La Justicia ordenó que Mariana Hruby pague $9 millones por incumplir una orden judicial de OSEF

La resolución fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 2 de Ushuaia, en el marco de una causa iniciada por la familia de una afiliada que había recurrido a los tribunales ante la falta de cumplimiento de una prestación por parte de la obra social.

Según consta en el expediente, en mayo de 2025 la Justicia había establecido una multa de $9 millones, correspondiente a sanciones acumuladas como consecuencia del incumplimiento de una resolución judicial que ordenaba garantizar la cobertura reclamada.

Inicialmente, el reclamo económico había alcanzado a integrantes del Directorio de OSEF y posteriormente fue ampliado a Hruby. Con el avance de la causa y una vez acreditado el embargo sobre sus haberes, el juzgado resolvió avanzar con la ejecución de la sanción.

Uno de los aspectos centrales de la resolución es el destino del dinero. La Justicia dispuso que los $9 millones sean transferidos directamente a la cuenta bancaria informada por la madre de la paciente que había iniciado el reclamo judicial. También ordenó comunicar la medida al Banco de Tierra del Fuego y estableció que Hruby deberá afrontar los gastos correspondientes a esta instancia del proceso.

El caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de OSEF y la situación de afiliados que deben recurrir a la Justicia para acceder a prestaciones vinculadas con su salud. En este expediente, la sanción no se originó únicamente en la discusión sobre una cobertura, sino en el incumplimiento de una orden judicial que ya había sido dictada para garantizarla.

La resolución representa además una señal respecto de las responsabilidades que pueden recaer sobre quienes se encuentran al frente de organismos estatales cuando no cumplen con decisiones emanadas de los tribunales.

El episodio se suma a los distintos reclamos de afiliados, prestadores y trabajadores que durante los últimos años han expuesto las dificultades que atraviesa la obra social estatal fueguina. En este caso, una familia que debió acudir a la Justicia para obtener una prestación terminó recibiendo una respuesta económica luego de que el tribunal avanzara contra quien fuera titular de OSEF.

La medida deja planteado, una vez más, el debate sobre las consecuencias que genera para los afiliados tener que judicializar prestaciones que deberían estar garantizadas y sobre las responsabilidades personales que pueden surgir cuando una orden judicial no es cumplida en tiempo y forma.