Una auditoría integral sobre el funcionamiento del régimen RUPE, la OSEF y distintos organismos provinciales expuso una serie de deficiencias en los mecanismos de control, registración y seguimiento de los recursos públicos destinados a prestaciones sociales y sanitarias en Tierra del Fuego.
El informe advierte sobre la existencia de procedimientos que no se encuentran debidamente formalizados, bases de datos y registros cuya confiabilidad fue cuestionada, demoras significativas en los procesos administrativos y dificultades para determinar y recuperar fondos adeudados.
Uno de los datos que mayor impacto genera es el volumen de recursos involucrados. Durante los primeros seis meses de 2025, las prestaciones vinculadas al régimen RUPE representaron aproximadamente $4.392 millones, de los cuales cerca del 95% correspondió a prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
La magnitud del gasto vuelve especialmente relevante la falta de mecanismos de control adecuados señalada en la auditoría. Según las observaciones realizadas, existen dificultades para contar con información consolidada y actualizada que permita conocer con precisión qué prestaciones fueron otorgadas, a quiénes, bajo qué condiciones y cuál fue el costo efectivo de cada una.
El informe también pone el foco en las demoras vinculadas con los pagos y los recuperos. La falta de determinación de determinadas acreencias durante períodos prolongados dificulta establecer cuánto dinero debería haber ingresado nuevamente al sistema y cuál es el nivel real de las obligaciones pendientes.
A esto se suma la ausencia o insuficiencia de procedimientos formalizados en distintas áreas, una situación que puede generar criterios dispares en la autorización, liquidación y control de las prestaciones.
La auditoría plantea así un escenario en el que el crecimiento del gasto no habría sido acompañado por herramientas de control y seguimiento acordes con el volumen de recursos administrados.
El caso adquiere especial relevancia en un contexto de fuerte presión sobre las cuentas públicas provinciales y de cuestionamientos recurrentes al funcionamiento de la obra social estatal. La información relevada plantea la necesidad de fortalecer los sistemas de registración, establecer procedimientos claros y mejorar los mecanismos de control sobre los fondos destinados a prestaciones.
Más allá del monto involucrado, uno de los principales interrogantes que deja el informe es cuánto dinero permanece sin determinar, cuánto podría recuperarse y desde cuándo existen esas diferencias.
La auditoría vuelve a colocar bajo la lupa el funcionamiento del Estado provincial y, particularmente, la necesidad de contar con información precisa y mecanismos de control que permitan garantizar que los recursos públicos destinados a salud, discapacidad y asistencia lleguen efectivamente a quienes los necesitan y sean administrados con criterios de transparencia y eficiencia.