por Redacción Del Pueblo
En diálogo con FM Del Pueblo, Dachary valoró especialmente la acción impulsada por el Centro de Veteranos de Guerra y organizaciones de abogados ambientalistas, al señalar que permite avanzar sobre una de las consecuencias derivadas de la ocupación británica de las Islas: la explotación de los recursos naturales.
“Es muy positivo, sobre todo por la seriedad que se le da a este recurso”, sostuvo el funcionario, quien remarcó que la cuestión ambiental constituye una condición necesaria, aunque no suficiente, para impedir la actividad hidrocarburífera vinculada con Malvinas.
En ese sentido, explicó que, además de las cuestiones ambientales, existen otras autorizaciones que deberían estar contempladas y que, según su análisis, no fueron emitidas. Por ello, consideró que la resolución judicial debería complementarse con acciones en otros ámbitos.
Dachary puso especial atención en los pasos que deberá dar la Cancillería argentina a partir de la resolución judicial. Explicó que la decisión deberá ser notificada a las empresas involucradas y a las jurisdicciones correspondientes, de acuerdo con los domicilios legales de esas compañías.
Según detalló, ese proceso podría involucrar a tribunales de distintos países, debido a que las empresas tienen sus domicilios constituidos fuera de la Argentina. Para el funcionario fueguino, este escenario pondrá a prueba la posición que adopten esos Estados frente al reclamo argentino.
“Ahora la Cancillería tiene que tomar cartas en el asunto”, sostuvo Dachary, al remarcar que la intervención del organismo nacional en este procedimiento no sería optativa, sino parte del proceso judicial.
Durante la entrevista también se refirió a la participación de empresas que brindan servicios a embarcaciones y actividades vinculadas con Malvinas. En particular, cuestionó la situación de Starlink y planteó la necesidad de revisar la relación entre las sanciones anunciadas contra empresas que intervienen en la explotación de recursos y las compañías que continúan prestando servicios logísticos o de comunicaciones.
“Si querés cortar verdaderamente con esa situación, vas a tener que decidir: ¿trabajás en Malvinas o trabajás en el resto de la Argentina?”, planteó.
Dachary señaló además que existen organismos nacionales con capacidad regulatoria sobre esas actividades y consideró que el debate debería extenderse a otras normas vinculadas con las inversiones extranjeras.
En ese marco, mencionó la legislación de protección de inversiones y sostuvo que debería revisarse particularmente el tratamiento de las inversiones de origen británico y los mecanismos previstos para resolver eventuales controversias.
Para el secretario fueguino, una de las particularidades del actual escenario es la centralidad que el tema Malvinas volvió a adquirir en la agenda nacional.
“Hace muchísimo tiempo que Malvinas no tenía la centralidad que este tema está teniendo”, afirmó.
Dachary sostuvo que esta mayor atención debería traducirse en una política de Estado sostenida y no limitarse a anuncios o posicionamientos coyunturales.
En ese sentido, consideró que la defensa de la soberanía debería estar acompañada por decisiones concretas en materia diplomática, económica, jurídica e internacional.
También cuestionó que determinadas decisiones del Gobierno nacional puedan estar vinculadas a declaraciones o posiciones de otros líderes internacionales. En particular, se refirió a declaraciones de Donald Trump y sostuvo que la política exterior argentina respecto de Malvinas debería responder a una estrategia propia y permanente.
Otro de los puntos abordados fue el radar instalado en Tierra del Fuego y las críticas que desde distintos sectores se formularon respecto de la infraestructura.
Dachary marcó una diferencia entre esa situación y la actividad de empresas que brindan servicios en Malvinas. Según explicó, mientras la instalación del radar contó con autorizaciones del Estado nacional, no ocurrió lo mismo con una autorización específica de ENACOM para que Starlink opere en las Islas.
El funcionario también recordó que, de acuerdo con declaraciones del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el radar había sido considerado una amenaza para la seguridad nacional.
“Por más que nos duela una decisión del Gobierno nacional, hacerlo fue un ejercicio de soberanía. El problema es cuando vos no decidís”, sostuvo.
Dachary planteó así la necesidad de revisar las decisiones que, según su interpretación, puedan facilitar directa o indirectamente la presencia británica en el Atlántico Sur.
Otro tramo de la entrevista estuvo dedicado a la situación interna del Reino Unido y los procesos políticos vinculados con Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
Dachary señaló que el conflicto argentino por Malvinas tiene como contraparte al Reino Unido y no exclusivamente a Inglaterra, por tratarse de un Estado integrado por distintos países.
En ese contexto, consideró que los procesos independentistas y las tensiones internas dentro del Reino Unido pueden generar un escenario que la Argentina debería analizar desde su política exterior.
El funcionario sostuvo que una eventual modificación de la estructura política británica podría tener consecuencias económicas, territoriales y también estratégicas, y recordó la importancia que tiene Escocia dentro de la estructura militar británica.
También destacó que la cuestión de la autodeterminación ocupa un lugar central en el argumento británico respecto de Malvinas y planteó que la Argentina debería analizar cómo podrían impactar los cambios políticos internos del Reino Unido sobre ese debate.
Dachary también reclamó cambios en la estrategia diplomática argentina. Entre otras cuestiones, planteó revisar el ámbito desde el cual el país lleva adelante su reclamo por la soberanía de las Islas y mencionó la necesidad de fortalecer la presencia argentina en organismos multilaterales.
“Si tu objetivo máximo va a ser la recuperación de la integridad territorial, cualquier otra cosa debería estar debajo de eso”, afirmó.
Para el funcionario, una política de Estado sobre Malvinas requiere coherencia entre las decisiones internas, la política exterior, la defensa, la actividad económica y las relaciones internacionales.
Finalmente, consideró que el actual contexto puede representar una oportunidad para volver a colocar la cuestión Malvinas en el centro del debate nacional, pero advirtió que ese proceso debería traducirse en acciones concretas y sostenidas en el tiempo.
“Es un gran avance de lo judicial, pero tiene que ser apuntalado con una verdadera política de Estado”, concluyó.