenes y posteriormente habría sido incorporado como testigo en la causa.
Mariño sostuvo además que en uno de los casos detectados se habrían generado 14 órdenes electrónicas para un paciente sin que se hubiera realizado ninguno de los estudios correspondientes.
En este sentido, consideró que la investigación informática podría permitir determinar desde qué dispositivos y direcciones IP fueron generadas esas órdenes.
Durante la entrevista, Mariño también mencionó como uno de los hechos que más llamó su atención la existencia de órdenes vinculadas con estudios de fertilidad en personas de edades avanzadas.
Puntualmente, hizo referencia a un caso de una persona de 80 años y a otro correspondiente a una mujer de 64 años que, según señaló, atravesaba un cuadro oncológico.
El profesional cuestionó la pertinencia médica de esas prácticas y sostuvo que deberán analizarse las historias clínicas para determinar qué estudios fueron solicitados, si efectivamente fueron realizados y cuál fue el motivo de su indicación.
“¿Cómo una persona de 80 años va a querer quedar embarazada? ¿Para qué se le hace ese estudio?”, planteó durante la entrevista.
Mariño sostuvo que no existiría una justificación científica coherente para determinadas prácticas y que esos casos deberían ser sometidos a una evaluación médica especializada.
Otro de los puntos de la denuncia estaría relacionado con prácticas de biofeedback y el uso de determinado equipamiento.
Mariño rechazó la posibilidad de que funcionarios administrativos o auditores puedan establecer una homologación de equipamiento médico por fuera de los organismos competentes.
Según explicó, existe un organismo oficial encargado de este tipo de procedimientos y cuestionó que se pretenda justificar la utilización de determinados equipos bajo el argumento de que se buscaba beneficiar económicamente a los afiliados.
El médico también puso el foco en los valores económicos involucrados. Según afirmó, una sesión de biofeedback tendría un costo superior a los $180.000, mientras que el equipamiento alternativo al que hizo referencia tendría un costo aproximado de $30.000.
“Perjudicaron mucho más al PAMI si pretendían hacer un beneficio económico”, sostuvo.
Uno de los aspectos más relevantes de la entrevista fue el relato de Mariño sobre las advertencias que, según afirmó, realizó desde marzo de 2025.
El profesional sostuvo que mantuvo reuniones con autoridades del PAMI y que en una de ellas se le habría indicado que las situaciones denunciadas debían ser manejadas internamente y sin exposición pública.
Según su versión, pese a las advertencias y a una inspección realizada posteriormente, el prestador cuestionado habría continuado funcionando.
Mariño afirmó que, ante la falta de respuestas, terminó realizando distintas presentaciones y denuncias.
También aseguró haber enviado numerosos correos electrónicos a autoridades del organismo, sin obtener respuestas formales.
Consultado sobre si había sufrido algún tipo de presión por avanzar con sus denuncias, Mariño afirmó que existieron comentarios que interpretó como una advertencia respecto de su continuidad como prestador.
Según relató, se le habría insinuado que su condición de prestador podía verse afectada.
El médico aclaró que no cuenta con elementos para probar esa situación y señaló que la advertencia habría sido realizada de manera verbal.
“Si querés, te envío un mail o decime dónde firmo para darme de baja”, habría respondido ante esa situación, según relató.
Mariño sostuvo que la denuncia presentada ante la Justicia constituye solamente el comienzo de un proceso que, a su criterio, debería extenderse a otros servicios y establecimientos.
“Cuando se abre esta caja de Pandora va a ser mucho más”, afirmó al referirse a la posibilidad de que aparezcan nuevas situaciones durante las auditorías.
También consideró que las cifras involucradas podrían superar ampliamente las estimaciones iniciales mencionadas públicamente.
El profesional señaló que existen procedimientos que deberían ser cotejados entre la práctica realizada, la historia clínica, la foja anestésica y la facturación presentada ante PAMI.
Por el momento, Mariño indicó que se encuentra a la espera de que la Justicia analice la documentación presentada y determine las primeras medidas.
Su abogado, Guillermo Aramburu, le habría informado que el expediente recién se encuentra en sus primeras etapas y que será necesario esperar el análisis de la documentación antes de avanzar con citaciones, peritajes y otras medidas de prueba.
El médico insistió en que, a su entender, no se trata de hechos aislados ni de simples errores administrativos.
“Esto fue una secuencia de hechos, no fue una equivocación. No son tres años de equivocación facturando esto”, afirmó.
La denuncia deberá ahora ser analizada por la Justicia Federal, que tendrá a su cargo determinar si las situaciones planteadas configuran delitos, establecer el alcance de las presuntas irregularidades y determinar eventuales responsabilidades.
Cabe señalar que las acusaciones formuladas por Mariño constituyen una denuncia y deberán ser corroboradas mediante la investigación judicial correspondiente.