Fernanda Gutiérrez explicó el fallo que desestimó la denuncia contra dos directoras por el registro de docentes

La denuncia y el fallo judicial

Fernanda Gutiérrez, secretaria de Gestión Educativa del Gobierno de Tierra del Fuego, explicó el alcance de la resolución judicial que desestimó una denuncia presentada contra dos directoras de establecimientos educativos de Río Grande, vinculada con el registro de las novedades y la asistencia del personal docente.

En diálogo con FM del Pueblo, la funcionaria señaló que las directoras fueron denunciadas ante la Justicia Penal en el marco de las tareas administrativas que tienen asignadas dentro de las instituciones educativas.

“Las instituciones deben llevar adelante lo que nosotros llamamos carga de novedades del personal docente, donde se registran todos los movimientos docentes dentro de un sistema que tiene el Ministerio de Educación”, explicó.

Según detalló, en ese sistema se registran las asistencias, licencias, altas, bajas y diferentes movimientos relacionados con la situación laboral de los docentes.

Gutiérrez remarcó que la Justicia analizó la presentación y determinó que los hechos denunciados no constituían un delito, por lo que las causas fueron desestimadas y archivadas.

“Eso no era un delito y, en todo caso, es una cuestión de orden laboral que debe discutirse en otro ámbito”, sostuvo.

El registro de las asistencias forma parte de las funciones directivas

La secretaria de Gestión Educativa aclaró que el registro de asistencia no constituye una decisión discrecional de los directores, sino una de las responsabilidades administrativas que tienen los equipos directivos.

Explicó que esta tarea existe desde hace años y que anteriormente se realizaba de manera manual, mientras que actualmente se utiliza un sistema administrativo denominado Sistema Único de Novedades.

“Siempre sucedió el registro. Ahora es un sistema, antes era manual, en papel, pero siempre existió”, señaló.

Dentro de ese mecanismo también se registran las situaciones relacionadas con la presencia o ausencia de los trabajadores y las horas trabajadas o no trabajadas.

Qué ocurre cuando un docente adhiere a un paro

Uno de los puntos abordados durante la entrevista fue la situación de los docentes que adhieren a las medidas de fuerza impulsadas por el sindicato.

Gutiérrez explicó que los docentes tienen derecho a realizar medidas gremiales, pero que la adhesión debe quedar registrada administrativamente.

“La novedad que se registra es adhesión al paro, porque si no es una inasistencia injustificada que también trae una consecuencia”, explicó.

De esta manera, cuando un trabajador no concurre a la institución, el equipo directivo debe registrar el motivo correspondiente. Puede tratarse de una licencia, una situación contemplada por la normativa o la adhesión a una medida de fuerza.

La funcionaria remarcó que el director no debe “adivinar” el motivo de la ausencia, sino que debe contar con la información necesaria para efectuar el registro correspondiente.

Los directores no deciden los descuentos

Gutiérrez también buscó diferenciar entre la función de registrar una ausencia y la decisión respecto de las consecuencias que pudiera tener esa situación.

“No es una atribución de los equipos directivos resolver, pero sí registrar”, afirmó.

En ese sentido, explicó que los directivos no son quienes determinan si corresponde realizar un descuento salarial o aplicar otra medida administrativa. Su responsabilidad consiste en dejar asentada la situación de cada trabajador.

Las consecuencias dependen posteriormente de la situación particular y del marco normativo correspondiente.

“El directivo no es el problema”

La funcionaria cuestionó además la posibilidad de que los directivos queden expuestos frente a sus propios compañeros por cumplir con una obligación administrativa.

En ese sentido, sostuvo que las funciones de los equipos directivos están establecidas por la normativa y que el registro de asistencia y novedades forma parte de sus responsabilidades.

“El problema no se resuelve penalmente. Y el directivo tampoco es el problema”, afirmó.

Gutiérrez consideró que quienes ejercen funciones gremiales conocen las obligaciones que tienen los equipos directivos y que el registro de las novedades no debería interpretarse como una acción de persecución contra los trabajadores.

Acompañamiento desde la Secretaría de Gestión Educativa

Finalmente, la secretaria explicó que desde el Gobierno provincial se acompañó a las directoras desde que tomaron conocimiento de la denuncia.

“Desde un primer momento, cuando tomamos conocimiento de esta situación, convocamos a la supervisión escolar y a los directivos afectados”, relató.

El objetivo fue explicarles que, de acuerdo con la evaluación realizada por la Secretaría, estaban actuando dentro de las misiones y funciones correspondientes a sus cargos.

Gutiérrez destacó que desde el organismo educativo no podían anticipar cuál sería la resolución judicial, pero finalmente tanto la Fiscalía como el juez interviniente coincidieron en que los hechos denunciados no constituían un delito.

La causa fue desestimada y archivada, mientras que desde la Secretaría de Gestión Educativa remarcaron que el registro de las asistencias y de las adhesiones a medidas de fuerza forma parte de los procedimientos administrativos habituales de las instituciones educativas.