El reclamo de los policías territoriales retirados sumó un nuevo capítulo con la instalación de una carpa de protesta frente a la Jefatura de Policía de Río Grande. La medida fue adoptada luego de 15 meses de reclamos por el pago de sus haberes previsionales y ante la falta de una solución definitiva por parte de los organismos involucrados.
Alfredo Gatti, uno de los referentes del reclamo, explicó que la decisión de instalar el acampe se tomó luego de haber agotado distintas instancias institucionales y judiciales. En ese marco, recordó que el sector presentó además un pedido de juicio político contra el gobernador ante la Legislatura provincial.
“Nosotros hemos presentado el pedido de juicio político. Ahora les queda a las autoridades legislativas investigar todas las violaciones que hemos presentado y denunciado”, sostuvo Gatti, quien señaló que serán los legisladores quienes deberán determinar si corresponde avanzar con la investigación y establecer eventuales responsabilidades por acción u omisión.
El referente de los retirados apuntó directamente al Poder Ejecutivo y sostuvo que el gobernador, como máxima autoridad provincial, debe garantizar el cumplimiento de las normas vinculadas al sistema previsional.
“El gobernador tendría que haber hecho respetar primero la Constitución Provincial. Él es responsable y garante de todo el sistema previsional, tanto de la Policía como de la administración pública”, afirmó.
En esa línea, Gatti aseguró que el reclamo involucra presuntas vulneraciones a distintas normas. “Estamos denunciando la violación a la Ley de Policía, a la Constitución Provincial, a la Constitución Nacional y a tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional”, manifestó.
Respecto del acampe, Gatti fue categórico al señalar que la carpa permanecerá instalada hasta que exista una solución. “La carpa no se va a levantar hasta que esto se solucione”, afirmó.
El dirigente explicó que el sector decidió pasar de las protestas periódicas a una permanencia frente a la Jefatura debido al desgaste provocado por más de un año de reclamos sin respuestas.
“Hace 15 meses que venimos denunciando. Nos han dado la espalda desde el Poder Ejecutivo y la Justicia”, cuestionó.
También puso el foco en la situación particular de los integrantes del colectivo, muchos de ellos adultos mayores y con problemas de salud. Según señaló, existen personas con enfermedades crónicas y cuadros de gravedad, mientras que algunos de los integrantes que participaban del reclamo fallecieron durante este período.
“Muchas de las personas que nos sentimos perjudicadas somos gente mayor, estamos enfermos, tenemos enfermedades crónicas, algunas graves. Han fallecido lamentablemente algunos camaradas”, expresó.
Gatti también responsabilizó por la situación al directorio de la Caja de Previsión, a la Jefatura de Policía y al Poder Ejecutivo.
“Deberían haber hecho cumplir la ley y no lo hicieron. Lamentablemente no tenemos otra opción que montar la carpa y esperar que el resultado sea positivo para nosotros”, sostuvo.
El reclamo tiene además un fuerte componente social. De acuerdo con lo expresado por el referente, la falta de percepción de los haberes generó situaciones de extrema vulnerabilidad entre los retirados y sus familias.
Gatti denunció particularmente la retención total del denominado haber compensatorio y sostuvo que, a diferencia de otros trabajadores que pueden enfrentar embargos con límites legales, en este caso se estaría afectando el 100% del ingreso.
“Acá hay gente que está enferma, no tenemos obra social, hay gente en una situación extrema de gravedad, con enfermedades graves y terminales en algunos casos”, manifestó.
Durante sus declaraciones, el referente de los retirados cuestionó duramente la respuesta institucional que recibieron durante los últimos 15 meses.
“Yo vengo diciendo desde el primer día que a nosotros nos tratan como ciudadanos de segunda”, afirmó.
Y agregó: “Si nosotros no tenemos nuestros derechos, no están garantizadas las instituciones democráticas”.
En ese sentido, sostuvo que el incumplimiento de las normas afecta directamente la vigencia del Estado de Derecho. “No podemos hablar de un país democrático cuando hay gente que no tiene Estado de Derecho como nosotros”, expresó.
Mientras esperan una respuesta de las autoridades, los retirados resolvieron mantener la protesta de manera permanente frente a la Jefatura de Policía.
Para Gatti, la salida al conflicto es concreta: “Que asuman el compromiso de pago. No queda otra”.