Autofarma cerró sus sucursales en Santa Cruz y dejó a trabajadores y usuarios en una situación crítica

La situación fue relatada por Karina Vera, trabajadora de Autofarma en Río Gallegos, quien explicó que la empresa decidió dejar de operar debido a la grave crisis financiera que atraviesa. Según indicó, durante una reunión mantenida con representantes del Ministerio de Trabajo, el sindicato y los propietarios de la firma, se comunicó que no existían recursos suficientes para continuar sosteniendo la actividad.

De acuerdo con el relato de la trabajadora, la empresa argumentó que no contaba con fondos para mantener abastecidas las farmacias y que continuar abiertas implicaría seguir acumulando deudas con los empleados y los proveedores. Por ese motivo, se resolvió interrumpir la actividad y avanzar con las acciones correspondientes para afrontar la situación laboral y financiera.

El cierre tomó por sorpresa a buena parte de los trabajadores, aunque Vera aclaró que las dificultades económicas de la empresa no eran desconocidas. Los empleados ya tenían conocimiento de la existencia de importantes deudas y venían atravesando desde hacía meses problemas para cobrar sus salarios en tiempo y forma.

La situación salarial es uno de los principales reclamos. Según explicó Vera, los trabajadores tienen pendientes los haberes correspondientes a junio y julio, además del aguinaldo y los días trabajados durante agosto. La incertidumbre se profundiza porque, al momento de la entrevista, muchos empleados todavía no habían recibido los telegramas que formalizarían el cierre de la relación laboral.

“Nosotros venimos trabajando prácticamente gratis durante tres meses”, sostuvo la trabajadora al describir la situación que atravesaron durante los últimos meses. Según explicó, los empleados continuaron cumpliendo con sus tareas mientras esperaban que la empresa pudiera recomponer su situación económica y regularizar los pagos.

Vera también hizo referencia a las deudas que Autofarma mantenía con distintas obras sociales y señaló que el atraso en los pagos terminó afectando directamente la capacidad de la empresa para afrontar sus obligaciones. Si bien mencionó especialmente la deuda que mantiene la obra social estatal de Tierra del Fuego, aclaró que el cierre de Autofarma responde a un conjunto de problemas acumulados y no exclusivamente a un acreedor.

La trabajadora consideró que la empresa había asumido durante un tiempo un nivel de exposición financiera que finalmente se volvió difícil de sostener. En el caso de las farmacias, explicó, el costo de los medicamentos implica una importante inversión que debe recuperarse posteriormente a través de los pagos de las obras sociales y otros financiadores.

Según su relato, la falta de esos recursos generó una cadena de incumplimientos que alcanzó a distintos sectores. “No se paguen a proveedores, no se paguen aportes, no se paguen sueldos”, enumeró al describir las consecuencias que tuvo el deterioro financiero de la empresa.

Sin embargo, uno de los aspectos que mayor preocupación genera en Santa Cruz es el impacto que el cierre tiene sobre los usuarios. Vera advirtió que en algunas localidades la situación es particularmente grave porque Autofarma era la única farmacia disponible.

La trabajadora explicó que existen localidades pequeñas donde, tras el cierre, los vecinos deberán trasladarse alrededor de 60 kilómetros para conseguir medicamentos. La distancia representa una dificultad considerable para personas mayores, pacientes que necesitan tratamientos permanentes y familias que no cuentan con medios propios para trasladarse.

“Hay localidades que se quedaron sin farmacia”, señaló Vera, al remarcar que el conflicto dejó de ser exclusivamente una cuestión laboral o empresarial y comenzó a convertirse en un problema que afecta directamente el acceso a la salud.

En Santa Cruz, Autofarma contaba con aproximadamente 12 o 13 sucursales. La cadena tenía presencia en distintas localidades y cumplía un rol importante en el abastecimiento de medicamentos, especialmente en comunidades donde la oferta de farmacias era limitada.

El cierre de los establecimientos también generó incertidumbre entre los trabajadores respecto de su futuro inmediato. Algunos locales ya habían cambiado sus cerraduras y dejaron de funcionar, mientras los empleados aguardaban comunicaciones formales de la empresa.

La falta de telegramas también generó dudas sobre cómo debían actuar los trabajadores. Vera explicó que algunos empleados no sabían si debían presentarse a trabajar o permanecer en sus domicilios, debido a que la empresa había comunicado informalmente el cierre pero todavía no había formalizado la situación individual de cada trabajador.

Frente a este escenario, los trabajadores recurrieron al Ministerio de Trabajo y comenzaron a avanzar con asesoramiento legal. Vera confirmó que ya hay abogados trabajando sobre el conflicto y que los reclamos se encuentran en proceso de judicialización.

El objetivo de los empleados es determinar cómo se resolverá el pago de los salarios pendientes, el aguinaldo y las demás obligaciones laborales que correspondan. También buscan establecer cuáles serán las condiciones de desvinculación y qué garantías tendrán para poder cobrar las sumas adeudadas.

La situación generó además un fuerte malestar entre los empleados hacia los responsables de la empresa. Vera relató que, durante la reunión del viernes, hubo un momento de tensión cuando los trabajadores reclamaron explicaciones por la demora en tomar decisiones y por haber sostenido durante meses una situación que terminó agravándose.

Según contó, el propietario manifestó que la empresa estaba en una situación de quiebra financiera y que había intentado sostenerla sin poder revertir el escenario. Para los trabajadores, sin embargo, la preocupación central está puesta ahora en recuperar lo que se les adeuda y obtener una respuesta concreta sobre sus derechos laborales.

El impacto económico tampoco se limita a quienes tenían un empleo directo en las farmacias. Vera explicó que cada trabajador forma parte de una cadena que involucra a otras personas y actividades. La pérdida de ingresos de una familia repercute sobre quienes brindan servicios de cuidado, educación, transporte, actividades deportivas y otros trabajos que dependen de esos salarios.

Pero en Santa Cruz la principal preocupación inmediata pasa por los usuarios. La desaparición de las farmacias de Autofarma deja un vacío en localidades donde no existen otras alternativas cercanas y obliga a los vecinos a trasladarse largas distancias para acceder a medicamentos.

El cierre de las aproximadamente 12 o 13 sucursales de Autofarma representa así un doble golpe para la provincia: por un lado, trabajadores que reclaman salarios adeudados y respuestas sobre su futuro laboral; por otro, comunidades que quedaron sin un servicio considerado esencial.

Mientras el conflicto avanza en el ámbito laboral y judicial, los trabajadores esperan que se formalicen las comunicaciones de la empresa y que se establezca un mecanismo para recuperar los haberes pendientes. En paralelo, queda planteado un problema que excede a Autofarma: cómo garantizar el acceso a medicamentos en aquellas localidades santacruceñas que quedaron sin una farmacia tras el cierre de la cadena.