El debate por el financiamiento de la educación en Tierra del Fuego sumó un nuevo eje durante el encuentro que legisladores provinciales mantuvieron con representantes del SUTEF. El legislador Pablo Villegas puso el foco en la estructura del gasto del Ministerio de Educación y reclamó una auditoría profunda sobre las más de 1,2 millones de horas cátedra autorizadas presupuestariamente.
Para Villegas, antes de avanzar con nuevos impuestos o incrementar los existentes para obtener recursos destinados a mejorar los salarios docentes, resulta necesario determinar cuánto dinero se destina actualmente al sistema educativo, cómo se distribuye y si existen partidas que puedan ser reasignadas.
“Hay más de un millón doscientas mil horas cátedra que la Legislatura tiene aprobadas con presupuestos anteriores. Discutamos el gasto en educación y, una vez que tengamos bien en claro en qué se gasta, si se gasta bien o se gasta mal, pasemos a otras cosas”, sostuvo.
El legislador calificó a las horas cátedra como un “agujero negro” y planteó la necesidad de conocer quiénes las perciben, qué tareas desarrollan y cuál es el impacto de esas erogaciones sobre el presupuesto educativo.
En ese sentido, mencionó una situación que, según explicó, conoció durante una visita realizada como integrante del Comité de Prevención de la Tortura. Allí habría tomado conocimiento de que trabajadores de la Casa de Cuidados Parentales percibían sus remuneraciones mediante horas cátedra, a partir de un convenio entre los ministerios de Justicia y Educación.
Para Villegas, este tipo de situaciones justifican una revisión integral del mecanismo. “¿Cómo vamos a empezar a discutir una ley de financiamiento creando o ampliando nuevos impuestos cuando no podemos discutir primero lo fundamental?”, cuestionó.
El legislador sostuvo que el debate debería comenzar por el funcionamiento interno del Estado y por la posibilidad de modificar prioridades presupuestarias. Según planteó, parte de los recursos actualmente destinados a determinados gastos podría ser redireccionada hacia áreas consideradas prioritarias, como educación, salud y seguridad.
“La solución pasa por cambiar el sistema o el orden de prioridades del gasto público, tomar algunas medidas y tratar de obtener cierto ahorro para poder afectarlo no solamente al sistema docente, sino al sistema de salud y también al sistema de seguridad”, explicó.
Villegas también cuestionó la posibilidad de recurrir a aumentos impositivos como primera alternativa para incrementar el financiamiento educativo. Recordó que un proyecto impulsado anteriormente por el SUTEF contemplaba incrementos tributarios, incluyendo una suba de Ingresos Brutos sobre la actividad hidrocarburífera, aunque señaló que esa alternativa estaría condicionada por compromisos asumidos por la provincia en el marco del pacto fiscal.
El planteo del legislador no se limitó a las horas cátedra. Como ejemplo de otros gastos que deberían ser revisados, mencionó un convenio entre el Ministerio de Educación y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires destinado a elaborar un digesto de normas del área.
Según afirmó, ese acuerdo representaba hace algunos años un desembolso de aproximadamente $25 millones mensuales. Villegas recordó que presentó un proyecto para dejar sin efecto la ley que ratificó dicho convenio.
Asimismo, volvió a plantear la necesidad de revisar el funcionamiento del Laboratorio del Fin del Mundo y consideró que parte de los recursos destinados a esa estructura podrían ser redireccionados hacia áreas esenciales.
“Empecemos a reducir gastos acá, gastos allá, antes de discutir la posibilidad de crear o aumentar impuestos”, resumió.
Durante el encuentro con representantes del SUTEF también se abordó la continuidad del conflicto docente. Villegas relató que consultó al secretario general del sindicato, Horacio Catena, sobre la posibilidad de suspender las medidas de fuerza hasta febrero en caso de alcanzarse un acuerdo salarial o avanzar en una herramienta específica de financiamiento.
De acuerdo con el legislador, desde el sindicato se planteó que la organización mantendría su derecho a continuar reclamando por salarios y a definir las medidas gremiales que considere necesarias.
En ese marco, Villegas sostuvo que el Poder Ejecutivo cuenta con herramientas para intentar garantizar el regreso a las aulas mientras continúa la negociación y mencionó la posibilidad de recurrir a una conciliación obligatoria.
Más allá de la discusión coyuntural por el conflicto docente, el legislador insistió en que el debate debería centrarse en la estructura del gasto público. Antes de determinar cuánto dinero adicional necesita el sistema educativo, consideró necesario establecer con precisión cómo se utilizan actualmente los recursos asignados, especialmente las más de 1,2 millones de horas cátedra autorizadas.
A partir de esa revisión, sostuvo, debería definirse si efectivamente es necesario crear nuevos mecanismos de financiamiento o aumentar la presión tributaria.