Buque británico en Ushuaia: “Nuestro pedido de informes buscar determinar todas las responsabilidades, sin excluir a Nación ni a provincia"

 Ante las distintas interpretaciones que se han 
realizado sobre nuestro pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados de la 
Nación respecto del ingreso y permanencia de un buque petrolero de bandera británica en 
el Puerto de Ushuaia, consideramos necesario realizar algunas aclaraciones.
El pedido de informes fue presentado para que el Gobierno Nacional informe y explique las 
decisiones adoptadas en relación con el buque, teniendo en cuenta que el Puerto de 
Ushuaia se encuentra bajo intervención y competencia nacional. Queremos saber qué 
organismos intervinieron, qué autorizaciones fueron otorgadas, quiénes participaron de 
esas decisiones y bajo qué criterios se permitió la operación de una embarcación de 
bandera británica en un puerto de enorme importancia estratégica para nuestro país.
Esto, sin embargo, no implica de ninguna manera eximir de responsabilidades al Gobierno 
de Tierra del Fuego.
Por el contrario, frente a la información que ha trascendido y a las propias explicaciones 
brindadas por el Gobierno Nacional, consideramos indispensable determinar también qué 
conocimiento y qué participación tuvo el Gobierno provincial en las instancias previas 
vinculadas con la operación del buque en jurisdicción provincial.
Si existieron autorizaciones, gestiones o comunicaciones de organismos provinciales 
vinculadas con la operación hidrocarburífera, esas actuaciones también deben ser 
explicadas y documentadas. No estamos dispuestos a que ninguna jurisdicción eluda las 
responsabilidades que le correspondan.
Nuestra posición es clara: no se trata de elegir entre responsabilizar a Nación o 
responsabilizar a Provincia. Se trata de determinar qué hizo cada uno, qué 
competencias tenía, qué sabía y qué decisiones tomó.
La situación adquiere una gravedad particular porque involucra a un buque de bandera 
británica y se produce en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, una provincia 
directamente vinculada con la cuestión Malvinas y con la defensa de nuestros intereses 
soberanos en el Atlántico Sur.
Por eso entendemos que las explicaciones deben ser completas y transparentes.
Si el Puerto de Ushuaia estaba bajo intervención nacional, el Gobierno Nacional debe 
explicar las decisiones adoptadas dentro de su ámbito de competencia. Y si existieron 
actuaciones previas del Gobierno de Tierra del Fuego vinculadas con la operación del 
buque, la Provincia también debe explicar qué autorizó, qué sabía y cuándo lo supo.

Nuestro pedido de informes tiene precisamente ese objetivo: conocer la totalidad de 
los hechos y establecer la cadena de responsabilidades, sin encubrir ni eximir a nadie.
En materia de soberanía nacional no puede haber dobles discursos, omisiones ni 
responsabilidades diluidas. Cada funcionario y cada jurisdicción debe hacerse cargo de 
las decisiones que tomó.