El médico gastroenterólogo Carlos Mariño Camacho volvió a avanzar con las presentaciones realizadas por presuntas irregularidades en el funcionamiento del PAMI de Tierra del Fuego y amplió la denuncia con nuevos elementos que, según explicó, deben ser analizados por los organismos competentes.
En diálogo con FM Centro, el profesional señaló que las actuaciones forman parte de una investigación que viene desarrollando desde hace varios meses y que incluye cuestionamientos relacionados con órdenes médicas electrónicas, prestaciones que presuntamente habrían sido facturadas pese a no haberse realizado, ausencia de controles y posibles perjuicios económicos para la obra social.
Mariño Camacho recordó que inicialmente realizó presentaciones ante la Unidad Fiscal de Investigaciones del PAMI, además de recurrir a organismos de control como la Auditoría General de la Nación. Posteriormente, y ante la falta de respuestas que denunció, el planteo llegó al ámbito de la Justicia Federal.
Uno de los principales cuestionamientos del profesional está relacionado con la falta de respuesta que, según afirmó, recibió de las autoridades del PAMI frente a los pedidos de información realizados.
“Por mail no hemos tenido ninguna respuesta. Absolutamente nada”, sostuvo.
El médico consideró que las autoridades del organismo deberían haber activado los mecanismos internos correspondientes para brindar información y permitir que las actuaciones pudieran continuar por las vías administrativas y judiciales.
“Ellos, en teoría, deberían activar y darnos respuestas para nosotros poder seguir con los trámites legales”, manifestó.
Según explicó, las presentaciones se realizaron siguiendo lo que definió como el “órgano regular”: primero ante el PAMI, luego ante la UFI-PAMI y finalmente ante la Justicia Federal.
Sin embargo, ante la ausencia de respuestas concretas, decidió continuar aportando documentación y ampliar los planteos originales.
Entre los nuevos elementos incorporados a la denuncia aparecen referencias a prestaciones médicas que, según el profesional, habrían sido facturadas pese a que no se habrían concretado.
Mariño Camacho señaló que la investigación no estaría limitada a un único caso y que se encuentran trabajando sobre nueva documentación que podría ampliar el alcance de las denuncias.
“Esta es una parte, porque hay muchos más que la estamos elaborando”, advirtió.
En ese sentido, sostuvo que el análisis de la documentación podría permitir determinar con mayor precisión la magnitud del eventual perjuicio económico.
“La cifra se va a ampliar más cuando haya una investigación un poco más clara”, afirmó.
El profesional planteó que resulta necesario avanzar sobre la documentación y determinar qué prestaciones fueron efectivamente realizadas, cuáles fueron facturadas y qué controles se aplicaron en cada caso.
Otro de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con los mecanismos de auditoría y control.
Mariño Camacho consideró que la falta de auditoría preventiva habría permitido que determinadas situaciones no fueran detectadas oportunamente.
“Es el causante principal de todo esto. Es una falta de auditoría”, afirmó.
Para el médico, la investigación debe establecer si existieron omisiones en los controles y cuáles fueron las responsabilidades correspondientes dentro del circuito administrativo y médico.
La cuestión resulta especialmente relevante porque las órdenes médicas son generadas por profesionales y posteriormente intervienen las instituciones prestadoras, por lo que, según planteó, la investigación debería contemplar a todos los actores involucrados.
Mariño Camacho también confirmó que la ampliación incluye un nuevo servicio médico y referencias a prestaciones vinculadas con el área de neumología.
Según denunció, se habrían registrado prestaciones que no pudieron realizarse debido a la inexistencia del equipamiento necesario.
“Es una nueva denuncia con un nuevo servicio, prestaciones que no se realizaron nunca, porque no hay existencia de equipo”, sostuvo.
El planteo apunta a determinar cómo pudieron generarse y eventualmente facturarse órdenes correspondientes a prácticas que, de acuerdo con lo denunciado, no contaban con las condiciones materiales necesarias para ser realizadas.
El profesional aclaró que las instituciones prestadoras tienen responsabilidades dentro de los convenios con el PAMI, pero remarcó que las órdenes médicas son generadas por profesionales.
Por ese motivo, sostuvo que la investigación también debería determinar si existió alguna participación de médicos en las situaciones denunciadas.
“La orden la genera un médico. Por eso están implicados, están nombrados para que sean investigados ciertos médicos”, explicó.
De esta manera, la nueva presentación busca que la investigación no se limite exclusivamente al funcionamiento administrativo de las instituciones prestadoras, sino que permita reconstruir todo el circuito de las prestaciones, desde la generación de las órdenes hasta su autorización, realización, auditoría y eventual facturación.
Mariño Camacho aseguró que continuará aportando documentación y ampliando las presentaciones a medida que surjan nuevos elementos.
El profesional sostuvo que las situaciones denunciadas podrían abarcar un período extenso y que será la investigación judicial la que deberá establecer si efectivamente existieron irregularidades, quiénes fueron los responsables y cuál habría sido el eventual perjuicio económico ocasionado.
La nueva presentación vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del PAMI en Tierra del Fuego y plantea interrogantes sobre los mecanismos de auditoría y control de las prestaciones médicas.
Ahora, el objetivo del denunciante es que la Justicia Federal y los organismos correspondientes avancen con el análisis de la documentación presentada y determinen si existieron prestaciones no realizadas, facturación irregular, falta de controles u otras responsabilidades dentro del sistema.
Hasta tanto se produzcan avances judiciales, los hechos denunciados revisten carácter de presuntos y deberán ser corroborados mediante la investigación correspondiente.