Villegas adelantó que citarán a exfuncionarios de Energía por el radar de LeoLabs

Villegas explicó que la Dirección Provincial de Energía había sido convocada a brindar testimonio junto al intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, y el exsenador Pablo Blanco. Sin embargo, la declaración fue postergada luego de que el organismo provincial entregara, apenas 24 horas antes de la citación, la documentación que le había sido requerida.

El legislador señaló que la Comisión había intimado a la Dirección Provincial de Energía para que presentara información en un plazo de cinco días hábiles. Posteriormente, el organismo solicitó una prórroga de 15 días, pero vencido ese período no había remitido la documentación. Ante esa situación, los integrantes de la Comisión resolvieron citar a las autoridades. Finalmente, los documentos fueron presentados un día antes de la audiencia y se decidió postergar el testimonio para poder analizarlos previamente.

Villegas adelantó que en la próxima reunión de la Comisión, prevista para este jueves, se evaluará si vuelven a convocar a las actuales autoridades de Energía o si avanzan con citaciones a funcionarios que tuvieron participación durante el período en que se realizaron las obras vinculadas a las instalaciones eléctricas de la estancia El Relincho.

En ese sentido, mencionó como posibles convocados a Mancini, quien estaba al frente de la Dirección Provincial de Energía cuando se produjo la ampliación de las instalaciones eléctricas, y Mauricio Solorza, quien se desempeñaba como secretario de Energía. También recordó que Chiquito Villarreal ocupó posteriormente la conducción del organismo, aunque actualmente atravesaría problemas de salud que le impedirían prestar testimonio.

“Vamos a intentar reconstruir la verdad histórica de los hechos”, sostuvo Villegas al explicar el objetivo de la investigación. Según detalló, la Comisión busca reunir pruebas documentales, instrumentales y testimoniales para determinar cómo se produjo la instalación del radar, por qué fue autorizado y cuál fue la intervención de los distintos organismos y funcionarios involucrados.

El legislador remarcó que la investigación no tiene como objetivo anticipar responsabilidades, sino establecer primero qué ocurrió y, a partir de la valoración de las pruebas, determinar si corresponde citar a funcionarios o exfuncionarios y eventualmente atribuir responsabilidades políticas.

Uno de los testimonios que Villegas considera de mayor importancia es el del general Juan Martín Paleo, quien fue jefe del Estado Mayor Conjunto y había advertido públicamente sobre las implicancias que la instalación del radar podía tener para la seguridad nacional. La Comisión también mantiene contactos para convocar al exministro de Defensa Jorge Taiana.

Otro de los puntos que genera interrogantes es si el radar continúa funcionando. Villegas señaló que existen versiones contradictorias. Por un lado, el exsenador Pablo Blanco relató ante la Comisión que el 4 de julio de 2023 había mantenido una entrevista con autoridades de LeoLabs que le mostraron el radar en funcionamiento. Por otro lado, el legislador indicó que existe documentación según la cual funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones se habían presentado en la estancia El Relincho el 23 de junio de ese año y habían determinado que el radar debía dejar de funcionar.

Frente a esta contradicción, Villegas adelantó que solicitarán la intervención de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) para que equipos técnicos puedan verificar si el radar se encuentra actualmente operativo.

“Si así fuera, se estaría incumpliendo una orden de carácter nacional”, advirtió el legislador, aunque aclaró que determinar el funcionamiento actual del radar no constituye el cometido central de la Comisión Investigadora, que está concentrada en reconstruir la actuación de los organismos y funcionarios que intervinieron en el proceso.

Villegas también aportó un dato que, según afirmó, surge de la documentación reunida por la Comisión y contradice versiones que ubicaban el inicio del proyecto de LeoLabs en 2023. Según explicó, existen antecedentes que acreditan que desde noviembre de 2021 el apoderado de LeoLabs International ya realizaba gestiones ante la Dirección Provincial de Energía y el Ministerio de la Producción con la intención de instalar el radar en Tierra del Fuego.

“Eso lo tenemos acreditado”, afirmó, al considerar que la documentación permite descartar la versión de que la intención de instalar el radar surgió recién en 2023.

El legislador sostuvo que uno de los objetivos de la investigación será determinar si la habilitación del radar contó con la intervención de autoridades provinciales o si existió responsabilidad de organismos nacionales. En este punto, recordó las declaraciones cruzadas que se produjeron después de la instalación, particularmente entre el exministro Taiana y funcionarios provinciales respecto de quién había autorizado el funcionamiento del sistema.

Para Villegas, precisamente ese escenario de versiones contradictorias y falta de información clara fue uno de los motivos que llevaron a la conformación de la Comisión Investigadora.

Además, destacó que las reuniones de la Comisión son públicas y que cualquier ciudadano puede participar, preguntar e intervenir. También señaló que la documentación utilizada durante la investigación se encuentra disponible a través de la página web de la Legislatura provincial, con el objetivo de garantizar transparencia en el proceso.

Durante la entrevista, Villegas también se refirió a la interna del Movimiento Popular Fueguino y a la decisión del legislador Löffler de avanzar hacia una eventual candidatura a la Intendencia de Río Grande. El dirigente mopofista aseguró que celebra esa intención y que colaborará para que pueda concretarse.

En cuanto a su propio futuro político, Villegas evitó anticipar definiciones y sostuvo que todavía no tiene decidido qué hará el próximo año. Sin embargo, afirmó que mantiene firmes sus convicciones políticas y sus ideales dentro del Movimiento Popular Fueguino, partido al que pertenece desde hace más de tres décadas.

Finalmente, el legislador planteó también su preocupación por la situación educativa de la provincia y cuestionó que se haya naturalizado la continuidad del conflicto docente. En ese marco, comparó la falta de una resolución política para el conflicto educativo con la decisión del Gobierno provincial de dictar conciliación obligatoria en el conflicto de los trabajadores mineros, y reclamó que se analicen alternativas para encontrar una solución.