El exministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, prestó declaración ante la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura de Tierra del Fuego que analiza las actuaciones vinculadas con la instalación y posterior situación del radar de la empresa LeoLabs en la localidad de Tolhuin.
La audiencia se desarrolló en la Casa de Tierra del Fuego, en la Ciudad de Buenos Aires, y tuvo como objetivo avanzar en la reconstrucción de los hechos y determinar las actuaciones y responsabilidades que correspondieron a funcionarios nacionales y provinciales durante el proceso.
Tras la declaración, la legisladora Natalia Gracianía (LLA) explicó que uno de los principales puntos abordados estuvo relacionado con las facultades legales que tenía cada jurisdicción para disponer el desmantelamiento del equipamiento.
Según señaló Gracianía, Taiana sostuvo durante su exposición que el Ministerio de Defensa no tenía atribuciones legales para ordenar por sí mismo el desarme del radar, mientras que la Provincia de Tierra del Fuego sí habría contado con herramientas jurídicas para disponer esa medida.
Durante la audiencia también se abordó el momento en que las autoridades nacionales tomaron conocimiento de la instalación del equipamiento. De acuerdo con lo expuesto ante la comisión, posteriormente comenzaron a surgir cuestionamientos y advertencias vinculados con las características y posibles funciones del radar.
Uno de los aspectos que generó especial atención fue la posibilidad de que el equipamiento tuviera una función dual, es decir, capacidades que pudieran ser utilizadas tanto con fines civiles como militares.
Ante esas dudas, el entonces Ministerio de Defensa solicitó informes técnicos a organismos especializados, entre ellos la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y INVAP. Los análisis realizados aportaron elementos que posteriormente fueron considerados en el proceso que derivó en el pedido de cancelación de la autorización para el funcionamiento del radar.
Otro de los puntos analizados durante la declaración estuvo relacionado con las comunicaciones mantenidas entre funcionarios nacionales y autoridades de Tierra del Fuego.
De acuerdo con la información brindada por la Comisión Investigadora, Taiana confirmó que existieron intercambios entre ambas jurisdicciones y sostuvo que desde Nación se había planteado que la Provincia contaba con las herramientas legales necesarias para avanzar con el desmantelamiento.
La cuestión resulta central para la investigación legislativa, ya que la comisión busca determinar qué decisiones fueron adoptadas, qué organismos intervinieron y cuáles eran las competencias de cada nivel del Estado frente a la instalación del radar en Tolhuin.
En este sentido, Gracianía señaló que el objetivo del trabajo parlamentario es reconstruir el conjunto de los hechos y establecer la participación de funcionarios nacionales y provinciales.
La comisión continuará con la ronda de testimonios durante las próximas semanas. Entre las declaraciones previstas se encuentra la del teniente general Martín Paleo, quien se desempeñó como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Parte de las actuaciones fueron trasladadas a Buenos Aires luego de que exfuncionarios nacionales solicitaran prestar declaración en esa ciudad.
De la reunión participaron el presidente de la comisión, Pablo Villegas (MPF); Matías Lapadula (Provincia Grande), Natalia Gracianía (LLA) y Gisela Dos Santos (ST). También estuvieron presentes representantes del Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia.
De manera remota participaron los legisladores Laura Colazo (PV), Federico Greve y Federico Sciurano (FORJA).
La investigación legislativa continuará ahora con nuevas testimoniales y documentación, mientras la comisión busca establecer cómo se desarrolló el proceso que terminó con el cuestionado radar instalado en Tolhuin y qué responsabilidades correspondieron a los distintos actores involucrados.