La modificación fue establecida mediante la Resolución 351/2026, que habilita el ingreso a Tierra del Fuego de una mayor cantidad de partes y subconjuntos preensamblados o directamente colocados en su posición final.
Según explicó Man, esto implica una modificación sustancial del proceso productivo que se desarrolla actualmente en las fábricas de la provincia.
“Se redujo potencialmente un 50% lo que era el proceso de ensamble”, sostuvo la funcionaria al analizar el alcance de la nueva normativa.
A partir del nuevo esquema, las plantas fueguinas concentrarían una mayor proporción de sus tareas en controles de funcionamiento, ensayos de seguridad, detección de fugas, pruebas de encendido, conexiones eléctricas, algunas soldaduras y el ensamblaje final.
En consecuencia, distintas operaciones metalmecánicas que actualmente se realizan en Tierra del Fuego podrían dejar de efectuarse dentro de las fábricas.
Uno de los principales puntos de preocupación planteados por la Provincia está relacionado con el empleo.
Man explicó que actualmente existen trabajadores abocados a tareas como soldadura, plegado y curvado de caños, preparación de piezas y montaje de componentes. Con la modificación, algunas de esas piezas podrán ingresar a la provincia previamente armadas.
“Hay gente que antes hacía determinada función. Esos puestos se van a transformar en otras tareas o se van a eliminar por completo”, advirtió.
La funcionaria sostuvo que la Provincia presentó objeciones ante la Comisión para el Área Aduanera Especial y elaboró un informe técnico destinado al Gobierno nacional, con el objetivo de preservar determinadas operaciones dentro del territorio fueguino.
Desde el Ejecutivo provincial consideran que era necesario revisar algunos aspectos del proceso productivo para mejorar la competitividad, pero cuestionan que la reducción de mano de obra sea presentada como una de las principales herramientas para disminuir costos.
En ese sentido, Man señaló que existen otros factores que deberían analizarse, entre ellos los costos logísticos y de transporte, particularmente por el volumen que ocupan los equipos de aire acondicionado.
La secretaria también vinculó la modificación del proceso productivo con el nuevo escenario generado por la apertura de las importaciones y la eliminación de medidas antidumping que alcanzaban a equipos provenientes de China y Tailandia.
En ese contexto, las empresas del sector plantearon la necesidad de flexibilizar determinadas condiciones de fabricación para reducir costos y mejorar su capacidad de competencia frente a los productos importados.
Sin embargo, Man consideró que la industria fueguina enfrenta una dificultad estructural para competir directamente con los costos de producción de China.
La funcionaria señaló que los grandes volúmenes de fabricación, los subsidios y las características de la estructura laboral del gigante asiático generan una diferencia de costos que resulta difícil de compensar únicamente mediante modificaciones en las líneas de producción fueguinas.
La propuesta de modificación del proceso fue impulsada por la Unión Industrial Fueguina y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, entidades que representan a empresas del sector.
Uno de los escenarios que genera mayor incertidumbre es el de las empresas que dependen principalmente o exclusivamente de la fabricación de aires acondicionados.
Man advirtió que una reducción significativa de las tareas productivas y de la cantidad de trabajadores podría generar dificultades adicionales para sostener los costos fijos de las plantas.
“Nuestra mayor preocupación es qué va a pasar cuando las empresas más chicas tengan que adaptarse a esta flexibilización y se reduzca significativamente el empleo”, expresó.
Entre los casos mencionados se encuentra Carrier, una de las empresas monoproducto que mantiene actividad en la provincia. La funcionaria aclaró que todavía no existen precisiones respecto de cómo implementará la nueva modalidad ni cuál será su impacto concreto sobre la estructura laboral.
La Resolución 351/2026 comenzará a regir el 15 de diciembre, mientras que las empresas dispondrán de 180 días para adecuar sus líneas de producción.
Hasta el momento, según indicó Man, las compañías no comunicaron oficialmente un plan de despidos ni anticiparon reducciones concretas de personal.
Sin embargo, desde el Gobierno provincial advierten que la disminución de operaciones dentro de las plantas puede terminar teniendo consecuencias sobre el empleo si no se establecen mecanismos para preservar el nivel de actividad y el valor agregado generado en Tierra del Fuego.
La discusión vuelve así a colocar en el centro del debate el futuro del régimen industrial fueguino, en un contexto marcado por la apertura comercial, la presión sobre los costos y la necesidad de sostener puestos de trabajo en una industria que constituye uno de los principales motores económicos de la provincia.