El intendente de Río Grande, Martín Perez, manifestó el acompañamiento del Municipio a la acción judicial presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande contra el proyecto de exploración y explotación hidrocarburífera en las inmediaciones de las Islas Malvinas.
La presentación fue realizada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata. Las organizaciones solicitaron la intervención de la Justicia Federal ante el riesgo de posibles daños ambientales y la afectación de los intereses soberanos de la Argentina.
Como medida cautelar, la acción pide que se suspendan las obras y operaciones vinculadas al proyecto mientras se determina el alcance de los eventuales impactos ambientales.
Los representantes de las organizaciones informaron que el Juzgado Federal de Río Grande ya emitió una primera resolución y dio intervención al Ministerio Público Fiscal.
Durante el encuentro, Perez confirmó el respaldo institucional del Municipio y planteó la necesidad de profundizar las acciones en defensa de la soberanía y los recursos naturales argentinos.
“Nosotros como Municipio vamos a acompañar esta iniciativa porque es una acción en defensa de nuestra soberanía vulnerada por una potencia colonial que usurpa nuestro territorio y explota ilegalmente nuestros recursos naturales”, afirmó.
El intendente anticipó además que el Ejecutivo municipal analiza avanzar junto al Concejo Deliberante en una estrategia institucional para acompañar la presentación judicial y promover una acción colectiva con otros intendentes y ciudades de la Patagonia.
Perez advirtió que una eventual explotación hidrocarburífera en el área podría generar consecuencias que excedan el territorio actualmente ocupado por el Reino Unido.
“Cualquier situación de daño ambiental que se pueda generar en Malvinas, en una explotación tan perjudicial como la que se quiere llevar adelante, es un riesgo también para nuestro mar argentino y para nuestras costas”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que el Municipio buscará trasladar el reclamo al Congreso de la Nación para impulsar un mayor acompañamiento institucional a las acciones vinculadas con la defensa de los recursos naturales y la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
También cuestionó la falta de medidas concretas por parte del Gobierno nacional y sostuvo que las gestiones diplomáticas deben estar acompañadas por acciones efectivas.
“Tenemos que llevar adelante acciones concretas. Río Grande es un faro de soberanía y es por eso que estamos acompañando esta iniciativa, como todas las iniciativas que se quieran presentar, de parte de quien sea, que tengan que ver con tratar de ponerle un freno a este avance británico en nuestro territorio”, remarcó.
El apoderado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, Jerónimo Guerrero, destacó el carácter de la acción judicial y sostuvo que busca responder a lo que considera una falta de intervención del Gobierno nacional.
“Esta acción que estamos presentando ante la Justicia Federal no es ni más ni menos que una acción frente a la inacción del Gobierno Nacional”, manifestó.
Por su parte, el abogado ambientalista Fabián Maggi destacó que la presentación fue trabajada durante un período prolongado y consideró relevante que se hayan incorporado en una misma acción los aspectos ambientales y soberanos.
“Esto de unir soberanía y ambiente es justamente lo que estaba haciendo falta para poder afrontar el escenario nacional que estamos atravesando, donde no hay custodia de la soberanía ni custodia de lo ambiental”, afirmó.
Maggi también valoró la primera respuesta del Juzgado Federal de Río Grande y confirmó que el Ministerio Público Fiscal ya fue puesto en conocimiento de la presentación.
La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, también respaldó el planteo y cuestionó la explotación proyectada en una zona próxima a las Islas Malvinas.
“Creemos que la explotación en esa zona tan próxima a las Islas Malvinas es ilegítima al tratarse de un espacio en disputa. Esos recursos son argentinos y fueguinos, no podemos permitir que estas potencias extranjeras extraigan hidrocarburos que nos pertenecen”, afirmó.
Zamora agregó que existe además una cuestión ambiental que debe ser analizada y sostuvo que no se habrían realizado los estudios de impacto ambiental correspondientes conforme a la legislación argentina.
La acción judicial busca que se suspendan las operaciones relacionadas con el proyecto y que se determine judicialmente la existencia y el alcance de eventuales daños ambientales.
Desde Río Grande, el planteo apunta a sumar el respaldo de instituciones fueguinas y de otros municipios patagónicos para reforzar la defensa de los recursos naturales, el ambiente y los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
Del encuentro participaron también el legislador Matías Lapadula y los concejales Jonatan Bogado y Walter Abregú.