Presentaron una acción judicial para frenar el proyecto petrolero “León Marino” en la zona de Malvinas

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) presentaron ante el Juzgado Federal de Río Grande una acción preventiva de daño ambiental y soberano contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.

La presentación quedó registrada bajo el expediente FCR 13706/2026, con la carátula “Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y otro c/ Rockhopper Exploration y otro s/ Civil y Comercial – Varios”.

La acción busca impedir el avance del proyecto petrolero denominado “León Marino”, ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, y alcanza también a quienes resulten responsables de la construcción y operación del emprendimiento y sus futuras ampliaciones.

Ambiente y soberanía

El eje central de la presentación es el concepto de “tutela ambiental soberana”, mediante el cual las organizaciones plantean que en un mismo espacio confluyen dos bienes jurídicos colectivos: el ambiente y la soberanía nacional.

En ese sentido, sostienen que una eventual explotación hidrocarburífera sin intervención de las autoridades argentinas no sólo podría generar consecuencias ambientales, sino que también afectaría la capacidad del Estado argentino para decidir, controlar, prevenir y fiscalizar las actividades desarrolladas sobre su territorio y sus recursos naturales.

La demanda plantea que, al tratarse de la plataforma continental argentina, la actividad debería quedar sometida a la legislación nacional y requerir las correspondientes autorizaciones y evaluaciones ambientales.

Cuestionan la ausencia de evaluación ambiental argentina

Uno de los principales argumentos de la acción es que las empresas involucradas no habrían iniciado ante la República Argentina el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ni contarían con el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental argentino.

Por ese motivo, los demandantes remarcan el carácter preventivo de la acción: consideran que no es necesario esperar a que ocurra un derrame o un daño irreversible para que intervenga la Justicia.

La presentación se fundamenta en los principios de prevención y precaución ambiental, particularmente frente a una actividad hidrocarburífera de gran escala.

El proyecto contempla 23 pozos

De acuerdo con la documentación incorporada a la presentación judicial, el proyecto “León Marino” contempla la construcción de 23 pozos, de los cuales 16 serían productores de petróleo, seis estarían destinados a la inyección de agua y uno a la inyección de gas.

El sistema estaría articulado mediante una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), con una capacidad estimada de procesamiento de aproximadamente 120.000 barriles diarios de petróleo y 140 millones de pies cúbicos diarios de gas.

La demanda también advierte sobre el impacto climático y ambiental asociado al emprendimiento. Según las estimaciones incorporadas, el desarrollo podría implicar alrededor de 9 millones de toneladas de dióxido de carbono, mientras que la quema del petróleo extraído generaría más de 100 millones de toneladas adicionales.

Además, se señalan posibles impactos sobre mamíferos y aves marinas, el fondo oceánico, la introducción de especies invasoras y el riesgo de derrames.

La corriente de Malvinas, otro de los argumentos

Los representantes del CECIM y AAdeAA también ponen el foco en la ubicación del proyecto y las características de las corrientes marinas de la región.

En particular, advierten que la Corriente de Malvinas se desplaza predominantemente hacia el norte, por lo que un derrame de magnitud podría trasladar contaminantes hacia otros sectores del Mar Argentino, alcanzando áreas productivas y ecosistemas sensibles alejados del punto de explotación.

Qué solicitaron a la Justicia Federal

Como medida cautelar, las organizaciones solicitaron a la jueza federal de Río Grande, Dra. Mariel Borruto, que disponga una medida de no innovar que impida el inicio o la continuidad de las obras vinculadas con “León Marino”.

El pedido incluye la paralización de perforaciones, movimientos del lecho marino, construcción de oleoductos, infraestructura de fondeo y demás trabajos relacionados con el proyecto y sus pozos asociados.

Pero el planteo judicial incorpora además un componente financiero. Se solicita impedir nuevos contratos de financiación, desembolsos, pagos, transferencias, aportes o garantías destinados a sostener la continuidad del emprendimiento.

También se pidió que una eventual decisión judicial sea comunicada a organismos y mercados internacionales, entre ellos la Financial Conduct Authority, London Stock Exchange, Israel Securities Authority, Tel Aviv Stock Exchange y New York Stock Exchange.

El antecedente de la Resolución 31/49 de Naciones Unidas

Otro de los fundamentos de la presentación es la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que exhorta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas mientras permanezca pendiente la solución de la disputa de soberanía.

Los demandantes consideran que la instalación de infraestructura petrolera permanente y la explotación masiva de recursos naturales durante décadas podría constituir una modificación unilateral de la situación existente.

¿Por qué la presentación se hizo en Río Grande?

La elección del Juzgado Federal de Río Grande está vinculada, según la presentación, con la dimensión ambiental, marítima, constitucional e internacional del conflicto y con el marco normativo que integra a las Islas Malvinas y sus espacios marítimos a la jurisdicción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Las organizaciones sostienen que acudir a la Justicia Federal de Río Grande constituye, además, una forma concreta de ejercer jurisdicción argentina sobre los espacios involucrados.

Las empresas cuestionadas

La presentación también incorpora antecedentes de las compañías demandadas.

Rockhopper Exploration, petrolera británica constituida en Inglaterra y Gales, mantiene una participación del 35% en el proyecto. Según la información aportada por los demandantes, la empresa fue declarada clandestina en Argentina en 2012 por desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización nacional y posteriormente fue inhabilitada por 20 años.

Por su parte, Navitas Petroleum, empresa petrolera israelí, controla el 65% del proyecto a través de Navitas Petroleum Development and Production Limited, sociedad constituida en el Reino Unido. La demanda señala que también fue declarada clandestina e inhabilitada en Argentina durante 20 años.

Una disputa que combina soberanía y ambiente

Desde el CECIM y AAdeAA sostienen que el planteo no se limita a una discusión sobre una explotación petrolera offshore, sino que busca instalar una discusión jurídica sobre la relación entre soberanía, recursos naturales y protección ambiental.

La acción pretende que la Justicia determine si un proyecto hidrocarburífero de gran escala puede avanzar sobre la plataforma continental argentina sin autorización y sin someterse previamente a los mecanismos de evaluación y control previstos por la legislación nacional.

El planteo quedó ahora en manos del Juzgado Federal de Río Grande, donde se deberá analizar la medida cautelar solicitada y los argumentos presentados por las organizaciones.