La Justicia Federal explicó el alcance de la medida cautelar sobre la explotación petrolera en Malvinas

En diálogo con FM Del Pueblo, el secretario del Juzgado Federal de Río Grande, Juan Vicente, se refirió a la medida cautelar dictada por la jueza federal Mariel Borruto en relación con el proyecto de explotación petrolera en las Islas Malvinas y explicó cuáles son los pasos que deberán seguirse para intentar hacer efectiva la resolución.

Vicente comenzó por contextualizar la decisión y sostuvo que, aunque la resolución tuvo una importante repercusión a nivel nacional, para el Juzgado Federal de Río Grande el tratamiento de cuestiones vinculadas con Malvinas forma parte de su competencia habitual.

“Para nosotros no es extraordinario, es nuestra competencia sobre las Islas, que la hemos reconocido siempre”, explicó. En ese sentido, recordó que el juzgado viene interviniendo desde hace tiempo en causas relacionadas con las Islas Malvinas.

Una causa de carácter ambiental

El funcionario judicial aclaró que el expediente no se desarrolla en el ámbito penal, sino que corresponde a una demanda de naturaleza civil vinculada con cuestiones ambientales.

Según explicó, lo que se encuentra bajo análisis es la posible realización de actividades de extracción de hidrocarburos que podrían generar un daño ambiental. La medida cautelar busca impedir que ese eventual daño se produzca mientras se analiza la cuestión de fondo.

“Lo que se busca es, primero de todo, cuestionar las autorizaciones que cuentan estas empresas y, por otro lado, impedir el desarrollo de esa explotación para que el daño no se produzca hasta que se resuelva el fondo de la cuestión”, señaló.

Vicente explicó que uno de los planteos centrales de la demanda está relacionado con la ausencia de autorizaciones argentinas para la actividad y con la posibilidad de que un eventual pasivo ambiental recaiga sobre el territorio y los recursos argentinos, mientras que los beneficios económicos de la explotación quedarían fuera del país.

“En este caso lo que se plantea en la causa es que esas empresas no tuvieron autorización argentina para hacerlo, no van a tener ningún beneficio en nuestro país y no hicieron un estudio de impacto ambiental”, indicó.

La prevención como eje de la resolución

El secretario del Juzgado Federal destacó que uno de los principios fundamentales del derecho ambiental es la prevención. En ese sentido, remarcó que no es necesario esperar a que se concrete un daño para que la Justicia pueda intervenir.

“La decisión de la jueza está basada más que nada en impedir un daño ambiental antes de que se produzca”, explicó durante la entrevista.

Vicente también señaló que la Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994, reconoce derechos de carácter colectivo, entre ellos el derecho a un ambiente sano.

“En el caso de los derechos ambientales los tenemos todos por igual”, sostuvo, y explicó que por esa característica las organizaciones que impulsaron la acción judicial debieron acreditar su legitimación para representar intereses colectivos.

El desafío de notificar a las empresas

Uno de los principales interrogantes planteados durante la entrevista estuvo relacionado con la posibilidad concreta de que la resolución judicial sea comunicada a las empresas que desarrollan sus actividades bajo autorización de las autoridades británicas de las Islas.

Vicente explicó que no existe una jurisdicción judicial universal que permita imponer automáticamente una resolución argentina sobre otro Estado soberano.

“Al no existir una jurisdicción universal, necesitamos comunicar esta decisión a los demandantes que tienen sus domicilios fuera de nuestro país”, detalló.

En este punto, señaló que será necesaria la intervención de la Cancillería argentina, dado que se trata de empresas radicadas fuera del territorio nacional y de una situación atravesada por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.

“Necesitamos de la colaboración de la Cancillería, que es quien representa al Estado Nacional”, explicó.

El funcionario evitó anticipar cuál será el mecanismo concreto que utilizará el Gobierno argentino para realizar las notificaciones, pero indicó que existen distintas estrategias posibles.

La dimensión diplomática

Vicente diferenció claramente el alcance de la decisión judicial de las acciones que deberán desarrollarse posteriormente en el plano internacional.

“Después, por supuesto, esto ya excede la cuestión judicial, porque ya se trata de una cuestión de diplomacia”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que uno de los objetivos será lograr que otros Estados y la comunidad internacional reconozcan la posición argentina y la existencia de la resolución judicial.

Según planteó, una eventual adhesión internacional podría generar consecuencias para las empresas involucradas, particularmente si desarrollan actividades o buscan operar en otras jurisdicciones.

“Si la comunidad internacional en su conjunto reconoce el reclamo del Estado argentino, reconoce esta orden, a esas empresas por ahí no les convenga tanto llevar adelante esta explotación porque podrían enfrentarse a otras acciones y a otras jurisdicciones”, manifestó.

El rol de las organizaciones y los municipios

Durante la entrevista también se abordó la participación de organizaciones ambientales y del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) La Plata en el proceso judicial.

Vicente explicó que los planteos se encuentran vinculados con la existencia de un posible daño ambiental, la falta de autorización argentina y la legitimidad de la actividad que se pretende desarrollar.

Además, se refirió a la presentación realizada por el Municipio de Río Grande para intervenir en el expediente. Al respecto, aclaró que todavía no existe una resolución definitiva sobre esa solicitud.

“De momento no se ha resuelto nada sobre esa presentación”, indicó.

Explicó que previamente deberá analizarse la posibilidad de que el Municipio sea incorporado al proceso y que las partes se expidan al respecto. En caso de ser admitido, su intervención permitiría participar formalmente en el expediente, ofrecer pruebas y controlar su producción.

Una causa que trasciende lo judicial

Finalmente, Juan Vicente remarcó que el futuro de la medida cautelar no dependerá únicamente de las actuaciones dentro del Juzgado Federal de Río Grande, sino también de las gestiones que se desarrollen en el ámbito diplomático.

La resolución busca evitar preventivamente un eventual daño ambiental derivado de la explotación de hidrocarburos, mientras continúa el análisis de fondo de la controversia.

En ese marco, la notificación a las empresas y las gestiones que pueda realizar el Estado argentino ante otros países y organismos internacionales aparecen como los próximos pasos para intentar que la decisión judicial tenga efectos más allá del territorio nacional.