Grave institucional y un ataque a la transparencia: el concurso para la Defensoría del Niño no debe ser manoseado por conveniencia política

Bajo la premisa de una supuesta "falta de transparencia", la legisladora intenta instalar la duda sobre todo el procedimiento. Sin embargo, resulta imprescindible contextualizar la maniobra: Gracianía omite señalar que, entre los postulantes excluidos por la Comisión Evaluadora por no acreditar la idoneidad ni los años de residencia exigidos por la normativa, se encontraban la madre y la hermana del diputado nacional libertario Santiago Pauli.

​Cuestionar las reglas del juego recién cuando los allegados directos de su propio espacio político quedan fuera del filtro técnico deja al descubierto una intencionalidad que dista mucho de la búsqueda de idoneidad. Hablar de los "45 excluidos" como víctimas de un reglamento difuso es desmerecer el trabajo técnico de una comisión evaluadora y, peor aún, subestimar a los profesionales que sí cumplieron con cada requisito en tiempo y forma.

​Lo más preocupante de esta postura es la falta de seriedad con la que se ensucia un proceso participativo de oposición y antecedentes. Pretender anular el concurso y reiniciar todo el trámite atenta contra la seguridad jurídica de quienes compitieron limpiamente. Además, borra la diferencia fundamental entre la idoneidad acreditada por concurso público y la mera designación a dedo de un cargo que jamás debería responder a favores ni especulaciones de la política partidaria.

​La infancia de la provincia necesita una institución sólida, legítima y con autoridades elegidas por su capacidad técnica y ética. Deslegitimar el concurso público para revertir el descarte de parientes o para especular con el costo político solo logra debilitar de entrada la figura de la futura Defensoría. La Legislatura debe sostener la transparencia de los actos concluidos y no ceder ante presiones que buscan amoldar los mecanismos institucionales según quién quede de cada lado de la lista.