Gastón Castillo: “Es necesario que la provincia conozca qué está entrando al puerto, cuánto recauda y dónde van esos fondos”

El trabajador del Puerto de Ushuaia, Gastón Castillo, volvió a cuestionar la situación generada a partir de la intervención del puerto de Ushuaia y puso el foco en la falta de información sobre los recursos que se están utilizando, las contrataciones realizadas y el movimiento económico que registra actualmente la terminal portuaria.

En diálogo con FM Del Pueblo, Castillo se refirió a la reciente resolución del juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, quien ordenó que la intervención presente información relacionada con los fondos utilizados y las distintas operaciones desarrolladas durante los últimos meses.

Según explicó, la medida judicial se originó a partir de una presentación realizada por El Diario del Fin del Mundo, luego de que el medio solicitara documentación a la intervención y no obtuviera una respuesta satisfactoria.

“Ellos habían solicitado en su momento a la intervención directamente una serie de documentación. No fue contestado o fue contestado de forma escueta”, relató Castillo.

Ante esa situación, se presentó un amparo por mora y finalmente la Justicia estableció que la intervención deberá responder sobre distintos aspectos vinculados con el funcionamiento del puerto.

“Va a tener que responder no sólo por los fondos, sino por todo tipo de contrataciones que hicieron, todo tipo de gastos, todo tipo de facturación, liquidación, básicamente todo lo que se hizo dentro del puerto durante estos meses”, explicó.

Castillo consideró positiva la intervención de la Justicia, aunque cuestionó que haya sido necesario recurrir a esa instancia para acceder a información que, según sostuvo, debería estar disponible de manera pública.

“Como un organismo nacional están para eso”, afirmó, al remarcar que en el ámbito provincial existen organismos de control a los que los medios y ciudadanos pueden recurrir para solicitar información.

En ese sentido, planteó que el acceso a los datos vinculados con la administración del puerto no debería depender de una resolución judicial. “Es información pública y tenemos que tener conocimiento todos, todos los medios y todas las personas, ciudadanos de Tierra del Fuego, de la Nación Argentina”, sostuvo.

El trabajador señaló además que el plazo establecido para que la intervención responda sería de diez días hábiles y consideró especialmente importante que también se explique por qué no se respondió oportunamente a los pedidos de información.

“Vamos a ver qué es lo que dan ahora”, expresó Castillo, quien manifestó sus dudas respecto de la información que finalmente será presentada y sostuvo que también deberán conocerse las contrataciones realizadas desde que se produjo el desplazamiento del personal de la Dirección Provincial de Puertos.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por el trabajador está relacionado precisamente con la situación de los empleados de la DPP. Castillo sostuvo que, mientras trabajadores que desarrollaban históricamente tareas en el puerto fueron desplazados, existe la sospecha de que se habría incorporado personal externo para cubrir esas funciones.

“Estamos seguros de que han estado contratando gente para cubrir los lugares que legítimamente nos corresponde a los empleados de la DPP”, afirmó.

Según explicó, el puerto es una empresa de servicios y necesita contar con personal para desarrollar las distintas tareas operativas. Por ese motivo, si los trabajadores que realizaban esas funciones ya no están cumpliendo sus tareas habituales, el servicio necesariamente debe ser cubierto de alguna manera.

“Van a necesitar o contratar nuevo personal o empresas que hagan las veces de lo que hacían los empleados, de las funciones que cumplían los empleados”, señaló.

Castillo sostuvo que la documentación que deberá entregar la intervención permitirá determinar si efectivamente se produjeron esas contrataciones, qué empresas participaron y cuánto dinero fue destinado a esas tareas.

Otro de los aspectos que planteó durante la entrevista está relacionado con la documentación y las certificaciones que actualmente se utilizan para garantizar la operatividad del puerto.

El trabajador afirmó que la infraestructura y las habilitaciones portuarias corresponden a la Dirección Provincial de Puertos y cuestionó que, pese al desplazamiento de las autoridades provinciales, se continúen utilizando certificaciones y documentación que fueron obtenidas oportunamente por la DPP.

“Las habilitaciones portuarias son de la Dirección Provincial de Puertos. Toda la propiedad, todo lo que corresponde a la infraestructura es de la Dirección Provincial de Puertos”, sostuvo.

Castillo consideró que esta situación genera interrogantes respecto de cómo se está garantizando actualmente la seguridad y la operatividad de la terminal portuaria.

“Nosotros éramos un puerto seguro y ahora ellos también son un puerto seguro gracias a que nosotros éramos un puerto seguro”, manifestó, al cuestionar que se utilicen certificaciones correspondientes a una estructura operativa que anteriormente estaba bajo responsabilidad de la Dirección Provincial de Puertos.

El trabajador también remarcó que el puerto de Ushuaia tiene una actividad económica mucho más amplia que el movimiento de cruceros. Explicó que se trata de un puerto multipropósito que concentra actividad turística, pesquera y de cargas.

“Nosotros tenemos un puerto multipropósito, porque nuestro puerto no es sólo de cruceros en temporada, sino que aparte de cruceros tenemos la pesca y tenemos la carga. Para nosotros lo más importante como puerto es la carga”, explicó.

En particular, destacó la importancia del movimiento de mercaderías y del almacenamiento como una de las principales fuentes de recaudación de la terminal portuaria.

De acuerdo con sus estimaciones, durante la temporada de cruceros la recaudación puede ubicarse aproximadamente entre los 4.000 y 5.000 millones de pesos mensuales, mientras que durante los meses de menor actividad podría acercarse a los 1.000 millones de pesos.

Castillo aclaró que se trata de cifras que dependen del movimiento registrado cada mes, pero remarcó que la magnitud de esos recursos hace todavía más importante conocer el destino de los fondos.

“Es necesario que la provincia conozca qué es lo que está entrando al puerto y cuánto recauda el puerto. Y dónde van esos fondos, eso es lo más importante, dónde van y en qué se gastan”, enfatizó.

Además, explicó que el movimiento de cargas se mantiene durante todo el año y que una parte importante está relacionada con el abastecimiento de la industria fueguina.

“Tenemos carga todo el tiempo, porque la carga que viene es abastecimiento para la industria”, señaló, y mencionó como ejemplo el ingreso de equipamiento destinado a la usina y a las fábricas instaladas en la provincia.

En ese punto, advirtió que la situación industrial de Tierra del Fuego también tiene un impacto directo sobre la actividad portuaria. “Si las fábricas dejan de funcionar, nos afecta directamente”, sostuvo.

Para Castillo, conocer la información económica y operativa del puerto resulta fundamental en un contexto en el que existen interrogantes sobre el nivel de actividad y sobre el destino de los recursos generados.

“Ahora nos vamos a enterar con el tema de lo que informe la intervención, si han bajado el tema de las cargas y demás, porque tienen que dar esa información operativa”, manifestó.

El trabajador también se refirió al rol de las autoridades provinciales y reclamó una posición más firme frente a la situación generada en el puerto.

Según relató, durante los últimos días mantuvieron reuniones en Buenos Aires con diputados y distintos sectores políticos y sindicales para explicar lo ocurrido y buscar respaldo a nivel nacional.

Castillo contó que varios dirigentes nacionales no estaban al tanto de la situación en profundidad y que, al conocer los detalles de la intervención, expresaron su preocupación.

“Nosotros necesitaríamos más pronunciamientos”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que existe preocupación entre los trabajadores por lo que consideran una falta de reacción suficiente por parte de los actores políticos de la provincia.

“Hay mucho silencio todavía”, expresó Castillo, al señalar que desde su perspectiva debería existir una manifestación más contundente frente a las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional.

El trabajador destacó particularmente el acompañamiento recibido de algunos diputados nacionales y contó que, a través de esas gestiones, pudieron participar de reuniones y encuentros con dirigentes vinculados a la actividad portuaria de todo el país.

También mencionó el respaldo recibido por parte del diputado nacional Carlos “Coqui” Araujo, quien, según explicó, facilitó contactos para que los trabajadores pudieran exponer la situación en una jornada portuaria y posteriormente ante distintos bloques de la Cámara de Diputados.

Castillo señaló que también mantuvieron encuentros con integrantes del bloque de Fuerza Patria y con la diputada Andrea Freites, a quienes transmitieron detalles sobre el conflicto.

Finalmente, adelantó que medios nacionales comenzaron a prestar atención a la situación del puerto de Ushuaia y que se esperan informes periodísticos sobre la intervención.

Para Castillo, la difusión a nivel nacional puede contribuir a que el conflicto tenga mayor visibilidad y a que se conozca la situación que atraviesan los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos.

Mientras tanto, los trabajadores esperan que se cumpla el plazo fijado por la Justicia y que la intervención entregue la documentación requerida. Para Castillo, esa información será clave para conocer qué ocurrió durante estos meses, cuánto dinero ingresó al puerto, cuánto se gastó, qué contrataciones se realizaron y cuál fue el destino de los fondos generados por una de las principales terminales portuarias de Tierra del Fuego.