Daniel Guzmán cuestionó el entramado petrolero vinculado a Malvinas y apuntó al Gobierno provincial

El periodista y veterano de guerra de Malvinas, Daniel Guzmán, analizó el escenario generado tras el anuncio del Gobierno nacional respecto de la aplicación de sanciones a empresas que realizan actividades hidrocarburíferas consideradas ilegítimas en las Islas Malvinas.

En diálogo con FM Del Pueblo, Guzmán puso nuevamente bajo la lupa el entramado societario de empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur y sostuvo que la trazabilidad de esas compañías permite observar conexiones entre las operaciones desarrolladas en Malvinas y las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan en Tierra del Fuego.

Uno de los principales puntos señalados fue la situación de Harbour Energy, empresa que habría adquirido activos anteriormente pertenecientes a Wintershall Dea. Según Guzmán, esa operación resulta relevante porque Harbour Energy también aparece vinculada a activos hidrocarburíferos en la provincia.

“Si uno tira de la cuerda, evidentemente aparece Harbour Energy”, sostuvo el periodista, al considerar que la situación debería ser investigada para determinar cómo se produjo el ingreso de la compañía al esquema de la Cuenca Marina Austral 1.

Cuestionamientos al Gobierno provincial

Guzmán apuntó especialmente contra el tratamiento que tuvo la información sobre la composición accionaria de la Cuenca Marina Austral 1 y afirmó que la Legislatura provincial debería investigar el proceso.

Según explicó, durante el tratamiento legislativo de la renovación de contratos petroleros se habría informado que el consorcio estaba integrado por TotalEnergies, Pan American Energy y Wintershall, pese a que esta última empresa ya había anunciado internacionalmente la venta de sus activos.

Para el periodista, no se trataría de un simple error administrativo.

“La primera irregularidad es política”, afirmó Guzmán, quien sostuvo que el Gobierno de Tierra del Fuego conocía los movimientos societarios y, aun así, habría permitido que la situación avanzara.

Además, recordó que funcionarios provinciales habían expresado anteriormente reparos frente al traspaso de activos de Wintershall a Harbour Energy.

El ingreso del buque BS Promise a Ushuaia

Otro de los ejes de la entrevista fue el ingreso al puerto de Ushuaia del BS Promise, un buque de bandera británica que llegó a la provincia para participar de una operación vinculada con el transporte de crudo.

Guzmán explicó que, luego de conocerse la presencia del buque, se generó una fuerte controversia en torno a la aplicación de la Ley Gaucho Rivero y a la autorización de ingreso de una embarcación de bandera británica.

Sin embargo, aseguró que documentación oficial incorporada al expediente demostraría que la Secretaría de Hidrocarburos de Tierra del Fuego había intervenido desde el 7 de agosto en el proceso relacionado con la carga de crudo.

“Realmente es un papelón”, sostuvo, al considerar que la documentación contradice la idea de que se trató simplemente de una decisión adoptada por las autoridades portuarias.

Guzmán indicó que la documentación que analizó consta de unas 119 fojas y que allí quedaría registrada la intervención de organismos provinciales en la operación.

Una trama que, según Guzmán, lleva años

El periodista recordó que desde hace varios años viene siguiendo la evolución de las empresas que participan en la explotación hidrocarburífera en Malvinas y sus vínculos con operaciones en territorio argentino.

En ese sentido, sostuvo que el reciente caso del BS Promise permitió visibilizar una problemática que, a su criterio, permanecía oculta detrás de modificaciones societarias y cambios de denominación empresarial.

“Esto que sucedió con el barco arma la rueda y pone al desnudo la situación de irregularidad y, sobre todo, de ilegalidad que se está cometiendo”, afirmó.

También destacó que las empresas que explotan hidrocarburos en Malvinas podrían quedar alcanzadas por la normativa argentina que establece sanciones para quienes participen en actividades hidrocarburíferas vinculadas con el territorio ocupado.

“Las leyes no son a voluntad”

Guzmán consideró positivo que el Gobierno nacional haya anunciado que hará cumplir la legislación vigente contra las empresas que operan en Malvinas, aunque manifestó sus dudas sobre la coherencia política de la administración de Javier Milei respecto de la cuestión Malvinas.

En ese marco, recordó que las normas que establecen sanciones a las compañías involucradas en actividades hidrocarburíferas en las islas fueron sancionadas en 2011 y continúan vigentes.

“Las leyes no son a voluntad o de cumplimiento según cambien los partidos políticos de gobierno”, remarcó.

Para el periodista, si el Estado nacional decide avanzar con la aplicación de esas normas, la medida debería alcanzar a todas las empresas que hayan participado de operaciones consideradas ilegítimas, independientemente del momento en que hayan desarrollado esas actividades.

Finalmente, Guzmán anticipó que desde Agenda Malvinas continuarán investigando la trama empresarial y aportando documentación a las causas judiciales que se tramitan en torno a la explotación de recursos hidrocarburíferos y la cuestión Malvinas.