por Redacción Del Pueblo
El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales del Gobierno de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, analizó el discurso del presidente Javier Milei y el renovado protagonismo que tuvo la cuestión Malvinas en la agenda nacional.
En diálogo con medios fueguinos, Dachary consideró que el discurso presidencial representa un cambio significativo respecto de la política desarrollada durante buena parte de la actual gestión nacional, aunque puso en duda la credibilidad del giro anunciado debido a los antecedentes de los últimos años.
“Salió de 180 grados en lo que es la gestión de Malvinas por parte de la Cancillería Nacional y la administración de Milei”, sostuvo.
El funcionario recordó que durante la actual gestión nacional se avanzó en acuerdos con el Reino Unido que, según su interpretación, facilitaron la logística y la cooperación en torno a las Islas Malvinas. En ese sentido, mencionó especialmente el acuerdo firmado entre la entonces canciller Diana Mondino y el ministro británico David Lammy.
Dachary planteó que, más allá de las razones políticas que puedan explicar el cambio de discurso presidencial, lo importante será determinar si las nuevas definiciones permiten “frenar la sangría” que, según afirmó, se viene produciendo en materia de soberanía y explotación de recursos naturales.
Uno de los principales puntos señalados por Dachary fue el desarrollo de proyectos hidrocarburíferos en el área de Malvinas, particularmente el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Rockhopper y Navitas.
El secretario advirtió sobre el impacto económico que podría tener la explotación petrolera para las islas. Según explicó, una producción inicial estimada en unos 55.000 barriles diarios podría modificar sustancialmente la estructura económica de Malvinas y reducir su dependencia financiera del Reino Unido.
“Argentina lo que tiene que hacer es complicarlo al Reino Unido, no favorecerlo”, afirmó.
En ese marco, destacó la importancia de recurrir a herramientas del derecho internacional y mencionó la posibilidad de avanzar ante organismos y tribunales internacionales para cuestionar la explotación de recursos naturales en el área.
También recordó que desde Tierra del Fuego se vienen realizando presentaciones y reclamos vinculados con las empresas involucradas.
Otro de los cuestionamientos centrales estuvo dirigido a la falta de participación de la provincia en decisiones vinculadas directamente con el Atlántico Sur.
Dachary sostuvo que resulta “muy triste” que Tierra del Fuego deba conocer por los medios de comunicación las decisiones nacionales relacionadas con su territorio y con la cuestión Malvinas.
En particular, reclamó una mayor coordinación entre Nación y Provincia y consideró que muchas de las medidas adoptadas durante los últimos años debieron ser revisadas antes.
Respecto del anuncio relacionado con la Base Naval Integrada de Ushuaia, Dachary marcó una diferencia conceptual que consideró importante.
Explicó que una base integrada supone la participación coordinada de las distintas fuerzas que componen las Fuerzas Armadas argentinas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
En cambio, señaló que hablar de una estructura combinada o conjunta con otro país implica la presencia de fuerzas extranjeras.
Para Dachary, la Base Naval Integrada constituye una necesidad estratégica para la región, aunque recordó que el proyecto ya se encontraba en desarrollo y cuestionó el desfinanciamiento que, según afirmó, sufrió durante la actual administración nacional.
“Si ahora se van a empezar a hacer las cosas bien, bienvenido sea”, sostuvo, aunque reclamó que el anuncio se traduzca en acciones concretas y sostenidas en el tiempo.
También planteó que no alcanza con construir infraestructura y que es necesario dotar a las Fuerzas Armadas de los medios necesarios para cumplir sus funciones, además de atender la situación salarial del personal militar.
Dachary también cuestionó la discontinuidad de algunas políticas desarrolladas durante la gestión anterior.
Entre ellas, mencionó la subsede de Cancillería que funcionaba en Tierra del Fuego y que permitía que funcionarios nacionales vinculados con Malvinas y Antártida tuvieran contacto directo con la realidad territorial.
Según indicó, desde diciembre de 2023 no se produjo ese tipo de presencia regular de funcionarios nacionales en la provincia.
El funcionario también cuestionó decisiones relacionadas con organismos y espacios de discusión sobre Malvinas, además de determinadas declaraciones y vínculos internacionales desarrollados durante la actual gestión.
Por ese motivo, consideró que existe un “historial completamente negativo” que dificulta creer automáticamente en el nuevo posicionamiento presidencial.
“Es difícil creer cuando vos tenés tantas sucesorias de cosas que aparte no es que nadie se dio cuenta”, expresó.
Dachary también se refirió a la presentación realizada ante la Justicia Federal de Río Grande por organizaciones vinculadas a la defensa ambiental y la soberanía.
Explicó que el proyecto Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y que, por su ubicación, corresponde a la jurisdicción del Gobierno nacional.
En ese sentido, destacó la importancia de las acciones judiciales impulsadas por organizaciones ambientalistas, especialmente ante lo que consideró una falta de participación de los organismos competentes en materia de evaluación ambiental.
“Todo lo que sirva, todas las acciones que frenen o desalienten lo que es el saqueo de nuestros recursos naturales, bienvenidas sean”, afirmó.
Otro de los temas abordados fue el acuerdo comercial entre empresas vinculadas a Malvinas y Punta Arenas para el abastecimiento de las islas.
Dachary aclaró que, de acuerdo con las declaraciones del alcalde de Punta Arenas, se trataría de una operación privada y no de una política impulsada por el gobierno chileno.
En ese sentido, destacó que Chile mantiene históricamente su respaldo a la posición argentina sobre Malvinas y recordó su participación anual ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas.
No obstante, adelantó que Tierra del Fuego trabaja en una nueva herramienta normativa para desalentar actividades de empresas que contribuyan a sostener la presencia británica en las islas.
El funcionario explicó que la denominada Ley Gaucho Rivero actualmente presenta limitaciones en cuanto a su ámbito de aplicación y que se analiza una nueva normativa provincial.
“Estamos tratando de generar todos los dispositivos desde la propia provincia”, sostuvo.
Finalmente, Dachary consideró positivo que la cuestión Malvinas haya recuperado protagonismo en la sociedad argentina.
Afirmó que esta nueva centralidad debería transformarse en una oportunidad para que la soberanía sea nuevamente abordada como una verdadera política de Estado.
“Si esto es un punto de inflexión y podemos mantener esto como una política de Estado, las cosas van a ser mucho más fáciles”, señaló.
En ese sentido, planteó que el debate sobre Malvinas debería convertirse también en un factor de decisión política de cara al próximo proceso electoral.
“Que nunca más volvamos a elegir un presidente que admiraba a Margaret Thatcher”, expresó.
Para Dachary, el desafío ahora será que el cambio de discurso se traduzca en medidas concretas destinadas a defender los recursos naturales, fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y recuperar el camino diplomático para sostener el reclamo de soberanía.