Ariznavarreta analizó el nuevo régimen penal juvenil y advirtió sobre los desafíos para el Estado

En diálogo con **FM Del Pueblo**, el ex defensor del Poder Judicial de Tierra del Fuego, Dr. Gustavo Ariznavarreta, se refirió a la reciente modificación del régimen penal juvenil y al debate generado a nivel nacional en torno a la posibilidad de que adolescentes de entre 14 y 18 años sean alcanzados por el sistema penal ante determinados delitos.

Ariznavarreta sostuvo que la sanción de la nueva normativa no resulta inesperada, ya que durante los últimos 10 o 15 años se fue acumulando una fuerte presión social y mediática alrededor de la delincuencia infanto-juvenil.

“Esta es una ley que se veía venir”, afirmó, al considerar que en algún momento el reclamo por una modificación del sistema iba a traducirse en una respuesta legislativa.

Sin embargo, el especialista planteó que el principal interrogante no está solamente en el contenido de la nueva legislación, sino en **si el Estado cuenta con las herramientas necesarias para aplicarla efectivamente**.

### Un cambio respecto del viejo modelo

El ex defensor explicó que el sistema anterior estaba basado en una concepción de Estado paternalista, que permitía intervenir sobre los menores no solamente cuando habían cometido hechos delictivos, sino también cuando se encontraban en situaciones de abandono o vulnerabilidad.

Según explicó, ese modelo comenzó a cambiar a partir de la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la reforma constitucional de 1994.

“El Estado tiene que ser un garante de derechos”, señaló Ariznavarreta, al remarcar que el nuevo paradigma también exige que los propios ciudadanos asuman responsabilidades frente a esos derechos.

En ese proceso, sostuvo, se fue generando un escenario que finalmente desembocó en la reforma del régimen penal juvenil.

### El problema de la infraestructura

Uno de los principales puntos de preocupación planteados durante la entrevista fue la capacidad concreta del Estado para hacer frente a las nuevas obligaciones.

Ariznavarreta advirtió que no alcanza con establecer legalmente nuevas penas o mecanismos de intervención si las provincias y la Nación no cuentan con los dispositivos necesarios.

“El problema es dónde se ponen esos jóvenes”, explicó, al comparar la discusión con el debate que habitualmente se produce cuando se habla de aumentar las penas para adultos.

Pero aclaró que, en el caso de los adolescentes, el desafío es aún mayor, porque no se trata simplemente de construir lugares de alojamiento.

“Hay que ver qué dispositivos de tratamiento y de abordaje desarrollás”, sostuvo, señalando que se necesitan profesionales capacitados, equipos interdisciplinarios y mecanismos específicos de seguimiento.

Todo esto, agregó, demanda recursos económicos y tiempo de preparación.

### Una realidad diferente en Tierra del Fuego

Al analizar específicamente la situación de la provincia, Ariznavarreta marcó diferencias con los grandes centros urbanos del país.

Según explicó, buena parte de las modificaciones legislativas se discuten teniendo como referencia problemáticas propias del Área Metropolitana de Buenos Aires y otras grandes ciudades, pero esas realidades no necesariamente se replican en provincias pequeñas como Tierra del Fuego.

“Lo que ocurre en Buenos Aires, en el AMBA, debe ocurrir y sirve para el resto del país, y no es así”, sostuvo.

El abogado señaló que la legislación penal tiene alcance nacional, pero que su implementación debe contemplar las características de cada jurisdicción.

En ese sentido, consideró que Tierra del Fuego presenta una incidencia mucho menor de hechos cometidos por adolescentes que puedan derivar en situaciones de extrema gravedad.

Aclaró que esto no implica desconocer la existencia de delitos juveniles, sino ponerlos en su contexto.

Por ese motivo, estimó que el riesgo de que un adolescente de entre 14 y 18 años termine privado de su libertad será considerablemente menor en Tierra del Fuego que en los grandes centros urbanos.

### “La privación de la libertad es la última respuesta”

Uno de los aspectos positivos de la nueva legislación que destacó Ariznavarreta es que establece a la privación de la libertad como **última ratio**, es decir, como la última alternativa frente a un adolescente que entra en conflicto con la ley penal.

Antes del encierro, explicó, existen medidas alternativas para determinadas situaciones y delitos, siempre dependiendo de la gravedad y de la pena correspondiente.

Para el ex defensor, esta concepción resulta fundamental porque permite trabajar sobre el adolescente antes de que la respuesta estatal necesariamente termine siendo una pena privativa de la libertad.

En este sentido, sostuvo que el nuevo régimen debería ser interpretado como una herramienta que permita intervenir, contener y acompañar al joven, y no solamente como un mecanismo de castigo.

### La experiencia provincial

Ariznavarreta recordó además que Tierra del Fuego históricamente tuvo que resolver situaciones vinculadas con adolescentes sin contar con una infraestructura específica similar a la existente en otras provincias.

“En Tierra del Fuego no había dispositivos de alojamiento de menores habilitados como sí en otras provincias”, recordó.

Frente a situaciones en las que un menor debía ser separado de su entorno familiar, los operadores judiciales debían recurrir a los recursos disponibles y desarrollar mecanismos de trabajo conjunto entre distintas instituciones.

Incluso, en casos extremos, algunos adolescentes debieron ser trasladados a otras jurisdicciones.

Para Ariznavarreta, esa experiencia constituye actualmente una ventaja relativa para la provincia.

“Tierra del Fuego tiene una ventaja operativa con respecto a otras provincias, porque en ese sentido se las ha tenido que arreglar sola siempre”, afirmó.

### La figura del supervisor especializado

Otro de los aspectos destacados durante la entrevista fue la incorporación de la figura del **supervisor especializado**, encargado de realizar el seguimiento de los adolescentes alcanzados por las medidas previstas en la nueva normativa.

Ariznavarreta comparó esta figura con los oficiales de prueba que intervienen en otros procesos judiciales, como ocurre con determinados casos de probation.

El supervisor deberá contar con formación específica en áreas como educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones o trabajo social.

Para el ex defensor, se trata de una herramienta novedosa que puede resultar fundamental para evitar que el adolescente avance hacia situaciones de mayor gravedad.

La idea, explicó, es que exista una persona especializada que pueda acompañar, controlar y orientar al joven durante el proceso.

### “¿Cómo podés reinsertar a alguien que nunca estuvo insertado?”

Finalmente, Ariznavarreta puso el foco en una diferencia conceptual que considera especialmente importante: la nueva normativa habla de **inserción** y no solamente de reinserción.

“¿Cómo podés reinsertar a alguien que nunca estuvo insertado?”, planteó.

La pregunta apunta a una problemática que, según su mirada, excede ampliamente el ámbito judicial y requiere políticas sociales, educativas, familiares y de prevención.

En ese sentido, consideró que muchos adolescentes que llegan a involucrarse en situaciones penales necesitan primero ser incorporados a ámbitos educativos, sociales y comunitarios antes que pensar exclusivamente en una respuesta punitiva.

Para Ariznavarreta, la nueva legislación abre la posibilidad de trabajar en ese sentido mediante medidas alternativas, seguimiento profesional y dispositivos de acompañamiento.

“Tal vez el proceso penal no culmine con una pena, sino con medidas alternativas”, sostuvo.

De esta manera, el ex defensor planteó que el verdadero desafío de la nueva normativa será determinar **qué capacidad tendrá el Estado para acompañar y contener a los adolescentes**, y no solamente qué sanciones podrá aplicar.

En el caso de Tierra del Fuego, consideró que la menor incidencia de delitos graves protagonizados por adolescentes y la experiencia acumulada por los operadores judiciales permiten mirar la implementación con cierto optimismo, aunque advirtió que será necesario contar con profesionales capacitados y dispositivos adecuados para evitar que la privación de la libertad termine convirtiéndose en la respuesta automática.