Raimbault confirmó que la Justicia dio cinco días a la ANPYN para responder la demanda de trabajadores del Puerto

El abogado Manuel Raimbault, representante de algunos de los trabajadores del Puerto de Ushuaia que quedaron impedidos de ingresar a sus puestos tras la intervención, confirmó que la Justicia ya dio un primer paso en la demanda presentada contra la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).

Según explicó durante una entrevista radial, el tribunal ordenó correr traslado de la presentación y otorgó al organismo nacional un plazo de cinco días para responder. De esta manera, Raimbault consideró que será la primera oportunidad en la que la ANPYN deberá brindar explicaciones judiciales sobre los hechos cuestionados por los trabajadores.

“El tribunal ha ordenado el traslado de la demanda. Se consumó el día antes de ayer, así que le dieron cinco días a ANPYN para que conteste la demanda”, señaló el letrado.

Raimbault aclaró que representa a un grupo de trabajadores, mientras que otros empleados afectados por la situación cuentan con representación de distintos profesionales. En su caso, explicó que el planteo judicial se encuentra enfocado específicamente en la situación laboral y en las consecuencias que tuvo la intervención sobre los derechos de los empleados.

“Nosotros lo hacemos desde la perspectiva laboral. Y me parece sumamente interesante porque va a ser la primera vez que el organismo nacional está obligado a justificar esta actuación”, afirmó.

Denuncia por violencia laboral

El abogado sostuvo que la presentación realizada ante la Justicia plantea que el ingreso al puerto y la posterior prohibición de acceso para determinados trabajadores constituyeron hechos que deben ser analizados desde la perspectiva de la violencia laboral.

Según describió, algunos empleados se encontraron de un día para otro con la imposibilidad de acceder a sus puestos de trabajo, mientras que también se habrían visto afectadas las actividades sindicales y las condiciones establecidas en los convenios colectivos.

“Lo que nosotros le planteamos al tribunal es que el ingreso por la fuerza al puerto y luego impedir el ingreso de los trabajadores y materialmente la actividad sindical constituye, además del impacto económico y sobre la vigencia del convenio colectivo, hechos de violencia laboral”, sostuvo.

En este sentido, mencionó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo como parte del marco normativo invocado en la demanda y remarcó que el impedimento no se limita únicamente a la imposibilidad física de ingresar a las instalaciones.

“La prohibición de ingreso no es solamente la prohibición de ingreso físico, sino también el impedimento funcional y administrativo de los trabajadores”, explicó.

“Una privatización por la fuerza”

Raimbault cuestionó duramente la forma en que se desarrolló la intervención y sostuvo que, desde su interpretación, el proceso implica un avance sobre la administración del Puerto de Ushuaia sin un marco normativo suficiente.

“Lo que se está haciendo en el puerto de la provincia de Tierra del Fuego es la privatización por la fuerza y de hecho, sin ningún marco normativo”, expresó.

Para fundamentar su postura, realizó una comparación con el proceso de reforma y privatización del sistema portuario argentino durante la década de 1990 y recordó los cuestionamientos judiciales que existieron en torno a la derogación de convenios colectivos mediante decretos.

A su entender, la situación actual resulta aún más grave porque, según manifestó, se estaría llegando a resultados similares sin que exista siquiera un instrumento normativo que respalde determinadas decisiones.

“Están haciendo exactamente lo mismo, pero sin siquiera un decreto”, afirmó.

El abogado también denunció la existencia de una supuesta “lista negra” de trabajadores a quienes se les impediría el acceso al puerto y sostuvo que esta situación forma parte de los hechos puestos en conocimiento del tribunal.

“Hay una lista negra, así lo estamos planteando en el juzgado, por la cual se le da una orden ilegal a una fuerza de seguridad para que no deje entrar a todos aquellos que tengan esa posibilidad”, señaló.

Preocupación por los controles y los recursos del puerto

Otro de los puntos planteados por Raimbault está vinculado con el rol que cumplen los trabajadores dentro de la estructura administrativa del puerto.

El letrado sostuvo que impedir el ingreso de empleados también puede afectar los mecanismos internos de control sobre expedientes, contrataciones y procedimientos administrativos.

“Un empleado público interviene en expedientes, controla los procesos y audita sobre la legalidad”, expresó, al tiempo que consideró que la estabilidad de los trabajadores estatales cumple también una función institucional.

En ese marco, cuestionó la posibilidad de que determinadas tareas que anteriormente realizaban empleados del puerto puedan ser tercerizadas o licitadas.

“Si no dejás controlar funcionalmente y administrativamente a los empleados, el problema es que el que está circunstancialmente en el cargo puede hacer cualquier cosa”, sostuvo.

Además, Raimbault manifestó su preocupación por el destino de los recursos generados por la actividad portuaria y aseguró que, durante el proceso judicial, solicitaron información sobre la administración de esos fondos.

Según indicó, la respuesta recibida generó nuevos interrogantes que forman parte de los cuestionamientos presentados ante la Justicia.

“Estamos empezando a revisar cómo empezó y cómo termina todo esto”, afirmó.

El puerto como cuestión de soberanía

Más allá de la discusión estrictamente laboral, Raimbault consideró que la situación del Puerto de Ushuaia tiene una dimensión institucional y estratégica para Tierra del Fuego.

“El puerto para Tierra del Fuego es sinónimo de soberanía”, remarcó.

En ese sentido, sostuvo que la condición insular de la provincia convierte a la infraestructura portuaria en un elemento central para la vida económica, territorial y estratégica del distrito.

“Nosotros somos una isla. No hay ninguna posibilidad de pensarse territorialmente y autónomamente en una isla sin puerto”, expresó.

También cuestionó la falta de pronunciamientos de algunos sectores políticos e institucionales frente a la intervención y planteó la necesidad de una discusión más amplia sobre el funcionamiento de las instituciones fueguinas.

“Frente a estos temas que son bisagra, que en realidad nos definen como provincia, algunos se hacen los distraídos”, manifestó.

A la espera de la respuesta de la ANPYN

Finalmente, Raimbault confirmó que la ANPYN tiene cinco días para contestar la demanda y anticipó que, en caso de no presentar una respuesta, solicitarán al tribunal que se tengan por reconocidos determinados hechos planteados en el expediente.

“Van a tener que explicarlo”, afirmó.

De acuerdo con los plazos procesales mencionados por el abogado, la respuesta del organismo nacional podría conocerse durante la próxima semana, dando continuidad a una causa que, según destacó, busca poner el foco en la situación de los trabajadores que quedaron fuera del Puerto de Ushuaia tras la intervención.