Iglesias afirmó que “en un año perdimos el 30%” y denunció desinterés político ante la crisis de Río Grande

 El comercio de Río Grande atraviesa una crisis que ya dejó de expresarse únicamente en estadísticas de consumo para hacerse visible en persianas bajas, negocios que desaparecen, problemas para sostener puestos de trabajo y comerciantes que acumulan deudas antes de llegar al cierre definitivo.
Así lo planteó el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis “Gigi” Iglesias, quien en diálogo con el programa Buscando el Equilibrio, por Radio Provincia, describió un panorama severo para el sector privado y advirtió que la situación de la ciudad es actualmente más delicada que la que atraviesa Ushuaia.
“Comparativamente, los comerciantes de Río Grande observamos que están en un paraíso en Ushuaia”, graficó Iglesias, al marcar las diferencias entre ambas ciudades.
Según explicó, la capital provincial cuenta con el “movimiento de la calle San Martín y con una actividad turística que, pese a las dificultades generales, logró sostenerse respecto de temporadas anteriores”.
En Río Grande, en cambio, el deterioro se “profundizó” e Iglesias señaló que “la demanda se encuentra varios puntos por debajo de Ushuaia y que el retroceso comercial acumulado ya alcanzó niveles preocupantes”.
La evidencia más visible está en los locales vacíos, negocios que durante años parecían consolidados terminaron cerrando sus puertas, aunque Iglesias evitó establecer una cifra puntual sobre la cantidad de comercios desaparecidos porque, remarcó, detrás de “cada cierre existe un proceso económico y humano mucho más profundo”.
Antes de bajar definitivamente la persiana, explicó, generalmente aparece una “sucesión de dificultades como son atrasos en alquileres, servicios, gas, proveedores, obligaciones fiscales y problemas para mantener la planta de trabajadores, entonces, cuando vos ves que la persona cerró, antes de eso hubo varios pasos previos”, señaló.
En ese contexto, puso especialmente el foco en la situación del comercio formal, que debe enfrentar simultáneamente obligaciones “tributarias, laborales y sociales mientras sus ingresos continúan deteriorándose”.
“La caída de facturación está en el orden de casi un 20% real comparado con el año pasado”, aseguró Iglesias.
Para el dirigente empresario, esa contracción termina impactando inevitablemente sobre la “capacidad de los establecimientos para mantener su estructura y sus trabajadores”.

“Cualquier comercio que se cierre es una experiencia fallida”

Iglesias también cuestionó la mirada que, a su entender, existe sobre el empresario o comerciante que intenta mantenerse dentro de la formalidad. Consideró que “muchas veces no se dimensiona el esfuerzo necesario para conservar abierto un negocio en medio de una fuerte caída de ingresos”.
Sostuvo que “quien continúa pagando salarios, impuestos, servicios y proveedores, incluso recurriendo a moratorias para sostenerse, realiza un esfuerzo que pocas veces encuentra reconocimiento, por lo cual, cualquier comercio que se cierre es una experiencia fallida en la sociedad”, resumió.
La crisis, además, se desarrolla en medio de una transformación profunda de los hábitos de consumo, el crecimiento de las compras mediante aplicaciones, la competencia de productos provenientes del continente o del exterior y un escenario económico que, según Iglesias, “obliga permanentemente a los comerciantes a adaptarse”.
Desde la Cámara, explicó, “buscan acompañar a quienes atraviesan dificultades mediante gestiones, herramientas financieras y alternativas que permitan morigerar el daño”.
Sin embargo, reconoció que “el margen de acción institucional es limitado frente a una economía que perdió fuentes de empleo y no generó actividades capaces de reemplazarlas”.
Como ejemplo mencionó la salida de industrias y la consecuente pérdida de puestos laborales, para lo cual, sostuvo que “se fue la fábrica, yo, a menos que venga otra fábrica, la sustitución de esa mano de obra ocupada, ya sea por la obra pública o por la que sea, no está”, afirmó.
Para Iglesias, ese es uno de los problemas centrales de Río Grande, donde “la pérdida de empleo privado termina repercutiendo directamente sobre el consumo y, por extensión, sobre el comercio”.

Embargos, deudas y pérdida del crédito

Otro de los puntos de preocupación está relacionado con las deudas fiscales y los embargos. Iglesias confirmó que “mantiene gestiones a nivel nacional por los procedimientos impulsados por ARCA y advirtió que un embargo no solamente inmoviliza recursos, sino que puede terminar deteriorando por completo la situación financiera de un establecimiento”.
Según explicó, cuando se bloquean fondos provenientes de cobros o tarjetas, también “queda afectada la capacidad crediticia del comerciante”.
De esa manera, una “dificultad tributaria puede transformarse en un problema mucho mayor para una empresa que ya trabaja con una fuerte caída de ingresos, todo esto produce un desahucio, un desgaste”, describió.
Asimismo, dijo que “la Cámara intenta intervenir antes de que el deterioro sea irreversible, gestionando refinanciaciones, líneas bancarias o mecanismos que permitan sostener la actividad”.
Iglesias lo sintetizó con una metáfora contundente al señalar que “una vez que un comercio se murió comercialmente hablando, es imposible rescatarlo”.
Por eso reclamó actuar mientras todavía exista margen para sostenerlo, señalando que “por lo menos dejame la terapia intensiva”.

“Siempre la culpa es del otro”

El titular de la Cámara también dirigió fuertes cuestionamientos hacia la dirigencia política y la ausencia de una planificación económica de largo plazo.
Afirmó que “frente a los reclamos del sector privado las responsabilidades suelen trasladarse de un nivel del Estado a otro sin que finalmente aparezcan respuestas concretas”.
“Siempre la culpa es del otro”, cuestionó Iglesias, quien reclamó dejar atrás esa discusión para avanzar sobre una pregunta que considera mucho más importante: “¿Cuál es nuestro modelo de provincia posible con las circunstancias que tenemos?”.

Críticas a la elaboración del Presupuesto provincial

En ese sentido, también cuestionó la elaboración del Presupuesto provincial, al que consideró que “las proyecciones presupuestarias deberían tener mayor relación con las posibilidades reales de la economía fueguina y reclamó discutir qué estructura provincial puede sostenerse con los recursos disponibles”.
“No pensemos por culpar a este o al otro, sino, a ver, con lo que hay, ¿qué pensás hacer?”, planteó.
Iglesias profundizó sus críticas al señalar que “observa una distancia creciente entre los problemas cotidianos de la actividad privada y las respuestas institucionales”.
“La realidad es que cada vez menos, o sea, cada vez se reparte menos y parece que cada vez se miente más”, lanzó, cuestionando lo que considera discusiones políticas alejadas de las dificultades concretas que atraviesan comerciantes y trabajadores.

Río Grande perdió alrededor del 30% de sus ventas

Uno de los datos más contundentes aportados durante la entrevista estuvo relacionado con el retroceso de la actividad comercial de la ciudad.
“Nosotros en un año perdimos el 30%, por ejemplo, toda la ciudad de Río Grande”, afirmó Iglesias, al comparar el nivel de ventas con el año anterior.
El dato se suma a la caída real cercana al 20% que mencionó al “referirse a la facturación de los establecimientos y configura un escenario especialmente delicado para negocios que deben continuar afrontando costos fijos, salarios, alquileres, servicios e impuestos”.
Por ese motivo, Iglesias cuestionó cualquier intento de incrementar la presión tributaria sobre empresas y comercios en las actuales condiciones económicas.
También remarcó la falta de obra pública como otro elemento que repercute sobre la economía riograndense. Sin ese movimiento y con menor actividad industrial, la circulación de recursos se reduce y el impacto termina trasladándose al consumo.
“Particularmente me interesa Río Grande”, aclaró Iglesias, al remarcar que la responsabilidad primaria de la institución que conduce está puesta en defender a los comerciantes de la ciudad.
Desde esa perspectiva, insistió en la necesidad de trabajar con entidades financieras para obtener líneas de crédito y refinanciaciones antes de que los establecimientos lleguen a un punto de no retorno.

“¿Cuáles son los que tendríamos que cuidar?”

Iglesias reclamó que “las políticas públicas contemplen el aporte que realiza el comercio formal al empleo y al sistema previsional”.
Como ejemplo, comparó distintos esquemas de asistencia y señaló que “un comercio con cinco empleados realiza aportes equivalentes al sostenimiento de una jubilación”.
“¿Cuáles son los que tendríamos que cuidar? A los empleados nuestros, a los comercios que tienen empleados”, planteó.
El dirigente empresario extendió el mismo razonamiento hacia otros sectores privados, entre ellos los emprendimientos turísticos, que “enfrentan costos elevados para mantener sus actividades y al mismo tiempo generan puestos laborales”.
Su planteo apunta a que el “Estado priorice la preservación de las unidades productivas y comerciales existentes, especialmente aquellas que mantienen empleo registrado, antes de que la crisis las obligue a reducir personal o directamente cerrar”.

Del reclamo por protección a la denuncia de “desinterés”

Sobre el final, Iglesias fue consultado directamente sobre si considera que existe una desprotección del comercio por parte de la dirigencia política y su respuesta fue todavía más dura al sostener que “no, es un desinterés”, afirmó.
Según el titular de la Cámara, mientras el “comercio formal está sometido a controles, regulaciones, impuestos y obligaciones permanentes, existen otras actividades que comercializan productos sin afrontar las mismas exigencias”.
Iglesias aseguró que “recibe reclamos constantes de comerciantes por ventas realizadas fuera de los canales tradicionales y cuestionó la falta de fiscalización”.
Mencionó incluso la “comercialización de juguetes que pueden representar riesgos para los consumidores” y reclamó una “autoridad de aplicación capaz de controlar esas situaciones”.
“Nadie controla”, sostuvo, antes de marcar la contradicción que, a su entender, enfrenta el sector registrado, señalando que “los controles aparecen con rigor sobre quienes poseen un negocio habilitado, pero no necesariamente sobre quienes comercializan fuera de ese circuito, los infractores siempre están en el comercio legal y habilitado”, ironizó.
El diagnóstico de Iglesias dejó así planteado un escenario en el que la caída del consumo y de las ventas se combina con cierres, endeudamiento, embargos, pérdida de empleo y dificultades para acceder al crédito. Frente a esa realidad, el presidente de la Cámara de Comercio reclamó dejar de cargar nuevas obligaciones sobre quienes todavía sostienen negocios y puestos laborales, reforzar los controles sobre la actividad informal y avanzar con políticas concretas que permitan preservar al sector privado de Río Grande antes de que más comercios lleguen a un punto sin retorno.